Cádiz y los pisos turísticos: De la vanguardia, a la retaguardia

Cádiz/Cuando en septiembre de 2022 en el Ayuntamiento de Cádiz se aprobaba una modificación del plan urbanístico de la ciudad para poner freno a la proliferación de las viviendas turísticas, José María González, alcalde entonces, y Martín Vila, su concejal de Urbanismo, recibieron críticas feroces desde la oposición, no pocos titulares que incluían la palabra turismofobia y hasta la invitación a defender en los tribunales esta decisión. Y es que, en el contexto andaluz, Cádiz se ponía a la vanguardia de la regulación de los pisos turísticos, y eso de abrir camino nunca resulta fácil. De hecho, dos años –recordemos que desde julio 2020 lo venían peleando– le llevó a aquel equipo de Gobierno lograr sacar adelante el empeño y, una vez logrado, dos años más tardó la Junta en sacar por fin su decreto en la materia. Hoy, desde un Consistorio con Bruno García al frente, no es que se haya dejado de trabajar en esa senda pero, quizás, Cádiz ya no lidera la búsqueda de medidas innovadoras para hacer frente al problema de la convivencia entre vivienda de residentes y de uso turístico optando por pasos más tímidos y cautos como los publicados en el bando del pasado julio. 

Es más, desde otras ciudades andaluzas cuyos centros históricos también se encuentran colmatados por esta modalidad de alojamiento, se está hablando con la voz de la municipalidad, no sabemos si con más eficacia, pero sí de forma más alta y más clara. Primero fue Málaga, con la prohibición de las viviendas turísticas que no tuvieran una entrada y servicios independientes y el anuncio de un estudio de zonificación por barrios; y hace un par de semanas otro alcalde también del Partido Popular, el primer edil de Sevilla, sorprendía con una batería de medidas que aplicará el Consistorio hispalense, entre ellas, el corte de agua a las viviendas turísticas en situación irregular.  

“Yo siempre digo que lo que hace cada uno en su ciudad es fruto del conocimiento y de la información que se tiene en cada ciudad, por tanto, yo no pretendo, como formal general, aplicar lo que se hace en una ciudad sin previamente estudiar cómo esa medida impactaría en la mía. Estamos en Cádiz y desde Cádiz tomamos las decisiones”, respondía esta misma semana Bruno García a la pregunta de si vería viable aplicar en la ciudad la determinación de su homólogo hispalense. 

El regidor gaditano, digamos, tiene sus propias recetas, las publicadas en un bando del 12 de julio (recordemos que un bando carece de valor normativo) y anunciadas en el último debate del Estado de la Ciudad. Concretamente tres medidas referentes a la creación de un buzón de denuncias ciudadanas sobre las viviendas en situación irregular; la puesta en marcha de una campaña de inspección, poniendo en conocimiento de la Junta los incumplimientos,e iniciar expedientes sancionadores (con multas de 3.000 a 29.999 euros); y la coordinación con la Junta la inadmisión de nuevas inscripciones de viviendas de uso turístico en el casco histórico, impidiendo la presentación de la Declaración Responsable necesaria para dar el alta de nuevos pisos turísticos. 

Bien. La primera medida recae sobre los vecinos; la segunda, requiere de inspectores municipales en materia turística,una figura, que sepamos a día de hoy, inexistente en el Ayuntamiento de Cádiz; y la tercera, viene también a  confiar en la voluntad del Gobierno andaluz de frenar el proceso desde el inicio, ya que las vivendas turísticas en el casco histórico son ilegales desde octubre de 2022. 

Con todo, Bruno García insiste en que el Ayuntamiento de Cádiz “va a ser muy restrictivo con las viviendas turísticas en todos los caminos que vaya viendo a través del tiempo”. Así, incluso asegura que van “a estudiar” fórmulas “para serlo todavía más”.

El corte del suministro del agua en las viviendas ilegales, no, desde luego, pero sí, recuerda el regidor gaditano, que en Cádiz se están estudiando medidas relacionadas con el agua como “cambiar la tarifa de las viviendas turísticas a tarifa comercial-industrial, por tanto pagarán más”, explica la idea que actualmente está barajando junto a Aguas de Cádiz. 

Eso sí, advierte el primer edil, cualquier fórmula que se ponga en marcha estará bajo la premisa “del término de seguridad jurídica”.” Yo no puedo decir voy a eliminar de repente las viviendas turísticas porque hay unos derechos adquiridos, cada paso que damos tiene que ser sólido”.

Por ahora, nada de implantar medidas que pide la oposición como insistirle a la Junta en la tasa turística o utilizar las ordenanzas fiscales como el IBI o la tasa de basura para penalizar el uso turístico de una vivienda e incrementar la recaudación municipal. 

Cautela y coordinación con el Gobierno andaluz parecen ser las guías del alcalde que opta por la seguridad que ofrece la retaguardia al riesgo que implica la vanguardia en esta encrucijada, nada fácil de resolver (cierto es), en la que nos coloca la proliferación de los pisos turísticos. 

51 denuncias registradas en el buzón en poco más de un mes

Una de las medidas anunciadas en el último debate del Estado de la Ciudad y publicada en un bando municipal a mediados de julio, la creación de un buzón de denuncias, ya está en marcha y con cierto éxito.

Así, según confirman fuentes municipales, en poco más de un mes son 51 las denuncias que se han depositado a través de este instrumento (denunciaspisosturísticos@cadiz.es). Sin embargo, muchas de estas reclamaciones son simplemente enlaces de anuncios en redes sociales de alquileres de viviendas turísticas donde no constan los domicilios exactos. “Si, efectivamente, aparecen los domicilios, se inspecciona, se verifica si cumplen o no con la ordenanza y, de no ser así, se comunica a la Junta de Andalucía para que proceda a darlas de baja”, explican desde el Consistorio gaditano, recordando que esa competencia corresponde al Gobierno andaluz.

Hay que recordar que, según recoge el buscador de establecimientos y servicios turísticos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía (Open RTA), a día de hoy en Cádiz capital existen 2.509 viviendas de uso turístico registradas, lo que significa 11.971 plazas.