Se complica el futuro de Cádiz como sede del Tribunal Constitucional

Desde que el Gobierno central comenzara el debate sobre la posible desconcentración de algunos organismos estatales desde la capital de España hasta localidades de la periferia, el nombre de Cádiz surgió como una futurible sede permanente del Tribunal Constitucional.

Dos profesores de Derecho Constitucional, Gabriel Moreno González (Universidad de Extremadura) y Germán Teruel Lozano (Universidad de Murcia), expusieron argumentos "objetivos e históricos" para apoyar tal propuesta, que trasladaron al propio Ayuntamiento de Cádiz.

A partir de este momento, el Consistorio quiso crear una red de adhesiones para lograr que Cádiz fuera la sede del TC. Y el primer paso fue plantear una propuesta plenaria para que sea aprobada por todos los grupos municipales en el Ayuntamiento.

Tras esto, llegaron los apoyos de la UCA y desde Valencia. El presidente de la Comunidad de Valencia, Ximo Puig, saludó de buen agrado la propuesta e, incluso, tiró de humor cuando dijo que “a lo mejor” el viento de la ciudad andaluza podría mejorar “algunas sentencias”, como ha sido el caso de la del estado de alarma.

Xosé M. Núñez Seixas, profesor de Historia Universidad de Santiago de Compostela, también se refirió a esta iniciativa que “es muy buena idea”.

El otro que también salió a apoyar esta iniciativa fue el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, que en sus redes sociales manifestó "todo mi apoyo como Rector a esta propuesta: Cádiz sede del Tribunal Constitucional".

Otras voces se mostraron más escépticas, fue el caso del presidente del TSJA. Lorenzo del Río indicó que le "extrañaría" que el TC dejara su sede actual para trasladarse a Cádiz.

En esta línea se sitúa la última noticia publicada al respecto por El País. El diario, en el que se dice que el Gobierno ya tiene un plan trazado para la desconcentración de las instituciones del Estado, asegura que dada la complejidad logística que implicaría el traslado de algunos de estos organismos, Moncloa ha decidido que se deslocalizarán sólo las entidades que se creen a partir de ahora "salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la capital".

Además, en el caso concreto del poder judicial, El País asegura que la situación de bloqueo en la que vive el Consejo General del Poder Judicial desde 2018 podría perjudicar a esta propuesta porque aunque "no existe razón jurídica que excluya que puedan desplazarse fuera de Madrid", "parece claro que una decisión de este sentido no puede ser adoptada directamente por el Gobierno sin al menos consultar al CGPJ".