Críticas del PSOE de Cádiz a la política de vivienda de Bruno García

José Ramón Ortega lamenta que los populares en Procasa hayan vuelto "a las políticas que expulsaron de la ciudad a más de 35.000 gaditanos"

El 12 de febrero habrá un pleno exclusivo sobre la vivienda

El concejal del PSOE, José Ramón Ortega, gesticula unas cifras en el debate celebrado en el Pleno de este jueves.
El concejal del PSOE, José Ramón Ortega, en un Pleno del Ayuntamiento de Cádiz. / Julio González

La empresa municipal de Vivienda, Procasa, ha aprobado sus nuevos presupuestos, que han sido rechazados por la oposición, que se muestra crítica con la política del gobierno de Bruno García. Especialmente el concejal socialista José Ramón Ortega, que alerta de que el PP ha vuelto “a las políticas de vivienda que expulsaron de la ciudad a más de 35.000 gaditanos” en tiempos de Teófila Martínez.

El PP pretende que Procasa siga actuando como una inmobiliaria, vendiendo viviendas públicas y haciendo que el Ayuntamiento pierda patrimonio”, ha afirmado Ortega, que rechaza la venta de pisos y aboga por mantener su carácter público y que se ofrezcan en régimen de alquiler a los gaditanos.

Como ejemplo de la actuación de Procasa se ha centrado este concejal en la polémica promoción de San Juan Bosco, “donde el Ayuntamiento ha tenido la posibilidad de quedarse con diez viviendas para incluirlas en su patrimonio y destinarlas al alquiler, por ejemplo a jóvenes gaditanos que se van de nuestra ciudad al entorno de la Bahía por los altos precios de alquiler, y ha preferido la venta y deshacerse de estos inmuebles”.

“No tiene sentido proceder de la misma manera que en tiempos de Teófila, pero parece que esta es la tónica del PP: deshacerse de vivienda pública a toda costa”, ha insistido Ortega, que ha asegurado que la única política de vivienda actualmente en Cádiz “se está llevando a cabo gracias a los fondos del Gobierno de España y a los fondos europeos, en contraposición a la nula gestión de la Junta de Andalucía, que ha retrasado durante meses el bono de alquiler joven y que no ha entregado ni una sola vivienda social en los últimos cinco años”, a lo que une “la negativa del alcalde a exigir al gobierno andaluz la aplicación de la ley estatal de vivienda, que permitiría la regulación del precio del alquiler”.

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