Las defensas piden que se suspenda el juicio por Rilco

Los abogados de los dos principales acusados en el caso Rilco, los ex delegados de la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna pidieron ayer en la primera sesión del juicio oral en la Audiencia Provincial la nulidad de la vista en base a una supuesta vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. A ellos se les unió también el letrado de otro de los acusados, el ex director de Informática del Consorcio de la Zona Franca, José David Sánchez, que entre otras cuestiones también argumentó que habían prescrito algunos delitos.

Ese fue el segundo intento. El primero se produjo en las consideraciones previas al juicio cuando los abogados de distintos acusados, entre ellos los de Miguel Osuna y Manuel Rodríguez de Castro, solicitaron la suspensión del juicio ante la aportación de nuevas pruebas por parte de las defensas. Una de ellas había sido solicitada por el letrado de Osuna, Felipe Meléndez, y es un cronograma aportado por la empresa Telvent Interactiva, una de las encargadas de desarrollar el portal informático en el que se detallaba toda la actividad que había tenido Rilco. Este informe llegó el mismo jueves.

Otro de los documentos, también con el mismo volumen de páginas, lo ha aportado la defensa del matrimonio Leiva, los dueños de la empresa Miami Free Zone, que fue la que se llevó el concurso en primera instancia para desarrollar el portal informático a pesar de su presunta falta de experiencia y por la que se desvió el dinero que salía de Zona Franca.

El letrado ha aportado archivos encontrados después de seis años en un ordenador en el que se demuestra, según la defensa, que sí desarrolló la actividad para la que fue contratada.

También hay un informe del Ministerio de Industria, remitido con carácter urgente a petición de la defensa de Manuel Rodríguez de Castro, que vendría a acreditar que la utilización de las subvenciones concedidas se ajustaban a los criterios para las que se concedieron.

Y es que, aunque se está en el inicio del juicio, las defensas ya dieron muestras en la mañana de ayer de por dónde pueden ir las estrategias, que en este caso es que el proyecto tuvo utilidad. Incluso, el letrado de Rodríguez de Castro llegó a argumentar que la Zona Franca de Cádiz renovó el pasado mes el dominio del portal Rilco. Todos ellos pidieron más tiempo para poder estudiar detenidamente toda la documentación que había llegado a última hora. Sin embargo, las acusaciones se oponían a ello y el tribunal finalmente no decretó la suspensión del juicio al considerar que los documentos aportados "no tienen trascendencia".

Sin embargo, tendrá que pronunciarse el lunes en la reanudación del juicio sobre las peticiones de nulidad que han hecho las defensas de Miguel Osuna, Manuel Rodríguez de Castro y José David Sánchez.

Felipe Meléndez, que defiende a Osuna, basa la petición de la nulidad del auto para el juicio oral en varias consideraciones. Una de ellas es que el abogado del Estado que está en la acusación, José Aurelio Ruiz, también va a tener que declarar como testigo en la vista ya que asesoró a Osuna en su gestión. En este sentido, asegura que los testigos no pueden estar presentes en las declaraciones de los acusados. Así, pidió la suspensión de la vista para que ocupe su puesto otro funcionario totalmente independiente.

El otro argumento por el que cree que se produce una vulneración de la tutela judicial efectiva es porque durante toda la instrucción y en su misma declaración en el año 2006, Osuna lo hace imputado por un delito societario y por la omisión del deber perseguir un delito. Ya después no se le vuelve a llamar y en ninguno de los autos se habla de delitos de malversación o cualquiera de los otros que se le acusó en el auto para el juicio oral, que ya no era recurrible. La acusación estima que tanto en su declaración como a lo largo de la instrucción se le imputa el haber pagado indebidamente los último plazos del contrato a Miami Free Zone.

El letrado de Rodríguez de Castro dijo que no había podido acceder a toda las pruebas y el de José David Sánchez, que las acusaciones carecían de precisiones y que han prescrito varios delitos. Las distintas acusaciones no creen que haya motivo para la suspensión del juicio.