Los cruceros de lujo huyen de puertos como Barcelona o Mallorca y piensan en Cádiz como "destino amable"

Protestas ciudadanas como las vividas estos días en puertos como el de Barcelona o Palma de Mallorca están dejando en pañales las registradas en Cádiz, donde, en el fondo, los grupos que salen a la calle a protestar ponen sus puntos de mira en la repercusión que tiene la proliferación de los pisos turísticos que, según sus tesis, están obligando a los gaditanos a tener que salir fuera de su ciudad en busca de un espacio en el que residir.

Es innegable que esta proliferación existe y que el Ayuntamiento podría haber llegado ya tarde a ponerle coto a esta tendencia, de manera que ya se ha conseguido que el metro cuadrado de suelo residencial para construir en Cádiz se haya multiplicado por cifras astronómicas, sin dejar de lado los precios de los alquileres que ya se hacen inasumibles para la población autóctona de Cádiz.

Esto provoca que esa población que se está viendo afectada realmente tenga que buscar cobijo fuera de la ciudad, aunque sólo sea a 13 kilómetros, poco más o poco menos, para vivir o bien en San Fernando o Puerto Real, o a unos 33 si tienen que vivir en ciudades cercanas como Chiclana. Influye mucho que los gaditanos estamos muy acostumbrados a vivir en el centro y pocos están acostumbrados a recorrer esas distancias para disfrutar de las bondades de un casco histórico como el de Cádiz, que ofrece cada día más atractivos, tanto para los propios gaditanos como para los visitantes.

De ahí que nadie podrá negar que ese problema existe y los primeros que lo reconocen son los componentes del equipo de gobierno municipal. Les ha costado trabajo pero cuando lo han reconocido no han dudado en actuar con celeridad y prohibir que se otorguen más licencias para la construcción de pisos turísticos o la reconversión de pisos "normales" en pisos en alquiler para el uso turístico. Y no sólo eso sino que han buscado la complicidad de la Junta de Andalucía para que los inspectores hagan las horas extraordinarias que haga falta para que se busque y sanciones y, en el caso que haga falta se le retire la licencia de alquiler turístico, a cualquiera que no tenga la autorización correspondiente o que su vivienda no reúna las condiciones necesarias para poder ser alquilada a turistas.

De esta manera, es innegable que Cádiz está miles de kilómetros de distancia, nunca mejor dicho, de ciudades y puertos como los de Barcelona o Mallorca, donde es cierto que la invasión de cruceros y cruceristas está sacando a la calle a un sector de la población dispuesta a luchar y a conseguir que las distintas administraciones locales y autonómicas pongan coto y limiten la llegada de cruceros y cruceristas e incluso limitar el acceso de tanto turistas al corazón de sus ciudades.

Sin ir más lejos, más de 20.000 personas, según la Policía Nacional, salieron este domingo pasado a las calles de Palma de Mallorca para protestar, una vez más, contra la masificación turística en la isla. Y qué decir de Barcelona, donde la Barceloneta, un tradicional barrio de pescadores se ha llenado de turistas y en el que alquilar un piso de 30 metros cuesta ya 1.300 euros.

Allí unas 3.000 personas (según la Guàrdia Urbana) y 15.000 según la organización llenaron las calles de Barcelona a principios de julio para protestar contra el turismo de masas en una manifestación convocada por diversas plataformas vecinales bajo el lema “Basta. Pongamos límites al turismo”.

Así pues, hay que salvar las distancias y Los cruceros que en 2023 trajeron a la Ciudad Condal más de 3,5 millones de turistas (un 52% más que el año anterior y un 20% más que antes de la pandemia), según cifras del Port de Barcelona.

Medidas concretas

Y ya hay medidas concretas: Tres cruceros diarios y solo uno de ellos podrá ser un ‘megacrucero’ con más de 5.000 pasajeros: este es el nuevo tope para el puerto de Palma, aprobado por el Govern balear, el Estado y las navieras. La capital balear se convierte así en el primer destino nacional (y el segundo europeo) en limitar el número de cruceros.

Y no han tardado en reaccionar las empresas mallorquinas. Ocho organizaciones empresariales pidieron al Govern balear que modifique el acuerdo con las navieras para limitar a tres diarios el número de cruceros que pueden atracar en el puerto de Palma porque consideran que la reducción de turistas llegados en este medio de transporte es perjudicial para sus negocios.

El puerto de Palma es, con mucha diferencia, el principal destino de los cruceros llegados a Baleares, que en conjunto recibieron en 2019 a 2,6 millones de cruceristas. «2023 es el primer año en que se pueden ver los efectos reales que ha supuesto la limitación de los cruceros en el puerto de Palma» y, dados los resultados, mantener la limitación, «sería nefasto para Palma», indican las organizaciones empresariales.

Después de todas reflexiones, la patronal crucerista no mira para otro lado y la responsable europea de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés), Marie Caroline Laurent, aseguraba en días atrás que esta reacción no se da exclusivamente en España, pero que las últimas quejas en Barcelona pueden tener consecuencias: «La turismofobia no sólo es un problema en España, también en Francia y otros países del Mediterráneo, pero los visitantes cada vez son más sensibles y las actitudes violentas que se han visto en lugares como Barcelona tienen un impacto en la reputación del destino».

De ahí que, a pesar de que la prensa y las navieras británicas están muy atentas a los acontecimientos y sondeando entre sus huéspedes si se han considerado bien recibidas en los puntos de atraques de sus buques, podría darse la circunstancia de que, al final, el puerto de Cádiz pudiera quedarse fuera de ese boicot e incluso verse beneficiada por esas oleadas antituristas que se están viviendo en poblaciones como Mallorca o Barcelona.

Las navieras, sobre todo las premium o de lujo no están dispuestas a permitir que sus huéspedes o clientes se vean salpicados por estas protestas y no dudarán en vetar a aquellos puertos en los que sus cruceristas pudieran ver alteradas sus estancias o vacaciones por culpa de movidas anti turismo que no saben realmente valorar los beneficios que traen a las ciudades la proliferación del turismo, que es un sector que se ha convertido para muchas ciudades o comunidades autónomas en la boya a la que agarrarse ante una crisis que se agravó tras la pandemia.