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Dos décadas sin avances para recuperar el Molino de Mareas

La propuesta del PP debatida en el Pleno vuelve a poner de relieve los problemas que sufre

Las ventanas del Molino de Mareas del Río Arillo se encuentran tapiadas para evitar el acceso a su interior. / Román Ríos
Rafa Burgal

01 de julio 2018 - 01:46

Cádiz/Existen temas que se enquistan tanto que parece que nunca se van a solucionar. En la capital gaditana, uno de ellos es la situación de abandono que sufre el Molino de Mareas del Río Arillo, una construcción del siglo XVIII situada en el límite entre los términos municipales de Cádiz y San Fernando, dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Ejemplo de lo que significó la industria salinera, sigue cayéndose a pedazos a la espera de que las administraciones decidan afrontar su rehabilitación.

Este asunto ha vuelto a salir a la palestra esta semana con la propuesta que se debatió el pasado viernes en el Pleno municipal para instar al Ministerio de Medio Ambiente a que licite y ejecute el proyecto de rehabilitación y puesta en valor de este inmueble. La moción presentada por el PP se aprobó por unanimidad, aunque no estuvo exenta de polémica por las dudas que se mostraron en el debate por el principio de oportunismo político al presentarse esta proposición en un momento en el que los populares ya no están al frente del Estado al pasar a gobernar el PSOE tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Los grupos municipales acordaron instar a Medio Ambiente a que ejecute su rehabilitaciónUna sentencia ha dado la razón al Ayuntamiento en su litigio con el Ministerio

Más allá de la disputa entre partidos, lo cierto es que han pasado dos décadas desde que el por entonces Gobierno municipal liderado por Téófila Martínez iniciara el procedimiento para intentar hacerse con la propiedad del edificio de la Unión Salinera. El último paso en todo este embrollo se dio hace unos meses con una sentencia de la Audiencia Nacional que daba la razón al Ayuntamiento ante su demanda contra el Ministerio de Medio Ambiente por dar un derecho preferente a Unión Salinera para hacerse con su concesión administrativa. Además, aún queda pendiente la resolución a otra denuncia sobre la obligación que tiene el Estado de afrontar la rehabilitación del inmueble.

A la espera de que se reactive en algún momento su recuperación, todo este movimiento para dar una salida al Molino de Mareas se inició en septiembre de 1998, cuando el Ayuntamiento intentó negociar con Unión Salinera para hacerse con la propiedad del inmueble dado el estado en el que ya se encontraba. A la par, el Gobierno municipal empezó la tramitación ante la Delegación Territorial de Cultura de la Junta para que se declarase el Molino de Mareas del Río Arillo como un Bien de Interés Cultural (BIC), introduciéndose finalmente el edificio en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz tras una resolución de la Consejería de Cultura con fecha de 21 de febrero de 2002.

El intento de compra no fructificó, por lo que en febrero de 1999 ya se requirió desde el Consistorio a la propietaria a que realizara obras de seguridad, conservación y ornato, haciendo la empresa caso omiso a esta solicitud, un hecho que provocaría el inicio de un expediente de expropiación forzosa, que quedó paralizado tras un recurso que interpuso la empresa.

En aquellas fechas ya se hablaban de diferentes ideas para dotar de vida al Molino de Mareas del Río Arillo y al propio Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Por un lado, se trató la posibilidad de convertir el edificio en un centro de interpretación del propio Parque Natural. Por el otro, se trabajó en la idea de convertir las construcciones que se encuentran en el entorno de las salinas en casas rurales, dotándole al proyecto de un carácter turístico al ligarlo a otras actividades como un cultivo acuícola o la recreación del trabajo salinero que se hacía en este lugar. Proyectos que nunca avanzaron y que se quedaron en el cajón.

Tras años de tiras y aflojas, el Ayuntamiento dio el paso en 2004 al iniciar el expediente de expropiación de este inmueble ante las negativas de Unión Salinera a realizar las obras de seguridad que tenía que ejecutar. Esto hizo que, tras una sentencia del TSJA en la que se eximía a la empresa de hacer esta intervención, se quisiera hacer con su propiedad.

Dentro de este expediente, los problemas aparecieron cuando la Demarcación de Costas, en aquel momento dirigida por Federico Fernández, le comunicó al Ayuntamiento que no podía realizar esta expropiación debido a que el edificio se encontraba dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Una advertencia que acabó en los tribunales en 2007 cuando el Ayuntamiento ya había firmado el acta de ocupación para la expropiación del inmueble a Unión Salinera por un justiprecio de 141.666 euros. Al final, en 2010, Costas recibió una sentencia favorable a su demanda. Como consecuencia de los pasos dados por el Gobierno local para la expropiación, en el mismo 2007 se realizaron obras de seguridad en el Molino de Mareas para evitar su derrumbe.

Con todo, en esta discusión entre el Ayuntamiento y Costas -con la Junta como espectador, aunque también tenía mucho que decir por ser parte interesada en la recuperación del edificio- se solaparon los proyectos. El Consistorio ya había elaborado el suyo, contemplando un presupuesto de 848.000 euros para su rehabilitación. Sin embargo, Costas decidió encargar uno propio en 2008 que se iba a basar en el municipal. La empresa Ines, Ingenieros y Consultores se hizo con esta adjudicación por 59.827,20 euros. Un trabajo que se pidió sin quedar definido su uso, aunque en aquel momento se habló de convertirlo en un ecomuseo.

A partir de este anuncio, se han sucedido los requerimientos para conocerlo por parte del Ayuntamiento, así como las solicitudes para que se rehabilite. A falta de soluciones favorables para sus intereses, el Consistorio acabó demandando al Ministerio de Medio Ambiente. Con todo, su recuperación sigue paralizada y sin visos de que se active a corto plazo por todo el embrollo administrativo y la necesidad de poner en marcha un proyecto común en el que se englobe a todas las partes afectadas.

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