El nuevo contrato de limpieza de Cádiz, en un terreno pantanoso

Lo que mal empieza, a saber cómo acaba. En el Ayuntamiento dan por hecho que el tortuoso proceso de adjudicación del nuevo contrato de limpieza ha llegado a su fin, y el equipo de gobierno va a lograr, de hecho, que el Pleno extraordinario convocado para el próximo miércoles día 14 apruebe la adjudicación definitiva a Valoriza. Una decisión que puede ser un verdadero problema en un futuro de plazo incierto.

Se escuda el equipo de gobierno de José María González en la última resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación que desestima el recurso presentado por la empresa Cointer contra la decisión del Pleno del Ayuntamiento de rechazar su oferta y adjudicar el contrato (tras la renuncia de la segunda clasificada, Acciona) a Valoriza. Pero lejos de rechazar la tesis que sigue sosteniendo Cointer respecto al proceso de adjudicación del contrato, la resolución de ese tribunal se toma en base a los recursos que tanto Cointer como Valoriza y el propio Ayuntamiento han interpuesto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya ha admitido los tres.

El propio tribunal del Contratación afirma en su última resolución que la situación en la que ha derivado el proceso del servicio de limpieza de Cádiz es tan enrevesada que la legislación no es clara o rotunda respecto a cómo proceder en este escenario, en el que “la resolución de este Tribunal será objeto de revisión por parte del orden jurisdiccional contencioso-administrativo”. Una suerte de galimatías en el que, según explica el tribunal, no se contempla específicamente el escenario “cuando interpuesto y en tramitación un recurso contencioso-administrativo contra una resolución de este Tribunal resolviendo el recurso especial frente a un acto dictado en el procedimiento de licitación, se interpone un segundo recurso especial contra otro acto dictado en la misma licitación”.

Por este motivo, entiende el Tribunal de Diputación que se produce una “evidente situación de litispendencia” (es decir, que existe un pronunciamiento judicial pendiente, el del TSJA). Es más, todavía se manifiesta de manera más rotunda al afirmar que “no cabe admitir la simultaneidad del recurso especial en materia de contratación con la tramitación de un recurso contencioso-administrativo”.

Es decir, que el Tribunal de Contratación en ningún caso da la razón al Ayuntamiento, lo que sí daría vía libre para adjudicar de manera definitiva a Valoriza el contrato de limpieza de la ciudad, sino que se inhibe de seguir pronunciándose sobre el litigio entre el Ayuntamiento y las empresas que optan a prestar el servicio al haber acudido las tres interesadas que siguen en el proceso (el Ayuntamiento, Cointer y Valoriza) al TSJA, iniciando así una nueva vía para la resolución de este tortuoso proceso.

Así las cosas, si el gobierno de Kichi logra su objetivo de adjudicar el miércoles de manera definitiva el contrato a Valoriza, el expediente no quedará ni mucho menos resuelto, ya que tendrá que esperar hasta tres pronunciamientos del TSJA de consecuencias imprevisibles. Y es que pudiera ocurrir que una vez adjudicado a Valoriza e iniciada la prestación del servicio por parte de esta empresa, el Tribunal andaluz determinara que Cointer tenía razón en sus argumentos y debía ser la adjudicataria, lo que podría dar lugar a indemnizaciones millonarias a Cointer o a Valoriza y a serias complicaciones para las arcas municipales y para el propio servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad.

Los técnicos municipales rechazan la suspensión del procedimiento

¿Debería entonces el Ayuntamiento dejar en suspenso el proceso de adjudicación de la limpieza a la espera del pronunciamiento del TSJA? Tampoco parece que esta medida fuera la más favorable para los intereses municipales; no, al menos, en base al criterio del secretario general, que en la mesa de contratación celebrada el lunes advirtió que “para poder suspender el procedimiento de contratación se debería alegar alguna causa jurídica puesto que no podría suspenderse el procedimiento por motivos de oportunidad, ya que eso conllevaría a la interposición de nuevos recursos por parte de alguna licitante”. Tesis que apoya el interventor municipal, que en esa mesa de contratación añadió que “sin poder alegar causa legal alguna en relación a la posible suspensión del procedimiento, el Ayuntamiento se podría también ver obligado a indemnizar a algunas de las partes”.

Por tanto, el accidentado y fatalmente gestionado proceso de adjudicación del nuevo contrato de limpieza parece haber llegado a un punto en el que no existe salida ni siguiendo adelante ni dando marcha atrás. Aunque el gobierno, con apoyo del PSOE y de Ciudadanos, está decidido a optar por la primera opción y adjudicar el día 14 el contrato a Valoriza, sabedor quizás que es bastante improbable que el TSJA resuelva antes de las elecciones de mayo de 2023. Y a partir de entonces, será una cuestión que tendrá que barrer otra Corporación.