La alcaldesa considera "insuficiente" el Decreto de Inclusión de Social

El Decreto Decreto Ley de Inclusión Social anunciado por la Junta de Andalucía, en forma de partida presupuestaria para los ayuntamientos con el fin de pagar alquileres y recibos de agua, luz o gas fue considerado ayer por la alcadesa de Cádiz, Teófila Martínez, como "ambiguo e insuficiente para afrontar todos los problemas sociales que hay en Andalucía y que son de la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía según los artículos 56 y 61 del Estatuto de Autonomía de Andalucía". Ayer también, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, situaba la partida "por encima de los diez millones", aunque admitió que el presupuesto "no está cerrado y se sigue trabajando".

Martínez, que viene defendiendo desde hace tiempo la aportación del Consistorio gaditano a emergencias sociales y pidiendo a la administración más apoyo al ser su competencia, afirmó que con este Decreto "la Junta de Andalucía quiere lavarse su mala conciencia de saber que son los ayuntamientos andaluces los que hacen la política social en Andalucía. Los consistorios andaluces invierten al año más de 500 millones de euros en políticas sociales frente a los exiguos 51 millones de euros que aporta la propia Junta a través del Plan Concertado". Añadió la primera edil que es "una realidad que el ochenta por ciento de la política social que se hace en Andalucía la hacen y pagan los ayuntamientos y, por ello, con este Decreto el gobierno de Andalucía lo que intenta es limpiar su conciencia".

A juicio de Teófila Martínez, el Decreto "es insuficiente si lo que intenta es atender y ayudar a los andaluces con necesidades sociales. Basta con sumar las cantidades previstas en cada ámbito de actuación para darse cuenta que los recursos económicos con los que se pondrá en marcha apenas representan un pequeño porcentaje del dinero total que invierten al año los ayuntamientos andaluces en estas y otras necesidades sociales".

"No obstante, -precisó- aunque sea mínimo en su previsión o dotación económicas, en Cádiz siempre saludaremos cualquier iniciativa que trate de ayudar a las personas más desfavorecidas, por pequeña que ésta sea, porque todo suma. Lo imperdonable es que este Decreto se ponga en marcha con una meta ambiciosa pero sin los recursos económicos para alcanzarla".

Como ejemplo de la falta de asunción de responsabilidades y la valoración del Decreto como insuficiente "para la realidad existente" Martínez desglosó las aportaciones económicas del Ayuntamiento en materia social. Así, en lo que va de año se ha pagado el alquiler a aproximadamente 1.250 familias gaditanas. De estas, a 140 se le ha ayudado económicamente todos los meses. A este concepto de ayuda para alquiler social se han destinado más de 800.000 euros. La previsión conforme a la tendencia es que al término de 2014 se abonen unos dos millones de euros sólo en ayudas al pago de alquileres sociales.

Con respecto a los suministros básicos de luz y agua, los Servicios Sociales del Ayuntamiento ayudaron en 2013 a 1.450 familias gaditanas -no pensionistas- a pagar sus recibos, destinando para ello más de 411.000 euros. En el mismo periodo se pagó la luz a más de 300 mayores pensionistas y el agua a 360, partidas éstas que son más difíciles de cuantificar porque se conceden por porcentaje sobre la pensión que percibe cada beneficiario.

"En definitiva -añadió la alcaldesa- al término de 2014 este Ayuntamiento habrá invertido sólo en estos tres conceptos puntuales de ayudas a alquileres sociales y a pagos de la luz y el agua más de 2,5 millones de euros". Al respecto, Martínez recordó que "esto sí es política social y justicia social, no lo que muchas veces intentan vender con artificios y una premeditada errónea utilización del concepto de justicia social".

Después de poner sobre la mersa estas partidas, Teófila Martínez manifestó por último que "si sólo en ayudas al pago de alquileres sociales, luz y agua a familias con escasos recursos un sólo Ayuntamiento -como es el caso de Cádiz- tiene que destinar más de 2,5 millones de euros, imagínense el gasto social resultante del conjunto de los ayuntamientos andaluces para atender las necesidades de los ciudadanos y compárenlo con la exigua dotación económica del Decreto. Por eso, lamentablemente, dudo mucho que pueda cubrir las necesidades de todos los ciudadanos andaluces a los que va dirigido".