El concejal de Urbanismo de Kichi no autorizó el convenio con Zona Franca sobre Navalips
Casi dos años después del inicio de la operación urbanística aprobada en pleno hace unas semanas se revela que desde Izquierda Unida no se dio consentimiento al plan
Martin Vila no estuvo presente en la firma del convenio pues el planteamiento de su formación era diferente a la materialización de la venta de 400 viviendas de renta libre y otras 400 protegidas
IU Cádiz se desmarca del acuerdo sobre las viviendas de Navalips
Cádiz/Si los desencuentros y desacuerdos entre Adelante Cádiz y sus socios de Ganar fueron un secreto a voces durante los últimos años de esta coalición al frente de la Alcaldía de Cádiz -posiciones encontradas en la licencia de terrazas, en la externalización de talleres en la Fundación de la Mujer, hasta en la presentación de los presupuestos, entre otras cuestiones-, casi dos años después de abandonar San Juan de Dios, y con la operación urbanística en Navalips como detonante, continúa muy visible la estela fruto de las chispas creadas por las fricciones entre estas dos formas de abordar la política desde la izquierda.
De hecho, el aparante quorum político escenificado en el pleno municipal de hace unas semanas en torno a la construcción y posterior venta de 400 viviendas de renta libre y otras 400 protegidas amparada un convenio entre Zona Franca y Ayuntamiento de Cádiz, ni cuenta con el actual visto bueno de Izquierda Unida, integrada en la marca Adelante Izquierda Gaditana, que se mostró de acuerdo a la iniciativa; ni, más preocupante, contó con su aprobación en el pasado. Y es que José María González Kichi, siendo alcalde, arrancó el protocolo origen de esta operación urbanística con su firma, pero sin el visto bueno de su entonces concejal de Urbanismo, y primer teniente de alcalde, Martín Vila.
Así, desde Diario de Cádiz se ha podido saber que, desde luego, la ausencia del edil de Izquierda Unida en la rúbrica del documento que daba el pistoletazo de salida al plan en febrero de 2023 no fue casual. Un acto al que asistieron el entonces primer edil; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el presidente de Sepides, grupo empresarial perteneciente a la Sociedad de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda, Antonio Miguel Cervera; y el delegado Especial del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González.
De esta forma, el anterior alcalde de Cádiz firmaría en solitario este protocolo sin el consentimiento de sus socios de Gobierno. Es más, durante las reuniones mantenidas a lo largo de todo el año entre Ayuntamiento y Zona Franca, la posición (en contra) de IU quedó suficientemente clara, ya que desde la formación integrada en Ganar Cádiz manejaban "otros planteamientos", según aseguran a este periódico fuentes cercanas a aquellos encuentros.
Planteamientos que, a tenor del comunicado enviado este 14 de noviembre por IU Cádiz sobre la operación Navalips, virarían hacia una apuesta por alimentar el parque de viviendas público poniendo estos futuros hogares a disposición de la ciudadanía en modelo de alquiler, y no de alquiler con opción a compra, ni de compra con precio limitado.
Así, la actual portavoz de la formación advierte tanto sobre el "inasumible" precio que podrían alcanzar las viviendas proyectadas para renta libre, teniendo en cuenta las cifras en las que actualmente se mueve el mercado inmobiliario en Cádiz, como del precio al que se podrían lanzar las viviendas protegidas ya que la última modificación de los precios de los módulos de vivienda protegida llevada a cabo por el presidente de la Junta de Andalucía "permite elevar el precio del metro cuadrado a los 2.500 euros". "En pocas palabras, supone que el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados puede superar los 200.000 euros, y si, como está sucediendo en otras promociones, repercuten garajes, trasteros y zonas comunes, el precio puede dispararse hasta los 250.000 euros", explica.
Estas reticencias que en el presente muestran desde Izquierda Unida parece que son las mismas que en la formación mantenían en el pasado con el plan previsto para los terrenos que ocupaba la antigua empresa Navalips en el entorno de Zona Franca. Entonces, aunque protestaron de forma interna, su posicionamiento no se hizo público, previsiblemente, para no generar más ruido y agitación a escasos meses de las elecciones municipales en las que Izquierda Unida concurría junto a Adelante Cádiz bajo la misma marca, Adelante Izquierda Gaditana.
Además, actualmente desde Izquierda Unida se muestran muy sorprendidos ya que el protocolo que se firmó, aun sin su consentimiento, "no era mas que una muestra de intenciones" que había que desarrollar o, al menos, aquel fue el compromiso que se tuvo con la formación. Sin embargo, la decepción para IU Cádiz es que el contenido de este documento se haya plasmado tal cual, sin precisiones ni más desarrallo, "y se haya aprobado por unanimidad". Es decir, de nuevo con el visto bueno de Adelante Izquierda Gaditana, siglas que, al menos hasta ahora, los representa.
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