Del casco viejo al casco histórico

Hace décadas, los barrios de intramuros respondían a la definición genérica de casco viejo o casco antiguo -según el cariño que le tuviera quien lo mencionara- y los siglos se le venían encima. Era el tiempo en que la asociación de vecinos del Pópulo se cansó de ver (y oler) la basura acumulada en torno al Arco de los Blanco y la limpió. Y apareció una escalerilla que no recordaban ni los más viejos del lugar.

Tan viejo era y estaba el casco que el propio alcalde quería que se tirara la mayor parte y se dejaran los edificios que realmente merecían la pena, tampoco muchos. Por eso el Ayuntamiento intentó evitar que se convirtiera en lo que es ahora: un conjunto histórico-artístico. Un casco histórico, que es ahora como le conoce buena parte de la gente.

Ya entonces, en el año 75, el casco había sufrido heridas que siguen presentes en la ciudad, especialmente los altos edificios que desfiguraron el perfil de Canalejas a ladrillazo limpio. Pero no sufriría más agresiones, al menos de tanto calado, debido a una declaración que cambiaría en buena medida la imagen que el propio ciudadano tenía de ese patrimonio tallado en piedra ostionera y encerrado en verticales patios barrocos. Ahora se ha pasado de querer demoler la mayor parte del casco a pedir que se declare Patrimonio de la Humanidad.

La guerra por la protección del casco histórico comenzó en el año 72. Por aquel entonces seguía vigente el Plan General del año 61, un documento desconocido por los propios arquitectos. La ciudad crecía desordenadamente y en los setenta la iniciativa privada se dedicó a colmatar los espacios libres. Fue entonces cuando se edificaron las moles de La Laguna, del Paseo Marítimo y Lacave. Esta iniciativa privada contó con la anuencia municipal, que no pidió las obligadas compensaciones urbanísticas y gastó su escaso dinero en construir las redes de saneamiento de estos hormigueros. Eran los años en los que se planeó el Cádiz III, que quería meter a una población de 106.000 habitantes en el istmo.

El Boletín Oficial del Estado del 2 de noviembre de 1972 declaró conjunto histórico-artístico con la rancia prosa propia del Régimen al Pópulo. "Cádiz, la ciudad trimilenaria cuna de civilizaciones y marco histórico de heroicas gestas, que llena con sus más acusadas características el recinto de la antigua villa de intramuros en la que todavía se conservan sus tres puertas, la del Pópulo, la del Arco de la Rosa y la de los Negros. En este sector, de calles estrechas y torcidas de traza medieval y casonas de blasonados escudos, están enclavados la mayor parte de los edificios monumentales de la población tales como la Catedral vieja, la Casa de la Contaduría, la del Almirante, el patio mudejar, además de diferentes lugares típicos de singular encanto. Lo expuesto aconseja que este recinto de tan notables valores históricos y artísticos sea colocado bajo la protección especial mediante la oportuna declaración que lo preserve de reformas o innovaciones que puedan perjudicarlo". Tras toda explicación, se declara conjunto histórico artístico al recinto intramuros a petición del Ministerio de Educación y se deja bajo la tutela del Estado, ejercida a través de la Dirección General de Bellas Artes por el Ministerio de Economía y Hacienda".

Dos años después, cuando la Dirección General de Bellas Artes incoa expediente para una nueva declaración que comprendiera todo el conjunto empezó la batalla legal del Ayuntamiento.

Desde la Alcaldía se defendía que poner restricciones a lo que se podía o no hacer en el casco histórico sería un varapalo para la construcción y, por tanto, para el empleo que entonces alcanzaba cotas muy bajas. Además, se dudaba del propio valor del casco viejo de la ciudad. "No creo que sea de verdad un conjunto histórico artístico y va a dificultar la construcción en Cádiz, agravando el problema de la vivienda", decía el alcalde Emilio Beltrami años después, cuando se tuvo que resignar a una declaración ya firme.

Desde el Consistorio se era partidario de conservar sólo edificios singulares porque "aquí no hay palacios, lo quemaron todo los ingleses. Existen varias cosas conservables, pero no todo el conjunto". "Conservar Santa María es un disparate. Soy partidario de que se mantenga el estilo, pero mantener lugares infectos, no", aseguraba el primer edil.

Por aquel entonces era más complicado que ahora ver belleza en un casco histórico muy deteriorado pese a que la ordenación urbanística fijaba una normas de protección de edificios catalogados, las mismas que ya existían en el 49 y que no lograron evitar que se cometieran barbaridades y que las fincas fueran quedando vacías o degradándose por el motivo contrario: porque estaban demasiado llenas y se habían transformado en casas de vecinos. Lasquetty, una de ellas, de hecho ha seguido siendo un nido de infravivienda hasta hace muy pocos años, cuando comenzó su rehabilitación. Por aquel entonces, la crónica de sucesos narraba como 22 personas se libraron por los pelos de que la casa se les viniera encima. Un vecino de Santo Domingo, 45 llamó a la policía a las cuatro de la madrugada tras oír ruidos raros, los bomberos vieron que las paredes se agrietaban y rompían el empapelado y mandaron desalojar: minutos después la casa se venía abajo, transformándose en una montaña de escombros.

No fue a Beltrami al que le tocó aplicar la nueva protección. La aprobó el Consejo de Ministros en octubre y la orden se publicó en el BOE de 25 de noviembre de 1978. en abril del 79 tomaba posesión el primer ayuntamiento de la actual democracia. El primer delegado de Urbanismo fue Hipólito Gacía, hoy delegado de Salud. "Nosotros nos fijamos dos objetivos, dar a la ciudad un PGOU que permitiera preservar las características del casco histórico evitando agresiones como las que ya se habían producido como con el edificio Anteojo y las viviendas de Diputación en el Campo del Sur, y dar respuesta a las gravísimas deficiencias de la ciudad: por entonces, las calles de Puntales y algunas de Loreto eran de tierra", recuerda García.

Ese nuevo plan general quería preservar el casco, impedir que los pocos solares que quedaban ya -como el de la ahora plaza de Reina Sofía- fueran pasto del urbanismo desaforado y el Cádiz III. "No sé donde pensaban que iba a trabajar y dónde estarían los servicios para toda esa gente", critica.

Desde que llegó a la Alcaldía y hasta que se aprobó el plan en el 83, el equipo de gobierno suspendió las licencias de obras en toda la ciudad, algo de lo que no se resintió demasiado la economía, según dice el entonces concejal, porque no había tanta iniciativa en ese momento. Una vez que entró en vigor toda la protección del casco histórico, hubo "tensiones en algunos momentos", dudas sobre lo que se podía y no hacer. No cree Hipólito García que se cumplieran los vaticinios más pesimistas de Beltrami y piensa que, a largo plazo, la protección ha dinamizado la economía de la ciudad porque es un concepto ligado al turístico: a los viajeros se les puede convencer de que vengan ofreciéndoles patrimonio, un casco bien conservado... algo que también tiene incidencias positivas en el empleo.

Sin embargo, el actual delegado de Salud señala que la declaración no ha logrado acabar del todo con las barbaridades en intramuros. Para él lo son, por ejemplo, las viviendas que se hicieron en el antiguo Teatro Andalucía, la reforma de Galerías (Ancha, 10) para el vicerrectorado y, sobre todo, el CENTI en el antiguo Hospital Militar.

El arquitecto Juan Jiménez Mata defendió ya en los años 70 el valor de todo el conjunto arquitectónico frente a las tesis del último Ayuntamiento franquista. Para él, treinta años más tarde, la declaración ha cambiado la mentalidad de la gente "radicalmente" porque la percepción de que el casco antiguo en su conjunto era un bien valioso era "muy minoritaria. Se valoraban los monumentos, pero no el conjunto". El tiempo ha desmontado la tesis de Beltrami porque "sigue la edificación". Y se siguen cometiendo "tropelías" en alguna rehabilitación.