Una ciudad por definir

Lunes 18 de mayo de 2015. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, confirma en una visita al Ayuntamiento que la Policía levantará una nueva comisaría provincial en la Avenida de Astilleros, en la pastilla destinada a uso administrativo junto al muelle pesquero, propiedad de la Autoridad Portuaria. Poco más de un año después, el lunes pasado, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, informa que ha habido un cambio de planes y que la ubicación de esa futura Comisaría será en terreno ferroviario, en una pastilla que Adif ha sacado varias veces a subasta sin éxito para la construcción de oficinas.

Este anuncio, este cambio de planes del Gobierno central con respecto a un equipamiento esencial para la ciudad se suma a una larga lista que demuestra la indefinición de las adminsitraciones públicas con respecto a aquellos proyectos que tienen que desarrollarse y que entre anuncio y anuncio suman en la mayoría de los casos años de paralización.

Junto a lo ocurrido con el proyecto de construcción de una nueva comisaría de Policía, recientemente también se ha conocido el último 'volantazo' que la Junta de Andalucía ha dado con otro equipamiento que se viene reclamando desde hace años: la Ciudad de la Justicia.

Varios son los proyectos que se anunciaron en su día para construir el equipamiento en la parcela de la calle Lázaro Dou, donde llegaron a comenzar las obras (excavación del terreno). Tras años de paralización, la Junta puso la vista en los terrenos que acababa de dejar Altadis en Zona Franca para instalarse en los edificios administrativos. Y de manera sorprendente, hace unas semanas el delegado del gobierno andaluz, Fernando López Gil, anunció que renunciaban a ese proyecto y que comenzaban a buscar otro emplazamiento en la ciudad, con la exigente condición de que tenga unos 10.000 metros cuadrados.

Así que catorce años después de anunciar el proyecto de construcción de Ciudad de la Justicia, Lázaro Dou sigue siendo un enorme solar (que ahora el Ayuntamiento quiere habilitar como aparcamiento en superficie) y las sedes judiciales siguen repartidas por toda la ciudad.

Otro edificio que acumula años de abandono e inactividad mientras los proyectos han ido sucediéndose es el de Valcárcel. En un lugar privilegiado de la ciudad (frente a la playa de La Caleta), las puertas del histórico inmueble no se han abierto desde el año 2002, cuando cesó la actividad educativa para la implantación allí de un hotel de cinco estrellas. Más de una década después, y ante los anuncios de modificaciones del proyecto original y de activación de la obra hotelera, las administraciones sorprendieron planteando que el edificio vuelva a tener uso educativo, en este caso para albergar la Facultad de Educación (que a mediados de los años 90 fue trasladada a Puerto Real).

Por el momento, el edificio lleva dos cambios en el PGOU y una propuesta actualmente sobre la mesa, a la espera de llevarse a cabo (lo que requiere, entre otras cosas, un acuerdo con la empresa que iba a construir el hotel)... o de que las administración vuelvan a cambiar de idea.

Uno de los equipamientos que bien podrían liderar esta recopilación de indecisiones de las administraciones públicas es el Museo del Carnaval. Previsto desde los años 90, el equipamiento cultural ha ido dando 'tumbos' de un edificio a otro, de una idea a otra, y de unos promotores a otro hasta el día de hoy. Cuando al fin parecía que se iba a construir en la plaza de la Reina un edificio que fue elegido en un concurso de ideas (cuyo ganador aún está pendiente de cobrar) llegaron los problemas de financiación y el enfrentamiento entre Ayuntamiento y Junta por ese suelo.

También se llegó a presentar un anteproyecto para levantar el museo en la plaza Guerra Jiménez. Y posteriormente se ha descartado una cosa y la otra para decantarse el nuevo equipo de gobierno por habilitarlo en un edificio ya construido, planteándose como opciones el Palacio de Recaño o incluso la Casa de Pinillos en la plaza de Mina.

La realidad, como en el resto de equipamientos, es que la ciudad sigue sin contar hoy con Museo del Carnaval. Y lo peor de todo, sin saber con certeza dónde se va a levantar o habilitar este equipamiento.

Otro proyecto de la Junta de Andalucía cuya realización es cada vez más incierta es el hospital regional. Tras adquirir el solar de la antigua aeronáutica y anunciar en su momento el proyecto, con diseños y características incluidos, el equipamiento sanitario se ha ido dilatando en el tiempo. Hasta que hace unos días, el delegado del gobierno andaluz hizo referencia por primera vez a la posibilidad de que finalmente no llegue a construirse.

El plan alternativo, en este caso, sería mantener la apuesta por el hospital de San Carlos, el concierto con San Rafael o llevar a cabo una remodelación del Puerta del Mar.

También ha sido testigo el enorme edificio situado en primera línea de playa de los vaivenes de las administraciones. En primer lugar de la propia Junta de Andalucía, propietaria del inmueble que ha variado su opinión en varias ocasiones desde que lo cerrara en 2007 por un supuesto foco de legionela, que luego derivó en aluminosis y que finalmente no terminó de aclararse.

A raíz de ese cierre se planteó construir un edificio administrativo que fuera "representativo del siglo XXI", luego se derivó el proyecto hacia dos edificios, uno de ellos destinado a uso hotelero; y finalmente se ha apostado -por ahora- por sacar a concurso la parcela para levantar un equipamiento hotelero para el que aseguran que hay varios interesados. Ahora se está tramitando el cambio en el PGOU que permita dar este uso y dar un futuro a un edificio que pronto cumplirá una década cerrado, en pleno Paseo Marítimo.

A todo ello se puede sumar el solar del Campo de las Balas, el edificio de Naútica, el antiguo IES Rosario en la calle San Francisco o el entorno de la Plaza de Sevilla. Zonas y equipamientos que han tenido varios proyectos anunciados o ideas propuestas por las administraciones, que luego cambiaron en otras diferentes y que mantienen, a día de hoy, esos edificios o parcelas sin actividad ninguna, impidiendo además que la ciudad tenga un diseño definitivo (siendo, curiosamente, esto del diseño de ciudad uno de los aspectos de los que presumía tanto el equipo de gobierno anterior como el actual).