Unos concursos llenos de interrogantes

El que fuera gerente de Imesapi y que ahora también está imputado, Juan López gallardo, se dedicó a grabar horas y horas de conversaciones con Germán Molina y otros técnicos municipales y en algún caso, llegó a aparecer el que fuera concejal de Mantenimiento Público con el Partido Popular, Francisco Carnota. Son en total 25 horas, muchas de las cuales intrascendentes porque estaban grabados incluso los desplazamientos que hacía en su vehículo hasta las oficinas municipales en las que escuchaba marchas de Semana Santa.

En una de esas conversaciones, Carnota le dice a López Gallardo que "yo ya he hablado con Germán del tema, de una obra en la avenida de más de 20 millones. Vamos, de ti pa mí, vamos a hacer un informe para que sea tuya". Ese ofrecimiento tuvo que ser más bien una fanfarronería del concejal porque al final el contrato nunca llegó a hacerse aunque en la grabación le pide que meta en la empresa a un ahijado suyo que ha participado en una escuela taller.

Hay otra grabación en la que está el propio López Gallardo y otra persona que parece de otra empresa que trabaja para el Ayuntamiento. El que fuera gerente de Imesapi le muestra su preocupación ante la posibilidad de no poder conseguir la prórroga del contrato de alumbrado público. El interlocutor de López Gallardo dijo que "la cosa no pinta bien". En este sentido, el ex gerente de Imesapi reconoce que "es muy pesimista. Aquí se olvidan muy rápidamente de todos los favores que se han hecho".

Días después de que estallara este asunto, el ex director de Alumbrado Público, Germán Molina, dijo a este periódico que lo que había movido a López Gallardo para denunciarlo era una venganza personal: "Se pone como loco cuando otra empresa gana el concurso porque era la mejor oferta. Esta persona se quedó sin trabajo y se ha desquiciado".

La clave del asunto es una regla de tres simple directa que se aplica en algunas de las baremaciones para los distintos concursos públicos. En la declaración que el acusador y también imputado hizo a la Policía Nacional, uno de los argumentos que utilizó para acusar a Germán Molina fue el hecho de que siempre se aplicaba esta regla y que en este concurso no se había efectuado. Molina defendió que no se hizo en las adjudicaciones anteriores de los años 1996, 2002 y 2004 y se hubiera hecho en el de 2008, la adjudicación hubiera sido para Indra, en ningún caso para Imesapi.

Sin embargo, esta adjudicación ha estado siempre salpicada por la polémica. En el año 2008 el concejal de Izquierda Unida Sebastián Terrada denunció que había circulado una copia del pliego antes de que fuera publicado en el Boletín Oficial. El concurso no se paralizó porque el Ayuntamiento consideró que una vez que había sido aprobado por la Junta Local de Gobierno ya era público. Sin embargo, esos documentos estaban a nombre de Etralux, una de las empresas que se presentó a concurso. Esta denunció el hecho y como el pliego se había enviado mediante burofax, se pudo determinar que el remitente y el receptor del mismo había sido un administrativo de Imesapi y su esposa.