El déficit de pisos de alquiler en Cádiz pone en un aprieto a algunas administraciones y partidos políticos

La vivienda es, junto al desempleo, el gran problema de Cádiz desde hace más de un siglo. El crecimiento de la población de la capital hasta mediados de la pasada década de los 90 incrementaba año tras año el déficit de vivienda, especialmente la pública, de mayor complejidad por su relevancia social.

La falta de suelo impide actuaciones de calado. Atrás quedó la operación del relleno para construir la barriada de La Paz, insuficiente ante la magnitud de un problema que incidía entonces con fuerza, hablamos de los años 60 y 70 del pasado siglo, en la precariedad habitacional del casco antiguo, con cientos y cientos de infravivienda. Solventar esta situación tercermundista, iniciada con el cambio de siglo, se topó también con la dificultad de encontrar suelo donde levantar edificios de realojo para quienes salían de intramuros.

Viendo el mapa de la ciudad de Cádiz está claro que es imposible encontrar una solución al problema de la vivienda, donde, no olvidemos, debe entrar también en juego la vivienda libre, para una capa de la sociedad que tiene capacidad para adquirir un piso y cuya renta, media o alta, ayuda al crecimiento económico de la ciudad.

Cuestiones como el censo de habitantes, la necesidad imperiosa de no bajar de los 100.000 vecinos, con lo que ello supondría de merma a los ingresos que del Estado recibe un Ayuntamiento como el de Cádiz que siempre va con lo justo, pone traba a la búsqueda de soluciones más allá de nuestras fronteras. Pues es en la visión de nuestras ciudades como una Bahía unida donde sólo se puede mejorar, en este y en otras cuestiones.

Hoy, el registro de la vivienda de Procasa cuenta con unos 3.000 demandantes, tras la limpieza de su listado hace unos meses. Son 3.000 viviendas, en su mayoría para familias con ingresos tan escasos que sólo pueden afrontar un alquiler social. O como mucho la compra de una VPO a precio casi de saldo. A estos demandantes se unen gente joven que viven con sus familias y quieren independizarse y no pueden, o quienes viven en casas pequeñas o de alquiler y quieren mejorar. O los que se fueron en un día y pretenden retornar a su ciudad natas. En conjunto, varios miles de pisos más necesitados en una ciudad cuyo límite de construcción residencial se alcanzarán más pronto que tarde.

Así que cuando aparece un suelo, un proyecto, goloso por la cantidad de pisos a construir, más allá de un milagro pone a prueba la capacidad de las administraciones a la hora de gestionar lo público. Pone a prueba la palabra dada, la defensa de lo prometido en su momento, y la necesidad que tiene la ciudad de que se actúe pensando en ella y no en los intereses políticos.

Las diferencias, ahora, sobre Navalips

Todo eso no está pasando en el plan de urbanización de Navalips. Un equipamiento propiedad del Estado que, unido a parcelas privadas, creará un gran suelo donde construir 800 viviendas además de equipamientos y jardines. Un convenio firmado hace unos años, entre el Estado, la Zona Franca (impulsora de esta idea) y el entonces Ayuntamiento de José Marñia González, Kichi, activó una operación de la que sólo cabían beneficios para la ciudad, y más con el apoyo de todas las administraciones implicadas.

En marcha la lenta burocracia, cuando se ultimaban los últimos papeles para proceder a la adjudicación de las obras, se rompe el espirítu del convenio poniendo en evidencia a quienes hoy dicen cosas que en su día no dijeron, quienes hoy quieren cambiar el peso de la balanza y quienes quieren poner en aprietos a los que, curiosamente no estuvieron en esa firma simplemente porque aún no tenían responsabilidades políticas.

De pronto, desde la coalición de izquierdas que gobernaba la ciudad el día en el que salió adelante Navalips: recordemos, 800 viviendas, de las que la mitad serían de renta libre y el resto de titularidad pública, unos hablan de que quieren pisos públicos de alquiler y otros que ellos no tenían nada que ver con el convenio porque no estaban de acuerdo con su contenido. Y, a la vez, quienes forman parte del partido, el PSOE, que es el que manda en la Zona Franca, ahora presionan para aumentar la renta pública y e intentan poner en un brete al actual gobierno municipal.

Poco dado durante sus primeros meses de gestión a levantar la voz, o al menos a enfadarse, el alcalde Bruno García, ha estado hábil en su contestación a este debate magnificado: El "hazlo tú", dirigido al PSOE y a IU, como integrantes del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ha puesto inicialmente a cada uno en su sitio. Si el Estado es el que dueño de Navalips, que afronte con sus recursos la construcción de todas las viviendas públicas de alquiler que ahora se le demanda.

Hace apenas unos días el SEPES, el organismo estatal que es dueño del suelo de Navalips, compró una parcela al Ministerio de Defensa en la calle Real de San Fernando para construir 71 viviendas asequibles. ¿Tan complicado era hacer lo mismo en Cádiz, más cuando se era propietario de más de la mitad de la parcela donde se va a actuar?

Junto a la falta de suelo, el problema de la vivienda en Cádiz, al contrario de lo que pasa en otras ciudades, se convierte en un problema de intereses políticos, de una forma de conseguir réditos electorales aunque se vaya en contra de sus pasados compromisos, de sus pasadas declaraciones. Y así nunca avanzaremos.

En esta reflexión podrían entrar también algunos colectivos sociales que en los últimos meses han demandando pisos asequibles en Navalips y en Casitas Bajas, cuando permanecieron en silencio sobre ambos terrenos cuando al frente del Ayuntamiento gobernaban formaciones cercanas a su ideología. Se supone que las necesidades de ahora eran idénticas a las de entonces.

Uso para viviendas en San Severiano

Visto lo que está ocurriendo en Navalips, las administraciones deberían de tomar nota, antes de defraudar más a la sociedad. Tenemos pendiente aclarar los usos de otro gran solar públicos: el de San Severiano donde en su día iba a construirse la sede de la Ciudad de la Justicia. En este caso es propiedad de la Junta, que anuncia un gran edificio administrativo, con un elevado coste, completando el suelo con viviendas y otros equipamientos. ¿Por qué la Junta no dedica el cien por cien de este espacio a vivienda pública? en lugar de más oficinas. Y ya puestos, con una visión a medio plazo: ¿Por qué el Estado no da de una vez el paso de reordenar el polígono exterior de la Zona Franca para compatibilizar la construcción de más pìsos?

Junto a Navalips, y pendiente de que se aclare qué va a pasar en Casitas Bajas, son las tres grandes opciones que le quedan a Cádiz a la hora de construir las necesarias viviendas de alquiler social y pisos públicos asequibles. Más allá de eso, sólo queda la Bahía.