La ciudad de Cádiz se la juega en los próximos diez años si no quiere acabar en la quiebra

Cádiz cerró 2023 con un nuevo descenso en su número de habitantes. Apenas quedamos ya 110.914 vecinos, tras una caída iniciada a mediados de los años 90 del pasado siglo y que, está claro, no tiene fin.

El gobierno de Bruno García ya ha agotado año y medio de mandato sin poder revertir esta pérdida. Es evidente que la adopción de medidas urgentes para conseguirlo no es sencillo, como el aumento del parque inmobiliario y la oferta de nuevos puestos de trabajo.

El alcalde ya ha descubierto que este grave problema tiene una complicada solución, pues no solo valen las buenas intenciones. Recordará sin duda la promesa incumplida de su predecesor, José María González, que en 2015 ya anunciaba el retorno de los que se había ido por el puente Carranza, cuando tras ocho años de mandato se dejó a cerca de 10.000 vecinos menos en la ciudad. La herencia que ha dejado, así, no es nada buena para los intereses de Cádiz.

El límite que tiene la capital para modificar el sentido de la curva tiene un plazo definido: se llegará tarde si Cádiz baja de los 100.000 habitantes.

Cuando el padrón de la capital haga oficial que la ciudad pierde los seis dígitos, la aportación que el Ayuntamiento de Cádiz recibe del Estado a través del presupuesto central mermará en al menos 40 millones de euros.

Una cifra inmensa para las cuentas anuales de esta ciudad, imposible de asumir y que afectaría a todo lo relacionado con las inversiones municipales, tocaría de lleno a la activa política social ya en marcha y paralizaría todas las mejoras que estén pendientes en ese momento. A la vez, dificultaría el pago de numerosos contratos, como los de la Limpieza. 

Es decir, que el Ayuntamiento entraría en un proceso de profunda inestabilidad económica que incidiría directamente a la propia estabilidad de la ciudad. 

La ausencia en la capital de grandes empresas ha obligado desde hace décadas a depender de las sociedades y administraciones públicas. Cuando las industrias estatales se han marchado o han reducido la carga laboral en la localidad, todo crecimiento urbano ha quedado en manos del Ayuntamiento. Sólo en momentos puntuales, como ocurrió con el Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo, se ha podido contar con otras administraciones, en este caso la Junta. Pero poco más.

El gobierno de Teófila Martínez ya logró en su día la aprobación de una ayuda especial para la ciudad atendiendo a su peculiar insularidad. 800 millones de la época que han continuado hasta ahora, ayudando a nivelar los presupuestos municipales, pero que serán insuficientes cuando se produzca la caída de los 100.000 vecinos. 

Esta misma ayuda especial ha permitido a Cádiz mantenerse en un escalafón por encima de lo que le correspondería a la hora de recibir los fondos estatales por su población. Si no, la quiebra se hubiera producido ya.

De esta forma, la ciudad y su Ayuntamiento juegan con dos alternativas para evitar el caos de aquí a una década o poco más (si se mantiene la tendencia de los últimos años de perder cada ejercicio entre 900 y 1.100 habitantes).

Por una parte, negociar con el Estado un incremento de esta aportación, habida cuenta del reducido término municipal ya casi agotado. En todo caso, el incremento de esta cifra sería demasiado elevada para que el gobierno central lo aceptase. O, en su defecto, mantener a Cádiz en el escalafón que ya tiene aún cuando haya bajado de los 100.000 habitantes.

Otra, acelerar el proceso de construcción de más viviendas. Aunque a priori esta puede ser la solución más viable para estabilizar el número de habitantes, tampoco es el milagro que tanto se necesita. Cabe recordar que ya en la etapa de gobierno de Teófila Martínez se levantó un nuevo barrio, en Astilleros, y se urbanizó el cuartel de Varela, con más de 2.000 nuevas viviendas en su conjunto. A pesar de ello, el padrón siguió a la baja en estos años.

A todo ello se le une que la lentitud a la hora de incrementar el parque de viviendas, públicas y privadas, es un handicap para Cádiz.

Viviendas pendientes 

Año y medio después de anunciar la urgencia de reducir el problema habitacional de la ciudad, aún no se han iniciado las obras de nuevas promociones públicas (más allá de las que se aprobaron en el anterior mandato). A la vez, la ciudad cuenta con suelos con capacidad para cientos de pisos en las Casitas Bajas y el Tolosa Latour que siguen sin uso. El segundo de ellos es patrimonio de la Junta y ésta ya ha anunciado que parte del mismo será ocupado por un complejo de oficinas, lo que no ayuda nada a la ciudad en cuanto a la falta de vivienda.

Junto a ello, no se avanza, por lo menos que se sepa públicamente, en el modelo a seguir en el polígono exterior de la Zona Franca. Sí es cierto que se trabaja en la tramitación administrativa para construir 800 pisos en Navalips, pero aún quedan meses para que pueden iniciarse las primeras obras.

La hipótesis de ampliar este plan a estas en otras parcelas del polígono exterior, sí daría un impulso a la promoción de nuevas viviendas. Pero a ello habría que añadir la larga tramitación administrativa y, después, los años de ejecución de las obras. Teniendo en cuenta que el plazo que nos damos es de poco más de una década, antes de bajar de los 100.000 empadronados, podíamos llegar incluso tarde con estas operaciones que, encima, aún ni se han planificado, si es que alguna vez salen adelante.

Utilizando este suelo, las Casitas Bajas, Tolosa Latour, y todas las fincas que aún están vacías en el casco antiguos o lo pequeños solares donde se puede construir, el parque de vivienda podría aumentar en unas 8.000 viviendas, según una aproximación realizada por este diario. Otra cosa es cuándo estarían todos estos pisos.

Pero más allá de fondos estatales y de más viviendas, Cádiz tiene el problema de acumular también desde hace unas décadas un crecimiento vegetativo negativo (más defunciones que nacimientos), a lo que se le une un movimiento migratorio también en rojo. Además aún se mantiene un problema clásico en esta ciudad como es el de la búsqueda de empleo, unido al de la ausencia de pisos a precios asequibles.