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Juan Carlos Campo | Ministro de Justicia
–Llega a un ministerio convulso, con la renovación del Constitucional y el CGPJ pendientes. ¿Qué sistema, en este último caso, planteará para elegir a los vocales a fin de convencer a la oposición?
–A mí me produce un cierto choque emocional. Porque los mismos partidos que reivindican el constitucionalismo son los que ahora simplemente no quieren cumplir la Constitución. La Constitución dice que el mandato del CGPJ no puede durar más de 5 años. Luego está claro que hay que renovarlo. Y el sistema sería el único que figura en la Ley. Se habla mucho de los jueces, los jueces, y los jueces intervienen de una manera muy potente. De los cinco mil y pico que somos designamos a un paquete de 60, en mi época éramos 36, y de estos el Congreso y el Senado eligen los doce. O sea, que eso de que está politizado, mejor no hablar de eso.
–Las protestas de jueces y magistrados por lograr mejores sueldos y más independencia erosionaron la figura de sus predecesores, ¿qué medidas tiene en mente para reconciliar a los jueces con su ministerio?
–Algo que va a ser el marchamo de calidad o la carta de presentación de este Gobierno, y es buscar el conjunto de voluntades, para entre todos, y no sólo hablo de partidos, establecer un pacto de Estado para la modernización de la Justicia, que necesita un paquete de reformas normativas, organizativas y tecnológicas que permita hablar de un modelo de Justicia. Hace falta además de más dinero, una nueva manera de conjugarlo todo, y eso solo lo da con un esfuerzo colectivo.
–Cuando recibió el Premio a la Excelencia y la Calidad por parte del CGPE abogó por una Justicia “pronta, eficaz e imparcial”. Hasta ahora ni lo primero, ni lo segundo, y cada vez son más los españoles que piensan que la Justicia se quita la venda en función de qué caso. ¿Cómo recuperar la confianza de la sociedad en ella?
–Hay que hacer un gran esfuerzo entre todos. Contamos con un buen sistema de Justicia. Hablo de jueces y fiscales, juezas y fiscalas, abogadas, abogados, con mucho nivel. El problema es que contamos con unas leyes que son otra cosa. Es necesario modernizar la Ley de Planta y Demarcación, una nueva vertebración de la Justicia, utilizar las nuevas tecnologías... Sabemos lo que queremos hacer, y todo ese paquete queremos compartirlo para que entre todos nos demos una Justicia muchísimo mejor.
–Teruel Existe, los regionalistas cántabros también, el nacionalismo llega hasta Canarias... ¿Usted cambiaría la ley electoral? ¿Es justo que la democracia, la estabilidad de todo el país dependa de un solo escaño?
–Bueno, es verdad que ocurren cosas que podrían hacer que nos planteemos si es necesario o no... Porque con el bipartidismo era más fácil, ahora hay un enorme elenco de partidos en el arco parlamentario y es más difícil. No lo sé: si lo que hay que cambiar es la norma, o es la filosofía y la pedagogía con la que la política se acerca a la realidad, a lo mejor este camino es más potente.
–La reforma del Código Penal también se plantea sobre varias leyes vinculadas a la corrupción y a la violencia sexual para que “sólo sí sea sí”. ¿Qué plazos se da en ambos casos?
–Aquí no hay recetas mágicas. El llevar este año siete mujeres asesinadas lo único que hace es estremecernos, y sentir que algo no terminamos de hacer bien. Hay que duplicar los esfuerzos porque, cuidado, un Código Penal lo que hace es castigar al que ha matado a una mujer, pero hay que intentar un pacto de Estado que abarque un espectro mucho más amplio que el represivo, junto a las leyes que se están poniendo de manifiesto, en el ámbito educacional, de igualdad real, de compartir, de transversalidad, y eso no se logra en un día. Espero que pese a las injerencias de algunos, el PP se sume.
–¿La derogación de la conocida como Ley Mordaza está en el horizonte más o menos próximo?
–Sí, sí, porque hay consenso en que hay que matizar esa Ley, hay que cambiarla. De hecho, no sólo se está en su reforma bastante integral, sino que Interior ha dado instrucciones para mitigar actuaciones que colisionen con derechos fundamentales como el de reunión o de manifestarse.
–Al defender la postura de su partido en el Congreso con la derogación de la prisión permanente revisable frente a los padres de Marta del Castillo y de Diana Quer reconoció que fue “muy duro”, y subrayó su compromiso con las víctimas. ¿Cambiaría algo de lo que dijo aquel día?
–Resaltaría exactamente el respeto a las víctimas, igual que aquel día. Son el eje vertebrador de mi vida. Vamos a esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, para abordar con más profundidad lo que significa. Sigo manteniendo los criterios jurídicos en los que me apoyé para decir que no aportaba nada. Incluso puse de manifiesto con un ejemplo que podían beneficiarse los criminales con el código actual y con la prisión permanente revisable en vigor, en relación al texto anterior. Pero insisto, respeto absoluto a las víctimas.
–'Un susanista en la corte de Sánchez'. ¿Usted se reconoce en este titular que salió tras su nombramiento en un periódico nacional?
–Absolutamente nada, absolutamente. Respeto a todas las representaciones políticas, en los partidos es lógico que haya distintas corrientes, y el PSOE ha demostrado que nunca ha estado..., no he sido militante nunca, pero reconozco y lo percibo que en todos los partidos hay movimientos. Pero tengo muy claro que mi compromiso es con un proyecto, que es el proyecto socialista, mi compromiso es con la Justicia, que es la pasión de mi vida, y en lo demás soy un observador implicado, evidentemente. Y por supuesto, ahora mismo soy ministro de un Gobierno de Pedro Sánchez, con lo cual, creo que no hay nada más que decir.
–En los últimos tiempos, el Gobierno trata de golpear el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, y hay algunos jueces que piden un endurecimiento de las penas. ¿Está de acuerdo?
–Son posturas legítimas, pero el endurecimiento sin más del Código Penal, no es la solución. Las políticas criminales han de abordar la realidad criminal que la sustenta. Hay que incidir en por qué se produce en una zona determinada. Aparte hay una cuestión muy clara y lo establece muy bien el ministro Marlaska con ese plan integral que ya está en macha: la transversalidad. Cuestiones de educación, de ayudas, de represión... Creo que hablamos de nueve ministerios y una inversión plurianual, entorno a mil millones de euros, pero para revertir una realidad. La narcoeconomía tiene que transformarse en otros parámetros de convivencia, y eso es lo que desde el Gobierno se está intentando.
–Dos ministros por Cádiz y por primera vez. ¿Qué más necesita Cádiz, empezando por una Ciudad de la Justicia, para salir de dónde está?
–Bueno, pues que la Junta de Andalucía aplique sus competencias y dé salida a esto último. En la provincia de Cádiz los datos son magníficos. Lo tiene todo, empresas punteras, turismo, gastronomía, pues tendremos que articular ese tejido social que permita que esa riqueza que genera revierta en Cádiz.
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