David de la Cruz reitera que Ana Sanjuán debe dejar sus cargos municipales en el Ayuntamiento de Cádiz
Consideran que realmente existe un "incumplimiento flagrante" del reglamento interno del Consistorio y que hay intereses personales que le impiden seguir al frente de Vivienda y Procasa
Si no se inhibe a la concejala, AIG llevará una moción al Pleno de marzo para pedir la dimisión de la delegada de Vivienda
IU traslada a Antifraude el posible “conflicto de intereses” en la venta del suelo municipal de las Casitas Bajas de Cádiz

Cádiz/David de la Cruz empezó su intervención reconociendo que se trataba de un asunto desagradable, pero que formaba parte de su labor de oposición.
Reunió a la prensa para hacer seguimiento de la denuncia realizada por Izquierda Unida en días pasados cuando optaron por trasladar a la oficina antifraude el “posible” conflicto de intereses que puede darse en el gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ante la anunciada venta de los aprovechamientos municipales del solar de Casitas Bajas a través de Procasa, en tanto que pudieran estar beneficiando a una promotora perteneciente a un grupo de empresas vinculadas con el marido de la concejala de Vivienda y Presidenta de Procasa.
Y en esa labor de oposición, David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) afirmó que han estado estudiando el caso y la denuncia y se han topado con lo que ellos han denominado un "incumplimiento flagrante". De la Cruz reconocía que no venía a denunciar ningún delito y que para eso estaban los jueces, pero "mi obligacio´n si es fiscalizar y cuidar de lo público, de la ciudad".
Sacó de una carpeta el Reglamento del Buen Gobierno. En ese documento, en sus artículo 11 se dice que "se entiende que existe conflicto de intereses cuando las personas sujetas a este Reglamento intervienen en decisiones sobre asuntos públicos en los que confluyen intereses públicos y privados de tal manera que afecten al ejercicio imparcial, objetivo y honesto que debe presuponerse en el desempeño de su actividad pública".
¿Intereses personales?
Y una aclaración importante. En ese mismo documento se indica a que se le llaman "intereses personales". En la relación de consideraciones se habla, por supuesto, de los intereses propios, pero se hace expresa mención de "los intereses familiares, incluidos los de la persona cónyuge o la persona con la que conviva en análoga relación de afectividad, y los de las personas de la familia hasta de cuarto grado de consaguinidad o segundo grado de afinidad".
He ahí el dilema, según AIG. Ya que en el caso de la delegada de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, existe un conflicto de intereses entre particulares en la operación de las casitas bajas y de la venta de reserva pública de suelo. "Es inevitable pensar que hay conflicto de intereses", según David de la Cruz.
Es por ello que no le cabe duda al que fuera alcaldable por esta formación de izquierdas que existe una "incompatibilidad manifiesta" .
¿Solución? El propio reglamento, en su punto 5 se dice que "para evitar que se produzcan situaciones de conflicto de interés, las personas comprendidas en el ámbito subjetivo del Reglamento deberán inhibirse de participar, directa o indirectamente, en la adopción de las decisiones".
Es por eso que la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa "no puede segur al frente de la concejalía". De la Cruz le recuerda que se trata de un reglamento de obligado cumplimiento y que el repondable es el alcalde que es quien decidió que "una persona con intereses particulares en la construccion estuviera al frente de Procasa y de Vivienda".
La pueril respuesta del alcalde
El portavoz de AIG criticó las respuestas de Bruno García cuando se le plantea esta cuestión y consideró "pueril" su forma de responder y los argumentos que pone sobre la mesa "frivolizando el asunto".
Es por esto que AIG anucia que si no se da una pronta reestructuración llevarán esta cuestión al pleno de marzo, ya que no daría tiempo a llevarlo al de febrero y porque saben que las reestructuraciones requieren su tiempo y "estamos interesados en darles su tiempo a pesar de que no aceptaremos un conflico de intereses que se salte este reglamento del buen gobierno".
La portavoz adjunta, Helena Fernández, incidió igualmente, por su parte, en la necesidad de que se cumpla con el reglamento ético del buen gobierno. "Es obligatorio para todos en la misma medida. Y, además, ese reglamento se hizo precisamente para eso, para dar ejemplo a la ciudadanía y recuperar así su confianza en la institución municipal".
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