El castillo y las murallas de Cádiz, al límite de la ruina ante el silencio del Estado
Los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento siguen sin cumplirse
"No quiero creer que exista un abandono intencionado de la ciudad", advierte el edil de Patrimonio, Paco Cano
Las señales de alerta se han activado en el Ayuntamiento de Cádiz ante la delicada situación en la que se encuentran tanto el castillo de San Sebastián como las murallas marítimas de la ciudad.
Los compromisos verbales que hace meses se habían alcanzado con la administración central, para la reanudación inmediata de las obras de consolidación de la muralla de la ciudad, no solo no se han cumplido en tiempo y forma por parte de la Dirección General de Costas sino que ahora, según el Ayuntamiento, no hay constancia de que se vayan a cumplir.
En cuanto al castillo persiste un silencio aún más grave pues distintos departamentos estatales se tiran la pelota unos a otros para librarse de la responsabilidad de la propiedad. Mientras, San Sebastián lleva cinco años cerrado con lo que ello supone de deterioro de una fortificación que ya antes necesitaba de importantes obras, tras el fiasco del plan ejecutado en 2012.
En el caso de las murallas, el propio alcalde, José María González, había obtenido el compromiso de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de reanudar ya las obras en algunos tramos de este conjunto histórico. El encuentro se produjo en junio de 2021, hace casi un año, y en aquel momento ya se dijo que había dinero para estos primeros trabajos.
A primeros de año, el concejal delegado de Patrimonio, Paco Cano, ya hizo la primera llamada de alerta a Costas, al no ver avance en este compromiso. En aquel momento, según relata a este diario el edil gaditano, "se nos dijo que en una reunión prevista para marzo con todos los delegados de este departamento, se decidirían la actuaciones más inmediatas". Pero nada se ha sabido de este encuentro, "y lo que nos llega es que no hay nada nuevo sobre la muralla de Cádiz".
El alcalde ha vuelto a pedir una entrevista con Teresa Ribero, pero en esta ocasión se le ha indicado que no tiene tiempo y se le ha remitido a Ana María Oñoro, directora general de Costas. Por lo pronto, Cano ya ha remitido carta a este alto cargo, así como a la Demarcación de Costas de Cádiz y el subdelegado del Gobierno en la provincia, al que se le ha pedido directamente apoyo.
A la vez, el concejal ha solicitado una entrevista con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, aunque ya tiene una experiencia negativa con este ministerio, que siempre ha ignorado las reclamaciones de Cádiz respecto a unas murallas que son únicas en España.
Mientras, si numerosos tramos de la defensa marítima ya estaban en mal estado hace doce meses, tras años de abandono y daños extras provocados por los temporales que se sufren casi todos los inviernos, el retraso en la reanudación del plan, presentado en 2015 y paralizado al poco tiempo, agrava la situación de toda esta infraestructura.
En este sentido, Paco Cano destaca que desde el propio Obispado de Cádiz se ha recibido una llamada de alerta "ya que temen que vuelva a reproducirse el enorme socavón que se produjo hace un siglo en el Campo del Sur, a los pies de la Catedral”, con el riesgo que ello supone para el primer templo de la Diócesis. Cano ha pedido a los representantes de la Iglesia que hagan un frente común para presionar al Estado ante la urgencia de estas obras.
Pero si en la muralla no se avanza, la situación respecto al castillo de San Sebastián es todavía peor.
Si en la muralla ha existido un compromiso de Costas para su recuperación, aunque se retrase su ejecución, respecto al castillo hay una lavada de manos generalizada de la administración central. Ni Cultura, ni Hacienda, ni Costas. Nadie asume la recuperación de esta fortificación militar. Incluso nadie aclara de quién es la propiedad.
Ya el Ayuntamiento, hace cerca de una década, inició el proceso de cambio de titularidad para afrontar por si mismo la gestión de este proyecto. Sin embargo, en aquel momento Patrimonio del Estado le reclamó un proyecto (que tenía) y fondos para su ejecución (de lo que carecía, y carece, pues se elevan a unos 27 millones de euros).
Por si fuera poco, en 2019 no se le renovó al Ayuntamiento el permiso de uso de las instalaciones (que durante el gobierno municipal del PP permitió su apertura como espacio para conciertos y exposiciones), lo que provocó el cierre de las dependencias.
"Desde entonces estamos peleando por la titularidad. Llegamos a plantear contar con el aval económico de alguna administración para activar esta propuesta o que los dueños ejecute obras de mantenimiento", indica Paco Cano que resalta el descontrol interno a la hora de saber de quién es la propiedad: "Desde Costas nos dicen que es Hacienda y desde Hacienda nos dicen que ellos no han recibido nada y que por ello la propiedad del castillo vuelve a sus gestores originales". Ante ello, el Ayuntamiento ha optado por incidir de nuevo en la petición de comunicación, en este caso a estas dos administraciones, para que se aclare quien manda en el castillo.
Mientras, nada más parece que se pueda hacer. Cuando se le pregunta a Cano si no le llama la atención la dejación estatal respecto a este patrimonio histórico tan relevante, asume que "quiero creer que a esta situación se llega por una cuestión económica. No quiero creer que sea por una cuestión política, por un abandono intencionado de los intereses de la ciudad por parte del Estado y por una falta de aprecio hacia Cádiz".
Por si fuera poco, el Ayuntamiento no puede acudir directamente a los fondos del Next Generation ya que no es propiedad del edificio. En este sentido, el proyecto presentado por la UCA depende del interés que pueda tener el Estado por afrontar este proyecto.
El castillo se queda sin control de seguridad, que le costaba al municipio 200.000 euros
Los más de 40.000 metros cuadrados de superficie del castillo de San Sebastián se van a quedar, inicialmente, sin control de seguridad en cuestión de semanas, cuando el Ayuntamiento adjudique el nuevo contrato de vigilancia de los edificios municipales.
Al no ser de su propiedad ni tener vigente ningún acuerdo de cesión, el castillo de San Sebastián quedará fuera de esta vigilancia municipal. El Ayuntamiento ya ha comunicado esta situación a la Subdelegación del Gobierno, para que asuma esta labor, que le corresponde al ser la fortificación propiedad del Estado.
Hasta ahora el Ayuntamiento invertía unos 200.000 euros en el pago de la vigilancia en una fortificación en la que, al contar con edificios y otras estructuras en peligro de derrumbo, es un riesgo acceder a la misma sin ningún control.
La definitiva salida del Ayuntamiento, a la espera de que algún día se aclare la titularidad del edificio y quién va a asumir su reforma integral, va a afectar también a las instalaciones del Labimar, el laboratorio del Ceimar de la Universidad de Cádiz.
Este equipamiento dedicado a la investigación y a la formación lleva ya tres años cerrado, al considerar el Ayuntamiento que supone un riesgo permitir su acceso, aunque se ubica junto a la puerta del castillo.
Aunque se esperaba hace unos meses su retorno a San Sebastián, finalmente no ha sido posible. Ahora, Ayuntamiento y Universidad están estudiando diversas ubicaciones alternativas para mantener en funcionamiento este centro, cuyas jornadas de puertas abiertas a colectivos ciudadanos tuvieron en su día una gran relevancia.
El Ayuntamiento ya suprimió en su día la celebración de conciertos en los terrenos de la Avanzada del castillos, mientras que las salas de exposiciones se mantienen también sin uso alguno desde hace años.
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