Cádiz no pondrá límites al precio del alquiler de viviendas

La situación de la vivienda en Cádiz permanecerá invariable en lo que a su regulación se refiere. Algunas de las medidas que desde hace meses vienen reclamando algunos sectores o partidos políticos no se pondrán en marcha, por lo que los caminos planteados para facilitar el acceso a la vivienda no serán explorados.

En concreto, son dos las principales propuestas que vienen lanzándose para regular el mercado de vivienda y frenar un problema que cada vez es más grave y extendido en la capital gaditana. En primer lugar, no habrá en Cádiz zona tensionada de vivienda, una fórmula que recoge la ley estatal de vivienda del pasado año y que abriría la puerta al establecimiento de una serie de condiciones o limitaciones destinadas a mejorar la oferta de alquiler.

De alguna forma vinculado a lo anterior, tampoco se aplicará en Cádiz límite alguno al precio de los alquileres, como también han planteado colectivos y partidos políticos y como permitirá la declaración de zona tensionada de viviendas. Limitaciones que obligarían a los propietarios a mantener el precio del alquiler a los nuevos inquilinos, o a incrementarlo un 10% siempre que realicen obras de mejoras en la vivienda, entre otras medidas; y que considera gran tenedor de vivienda al que tenga en propiedad cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial, frente a los 10 inmuebles del resto de zonas.

Una decisión de la Junta

Este rechazo a aplicar medidas en favor del acceso a la vivienda que recoge la ley estatal de vivienda se localiza en el gobierno andaluz, que ha descartado ya aplicar esos planteamientos que la nueva normativa deja a criterio de las autonomías. Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno, Carolina España, quien defiende que se trata de medidas que no han resuelto los problemas de acceso a la vivienda en los lugares donde se han aplicado. 

En lugar de aplicar las medidas que permite la ley estatal, en la Junta apuestan por la nueva legislación andaluza que están tramitando en la actualidad y que tendría como objetivo construir viviendas de calidad a precio asequible. En esta línea, el anteproyecto de ley establece áreas prioritarias de vivienda en zonas de difícil acceso y un plan de choque de cinco años con el objetivo de construir 20.000 viviendas VPO, que se podrán construir en suelos destinados a usos terciarios, a usos turísticos y a espacios dotacionales privados, sin necesidad de modificar el planteamiento urbanístico.

Esta medida podría variar el rumbo de diferentes solares y equipamientos en desuso que acumulan años de abandono y de falta de actividad en la ciudad, los cuales podrían ser objeto de nuevas promociones de vivienda protegida si definitivamente esta normativa andaluza llega a entrar en vigor.

En estos suelos se permitirá, además, un incremento del 20% de las viviendas previstas. Además, en los suelos residenciales que se edifiquen viviendas protegidas se podrá aumentar un 10% la edificabilidad.