Un debate ante un futuro de más de 15 millones de pensionistas en 30 años

Cádiz/Treinta años puede parecer un futuro muy lejano, pero quizá no sea tanto. En esa fecha el BBVA calcula que habrá 15 millones y medio de jubilados en España (ahora no llegan a seis) y nuestro país será el segundo más envejecido del mundo. El Pacto de Toledo, impulsado por los nacionalistas catalanes, por el cual se hizo la mayor reforma del sistema de pensiones a través del consenso, va a cumplir 24 años y, desde entonces, el asunto se ha dejado correr. De allí nació una 'hucha', cuyo nombre real es Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, en su mejor momento, en 2011, llegó a tener, 66.815 millones de euros. A día de hoy quedan 8.100 millones, de los que habrá que tirar, según la ministra de Trabajo, para pagar la extra de Navidad. Se quedará prácticamente a cero. La 'hucha', por tanto, es prácticamente historia cuando cada pago de pensiones le supone al Estado 9.200 millones -esa fue la última factura de agosto-.

Otro estudio, éste realizado por el Centro de Estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona, llamado El factor demográfico en la sostenibilidad del sistema de pensiones en España, afirma tajantemente que los próximos jubilados del baby boom pueden ver penalizada la cuantía de su pensión. "Esta generación de trabajadores, que acreditan largas carreras de cotización y que han cotizado por bases elevadas, pueden verse penalizados en su jubilación al aplicarse en el cálculo de sus pensiones cálculos correctores".

El presidente del foro de expertos de BBVA, José Antonio Herce, elaboró en 2015 un estudio por el cual demuestra que sin el fondo de solidaridad interterritorial sólo cuatro comunidades podrían autofinanciar a día de hoy sus pensión es. Entre ellas no está Andalucía. Sí lo está, por ejemplo, Madrid. "Madrid, con una tasa de actividad del 78,8%, tiene una proporción de población en edad de trabajar afiliada a la Seguridad Social del 63,5%, mientras que Andalucía, con una tasa de actividad del 72,5%, tiene una proporción de población en edad de trabajar afiliada de tan sólo el 48,2%". Otro dato fundamental que maneja el experto tenía que ver con la ratio entre la cotización anual media y la Muestra Continua de Vidas laborales es muy diferente. "Para el conjunto de España, la ratio entre la segunda y la primera es de 1,28, pero en Andalucía es de 1,54 mientras que en el País Vasco es de 1,16". De este modo, la conclusión sería que habría que adoptar nuevos métodos para garantizar pensiones mirando las reformas que ya se han hecho Europa y que éstas fueran absolutamente estables sin entrar dentro del debate político de cada momento.

Hay voces que se rebelan contra la interpretación catastrofista de estos datos. El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén (UJA), Cristóbal Molina Navarrete, ha afirmado en una entrevista a Europa Press que parte del debate sobre el futuro del sistema público de pensiones "es artificial y está creado interesadamente para generar desconfianza en los ciudadanos". Esta visión se ha expuesto la pasada semana en el curso El futuro de las pensiones a debate: retos y alternativas para su sostenibilidad, dentro del marco de los Cursos de Verano de la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía.

Molina Navarrrete, que ha dirigido el curso, considera que se necesitarían dos millones y medio de puestos de trabajo para mantener a los pensionistas actuales y, de esa cifra, sólo se ha creado medio millón en el primer semestre del año. "Si el empleo que se crea es temporal o de bajo salario, aunque crezcan las cotizaciones, no crecen al ritmo suficiente como para pagar las nuevas pensiones. España no gasta mucho en pensiones, está en la media del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea, el problema es que se deterioraron enormemente los ingresos por las reformas empleadas", argumenta.

En ese mismo foro la ministra de Trabajo señaló a otro culpable de la crisis de las pensiones: la reforma laboral que llevó a la precarización y a reducir los ingresos por cotizaciones.