El caso del ‘asesor fantasma’ salpica a varios altos cargos del Ayuntamiento de Cádiz

La investigación relacionada con la presencia en el Ayuntamiento de Cádiz durante al menos cinco meses de un asesor que trajo de Madrid el entonces gobierno de José María González Kichi y que habría influido en la toma de decisiones y en el trabajo de los propios técnicos sin tener relación contractual alguna con el Consistorio sigue su curso. De hecho, el trabajo que viene haciendo Fiscalía va a ser ampliado, incorporando importantes cargos técnicos del Ayuntamiento a la investigación.

Desde el año 2021 viene Fiscalía investigando lo ocurrido en el Ayuntamiento entre noviembre de 2018 y abril de 2019. En esos meses entró en acción un asesor, supuestamente contratado por el entonces partido del gobierno de Kichi (en aquel momento Por Cádiz Sí Se Puede) pero no con cargo al propio Ayuntamiento, pese a lo cual habría dado indicaciones e impuesto criterios al personal municipal, siempre por expresa indicación del alcalde y de los asesores que sí figuraban en la nómina municipal.

Conviene recordar que estos hechos llegaron a Fiscalía por una comunicación del sindicato Comisiones Obreras, que fue quien dio paso a la investigación que acabaría citando como investigados al anterior alcalde y a parte de su gobierno y equipo de asesores (en concreto, al entonces concejal de Personal, David Navarro; a la entonces concejala de Fomento, Laura Jiménez; al entonces asesor y que luego sería concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez; y al que fue jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia). Todos ellos han sido citados a declarar en calidad de investigados, al igual que el asesor en cuestión, Fernando García Acuña, que desde mediados de 2019 pasó a formar parte de la plantilla municipal y que hace unos meses renunció a su plaza.

A raíz de esa primera toma de declaración a estos investigados, todos de la vía política, y de la declaración también de algunos técnicos municipales que detallaron sus experiencias con García Acuña, la Fiscalía ha decidido ampliar la investigación citando al menos a tres altos cargos del organigrama técnico municipal, que acudirán al Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad en calidad de investigados.

La Fiscalía ha sostenido que García Acuña “habría influido en la toma de decisiones sin pertenecer a la plantilla municipal en ninguna de sus posibilidades” y, a priori, quiere profundizar ahora en cómo se permitió por parte del Ayuntamiento que eso ocurriera, después de que las diversas declaraciones de testigos e investigados hayan demostrado la presencia de algunos de estos altos cargos en determinadas reuniones y ocasiones en las que se obligaba a atender las indicaciones de este asesor externo al Ayuntamiento.

De hecho, hay dos contratos o expedientes en cuya tramitación se aprecia una clara influencia de García Acuña. De un lado, la explotación del yacimiento Gadir; y, de otro, la renovación del contrato del servicio de información turística. En ambos casos, la investigación en la que participó la Policía Nacional arroja pruebas documentales y testimonios de funcionarios que confirman las injerencias de García Acuña a la hora de corregir el pliego de condiciones y tomar decisiones relativas a las cláusulas que había que incorporar e incluso a cuestiones económicas relacionadas con los concursos que habían de publicarse.