Cádiz se resiste a cumplir con la nueva tasa de basura estatal el 10 de abril

Cádiz/A los conflictos eternos que el Ayuntamiento de Cádiz mantiene y ha mantenido con la actual y con las anteriores concesionarias del servicio de recogida de basura y de limpieza viaria y al permanente retraso de la ciudad en cumplir con toda la nueva normativa ambiental se suma ahora otro más complejo. Se trata de un problema de carácter fiscal, aunque tiene otras muchas aristas técnicas, que implicarán de lleno a la concesionaria, y de cambio de hábitos, que atañen al ciudadano. Un asunto fiscal derivado de una nueva ley estatal que es transposición de una normativa europea y que, obviamente, es de obligado cumplimiento.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que así se llama, impone a todos los ayuntamientos que establezcan una nueva tasa de basura que habrán de pagar los ciudadanos, antes del próximo 10 de abril. Los municipios han tenido tres años para diseñar cómo será, pero a día de hoy, en Andalucía, solo tres capitales han hecho sus deberes: Granada, Córdoba y Jaén.

Se trata de un nuevo impuesto que introduce por primera vez el pago por generación de residuos y que pretende incentivar entre los ciudadanos la separación en origen de los residuos reciclables y la reducción de los residuos mezclados. La ley plantea esta nueva tasa como “una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación”. No deficitaria quiere decir exactamente que deberá cubrir todos y cada unos de los costes del servicio. Es decir, que el ciudadano tendrá que pagar la parte íntegra que le corresponda en función de su volumen de generación y de su capacidad de reciclaje. Desde lo que cueste la recogida selectiva y el transporte hasta el tratamiento diferenciado de esos residuos. Tal y como la plantea Europa y, por tanto, el Gobierno de la Nación, la tasa no puede pagarla el Ayuntamiento ni ninguna otra institución. Se trata, ni más ni menos, que de la aplicación literal, directa y proporcional del principio de “quien contamina, paga”. Individualmente. Así que será el ciudadano el que tendrá que asumir una más que previsible y relevante subida.

"Se viene trabajando desde hace meses, pero no estará el 10 de abril"

Lógicamente, la introducción de esta tasa específica, diferenciada y no deficitaria requiere de unos estudios técnicos previos y de una nueva ordenanza. Más en Cádiz, donde este concepto está todavía ligado al de la factura del agua. Pues bien, cuando se le pregunta al Ayuntamiento de Cádiz cómo van esos trámites responden a este periódico que “se viene trabajando desde hace meses en la implantación de esta nueva tasa que, evidentemente, no va a estar en vigor el 10 de abril. Entre otras cosas, por la complejidad de la misma y por las dudas que se vienen planteando por la mayor parte de los ayuntamientos. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Gobierno una moratoria y muchas matizaciones sobre la manera de implantar esta tasa”.

Lo que pide exactamente al Gobierno de España la FEMP –actualmente presidida por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP)– a través de una declaración institucional, es que “reforme la ley por la que ha creado las tasas sobre la recogida, transporte y reciclaje de residuos, la llamada tasa de la basura”, dijo recientemente la regidora jerezana. A estos efectos proponen “crear un grupo de trabajo con el Gobierno de España de tal manera que reconduzcamos una ley que hasta ahora es complicada de entender y de aplicar, una ley que no respeta la autonomía local”, añadió la presidenta de la FEMP.

Desde la federación de municipios animan “a que el grupo de trabajo llegue a conclusiones que permitan que los ayuntamientos decidamos cómo afrontamos el pago de esos servicios de reciclaje de residuos. Y, por supuesto, le pedimos que todo se haga desde el consenso y de la manera más urgente posible”, añadió García-Pelayo.

La FEMP pide que se reforme la ley

Lo que literalmente y por escrito solicita la FEMP al Ejecutivo de Pedro Sánchez es que “de manera prioritaria y urgente impulse la reforma de la Ley 7/2022, de 8 de abril, creando una regulación mucho más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada entidad local y que, respetando la autonomía local, garantice la consecución de los objetivos de la directiva europea”. Una petición que viene a ser la cuadratura del círculo y de la que en la comunidad autónoma, como decimos, ya se han descolgado tres ayuntamientos, gobernados, por cierto, los tres por el Partido Popular en el momento de su aprobación, si bien en Jaén el PSOE ha desalojado posteriormente al PP mediante una moción de censura, manteniendo la ordenanza de la nueva tasa .

Pero ¿cómo la han planteado los tres municipios andaluces y cuánto les costará a sus vecinos?

Granada es la única que ha diseñado una tasa que penaliza al que más residuos produzca y fomenta el reciclaje, que es precisamente el objetivo de la ley. Así lo refleja una reciente u muy completa información de Ana S. Ameneiro para los periódicos del Grupo Joly. Lo harán aplicando las máximas bonificaciones que contempla la ley y es la tasa que más se acerca al modelo que recomienda el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos para ajustarse al fin que plantea la ley: que el ciudadano pague por lo que cuesta el servicio en función de lo que genera y recicla. O al menos que se acerque lo máximo posible a ese coste.

Granada, la única que penaliza a quien más basura produce

La tasa granadina contempla una cantidad fija y otra variable que penaliza al que más basura produce. La cuota fija es igual para todos y se calcula multiplicando el valor catastral del inmueble por un índice de 0,00211. La variable se calcula en función de la densidad de viviendas y de la producción de basura en su fracción ‘resto’, es decir, lo que se tira al contenedor gris. Para ello se ha dividido la ciudad en unas cuadrículas de 325x325 metros cada una en las que se saben cuantas toneladas anuales de la fracción ‘resto’ se generan gracias a medios técnicos instalados en los camiones de recogida. De ahí se deduce también el coste de producción, que es el que tendrán que asumir los vecinos de cada cuadrícula a través de esa cantidad variable.

En Córdoba, la tasa de basura subirá una media de 24,51 euros al año por vivienda, lo que supone un incremento del 10%, explica en su información Ameneiro. Pero hay que tener en cuenta que esta subida llega solo meses después de otra de nada menos que un 35%. Se calcula por la ubicación de cada domicilio en cada una de las siete zonas fiscales en las que la ciudad está dividida.

En Jaén,el nuevo gobierno del PSOE se ha comprometido a introducir ventajas fiscales para quienes acrediten para fomentar la efectiva reducción de residuos, objetivo para el que modificará la ordenanza que aprobó su antecesor, pero manteniendo el porcentaje de subida que impuso el PP.

En Sevilla, el alcalde, José Luis Sanz, fracasó en su primer intento de sacar adelante el pasado enero la ordenanza reguladora de la nueva tasa de residuos urbanos. Fue tumbada por todos los grupos de la oposición porque obligaba a pagar por igual a quien recicla que a quien no tira la basura sin separar al contenedor. La propuesta de tasa contemplaba una cantidad fija a la que se añadía el número de empadronados en las viviendas o la superficie construida y la actividad, en el caso de los locales comerciales. Pero este modelo, que ya desechó Granada, no soluciona el problema de las viviendas donde los inquilinos no estén empadronados.

Málaga, sin embargo, estudia cobrar un fijo de 93 euros más una cantidad variable en función del consumo de agua en cada vivienda. Un criterio que el Observatorio para la Fiscalidad de los Residuos considera “débil”, en tanto que hay multitud de otros factores que explican las diferencias de consumo de agua entre hogares, como la presencia de piscinas, hábitos de consumo, hábitos de higiene, entre otros, que no tienen nada que ver con generación de residuos.

En Almería y Huelva están en la misma situación que Cádiz.

Ecologistas en Acción defiende el modelo de “quien contamina, paga”

Desde Ecologistas en Acción recuerdan que la nueva tasa de residuos que impone la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, siguiendo el principio de “quien contamina paga”, se relaciona con la cantidad de residuos mezclados generados. Y entienden que puede ser menor o ser inexistente para los residuos reciclables recogidos de forma separada, ya que puede haber una parte fija y otra variable.

Además, destacan que la implantación del pago por generación (PAYT, pay-as-youthrow) se asocia a altos niveles de reciclaje. De hecho, los cinco países europeos con mejores niveles de reciclaje, entre el 53% y 70% (Alemania, Austria, Eslovenia, Países Bajos y Luxemburgo) tienen implantado un sistema PAYT.

Así, desde la federación de asociaciones ecologistas se pronuncian a favor de la aplicación de las determinaciones de la Ley 7/2022. Se oponen a que la tasa no sea deficitaria, aunque suponga un incremento de la misma. Plantean que se deberían reducir los impuestos que nutrían los costes no cubiertos del servicio en un 40%. Por ejemplo el IBI, como ya lo están planteando algunos Ayuntamientos.

Además, proponen que la tasa contemple bonificaciones para aquellos ciudadanos que realicen compostaje doméstico o comunitario y que participen en la recogida separada de los biorresiduos o de otros residuos en los puntos limpios.

También creen que debe recoger reducciones de la cuota para personas o unidades familiares en riesgo de exclusión social: beneficiarios de una renta mínima de inserción, con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional o jubilados con rentas bajas.

A todo lo anterior añaden que no debe ser una tasa subsidiada por otras Administraciones, ya sean diputaciones o comunidades autónomas. Ni tampoco una tasa que se “aproxime” al coste total del servicio en varios años. Entienden que para su cálculo debe incorporar los ingresos municipales con origen en Ecoembes, Ecovidrio y de otras recogidas separadas de ropa, aceites y otros residuos reciclables.