La caída de los pisos turísticos en Cádiz: por primera vez baja el número de alojamientos

Cádiz tiene registradas un total de 2.443 viviendas de uso turístico (VUT). Por primera vez desde que se puso en marcha esta modalidad de alojamiento, en el primer semestre de 2016, el acumulado del año refleja un descenso en este tipo de viviendas.

 Se quiebra así una línea ascendente año tras años desde 2016 hasta este mes de octubre de 2024, donde primera vez hay menos pisos registrados en la Consejería de Turismo de la Junta respecto al último día del año anterior.

El pasado ejercicio se cerró con 2.638 VUT en la ciudad. Sin embargo, la caída de este tipo de alojamiento turístico está siendo muy contundente en lo que llevamos de 2024, con una perspectiva incluso a mejorar aún más estas cifras.

Así, hasta el pasado 18 de octubre el número de VUT había caído en 195 unidades en el acumulado del año. Y más aún, hoy podrían ser más si ya se hubiese cerrado el proceso administrativo para dejar fuera del registro 16 VUT que el Ayuntamiento considera que no cumplen con la normativa municipal de octubre de 2022.

Lo cierto es que la presión del gobierno municipal del PP ha sido esencial para poner coto al constante incremento de las VUT en la ciudad, especialmente en determinados barrios del casco antiguo.

Más allá de la norma contra la turistificación que heredó del anterior gobierno municipal, el equipo del alcalde Bruno García ha adoptado una serie de medidas que, visto los datos, están dando buenos resultados.

De esta forma, desde que gobierna el PP el número de VUT ha bajado en 29 unidades, teniendo en cuenta la subida de la oferta a lo largo de 2023. Cuando García llegó al poder estaban registradas 2472 viviendas. Se alcanzó un límite de 2.638 y ahora quedan 2.443.

“Desde que llegamos al gobierno hemos impuesto una política restrictiva en cuanto a las viviendas de uso turístico. Así de claro. Y lo hemos hecho a través de varias vías”, destaca a este diario el alcalde.

Por una parte, el control de las altas. Para ello, desde hace apenas unas semana la Junta ha implementado un filtro que evita que un piso se registre sin controles previos. Antes deberá pasar por la revisión municipal, que indicará si cumple o no la normativa. “Cuando llegamos al Gobierno no existía este control previo”, destaca Bruno García.

Hasta ahora este era un proceso automático que ha obligado al Ayuntamiento ha realizar una importante criba de todas las VUT que se han registrado desde la entrada en vigor de la ordenanza de 2022.

376 pisos turísticos anulados en Cádiz

En base a este estudio, el Ayuntamiento ha trasladado a la Junta 376 casos que, según Urbanismo, incumplían la norma. Curiosamente, 277 se denunciaron a finales de 2023, incluyendo la primera mitad del año con casos que hubieran correspondido al anterior gobierno local.

Junto a ello, el Ayuntamiento ha iniciado un expediente sancionador, también novedoso, a 19 viviendas que, no estando registradas como de uso turístico sí funcionaban como tal de forma ilegal. Un inspector municipal se encarga de este control, a la vez que se impone una sanción y, lógicamente, se impide este tipo de alojamiento en estas casas.

Con todos estos datos, queda ya poco por depurar. Se está pendiente de que se pueda cerrar el proceso de adjudicación a la UCA de un proyecto que fije el número más exacto de VUT en Cádiz. Entre la estadística del registro de la Junta y la que ofrece el INE hay una diferencia de un millar de viviendas.

Junto a ello, el Ayuntamiento ha recibido hasta 66 denuncias ciudadanas sobre viviendas turísticas presuntamente ilegales. Algunos casos han sido desviados a otros departamentos, como las quejas por ruido, mientras que se investigan el resto.

Indica Bruno García que una vez el Ayuntamiento cuente con el estudio de la UCA, sobre la realidad de las VUT en Cádiz, se abrirá un periodo de reflexión sobre nuevas fórmulas para reforzar su control allí donde fuera necesario, sin descartar medidas más extremas como ampliar la prohibición para este tipo de alojamientos (vigente en buena parte del casco antiguo) a toda la ciudad.

Otro análisis será el uso de edificios con grados de protección O y 1 por el PGOU, para su uso hotelero o como apartamentos turísticos, como permite la norma aprobada por el anterior Ayuntamiento.

Asumiendo que las fincas de grado 0 son intocables, el alcalde y el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, recuerdan que las casas de grado 1 pueden también uso residencial.

“La cuestión es que su adaptación es muy costosa, por las limitaciones urbanísticas que tienen. De esta forma no se puede pensar que en estos edificios (la iniciativa privada) puede habilitar viviendas por 150.000 euros, y sí costando el doble”. Una elevada inversión que podrían dejar vacías muchas de estas fincas si se concentran en ellas únicamente el uso residencial.

En todo caso, recuerda Bruno García que su gobierno ha puesta en marcha un plan de expropiación de fincas “para meter a gente de Cádiz, con escasos recursos. Ya lo hizo el primer gobierno del PP pero lo paró el de Kichi, hasta el punto que cuando entramos en el gobierno nos encontramos con la cartera vacía de fincas compradas. No había ni una. Ahora hemos iniciado de nuevo este proceso que, en todo caso, tiene una ejecución que es complicada y lenta”.