Denuncia al Ayuntamiento de Chiclana por un supuesto delito contra la salud pública por carecer de servicio de recogida de animales

Cádiz/Una activista de la Asociación Gatoru, protección y defensa felina ha denunciado al Ayuntamiento de Chiclana por un supuesto delito contra la salud pública por carecer del servicio de recogida de animales, tal y como obliga la ley. Al igual que sucedió en la capital gaditana el pasado 19 de marzo, fue el hallazgo de un gato muerto en la vía pública y la llamada a la Policía Local fue lo que puso en evidencia que el Ayuntamiento de Chiclana no dispone de esta prestación esencial desde que la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz secuestrase el contrato que mantenía con Athisa, después de que se descubriesen las terroríficas condiciones en las que mantenían a los animales albergados en este centro de supuesta protección animal.

La denuncia en este caso se interpuso ante la Guardia Civil, según consta en el documento al que ha tenido acceso este periódico. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 6 de abril de 2025, a las 19:00 horas, en la calle Cristo de la Humildad y Paciencia de la localidad chiclanera.

A las 19:08 horas de ese día, la presidenta de la Asociación Gatoru, protección y defensa felina pone en conocimiento de la Policía Local la aparición del cuerpo de un gato fallecido sobre la calzada. "El agente de policía me comunica que Chiclana no dispone de servicio de recogida de animales fallecidos", asegura la denunciante. "Le pido que un agente se persone para que proceda a la lectura del microchip para su posible identificación, pero me dice que en jefatura no pasan el lector a los gatos y que le preguntará a su superior si éste sí lo hace. Me sugiere que notifique los hechos a través de la entrada del registro del ayuntamiento de Chiclana para que pongan medios al respecto.

"Seguidamente le pregunto qué harán con el cuerpo, y me vuelve a reiterar que el municipio no dispone de servicio de recogida y que se quedará en la calzada; y que, además, han intentado en varias ocasiones que el servicio de limpieza recoja a otros animales fallecidos. Le digo que me quedaré a la espera del agente junto al cuerpo y me dice que en cuanto haya una patrulla disponible se presentará en el lugar de los hechos".

"A las 19:25 horas acudieron dos agentes y procedieron a la lectura del microchip. Confirman que se trata de un gato sin identificar. Me identifico y uno de los agentes lo registra en el parte policial. Le pido copia del parte y me dice que puedo pasar a solicitarlo el día siguiente a partir de las 6:00 horas. Los agentes se marchan y el cuerpo se queda en la vía pública", relata la activista.

"A la mañana siguiente, el día 7, a las 12:00 horas me presento en comisaria y solicito copia del parte de la actuación policial para poderlo adjuntar a una denuncia. Los dos agentes que me atendieron me dicen que al no tratarse de un atestado que implique un delito penal, no pueden proceder a facilitarme copia del parte. Tras insistir en mi derecho a acceder al informe policial, me dicen que puedo solicitarlo, previo pago, a través del registro en el ayuntamiento. Omiten que también lo puedo solicitar en la administración de comisaría", añade la denunciante.

"En una segunda visita a comisaría, el día 8, me facilitan formulario para presentar solicitud del informe, pero administración no lo da por válido y, por tanto, no le asigna número de registro. A las 14:28, recibo una llamada de la residencia canina La Luna de Cádiz. Me pregunta dónde está el cadáver del gato para recogerlo; que está en el lugar de los hechos y no lo encuentra. Le digo que el gato, por indicación de la Policía Local y por no disponer de servicio de recogida, se quedó en la vía pública. Me dice que a la veterinaria municipal, la Policía Local le comunica durante la mañana la actuación policial que tuvo lugar la tarde anterior y le ha dado orden para retirar el cadáver. Me dice que desde ese mismo día ya hay disponible servicio de recogida mediante contrato menor (aún por tramitar) y que tan solo es la veterinaria municipal quién dará orden de los avisos de los animales fallecidos en el municipio".

Por último, la denunciante recuerda que "el Ayuntamiento está obligado por ley a la contratación de un servicio de recogida de animales, certificar la muerte de un animal por el personal cualificado y a trasladar el cuerpo en un vehículo homologado que asegure la gestión del cadáver para así asegurar que no ocasione un peligro para la salud pública y el miedo ambiente".

Conil también, sin servicio y en Jerez "se mantiene una perrera ilegal"

La situación es similar en otras poblaciones gaditanas. Representantes sindicales de la Policía Local de Conil denunciaron reciente y públicamente en una televisión local que el Ayuntamiento conileño también carece de servicio de recogida de animales desde que el Consistorio dejó de pagar sus facturas a CECASUR, "una empresa que les hacía el apaño como centro de recogida y por impago ahora llevan más de un año sin tener servicio de recogida de animales", informan desde la Plataforma 'Sin Miedo', que aglutina a mujeres defensoras de los derechos de los animales en distintos municipios de la provincia como Cádiz, Chiclana, Conil, Jerez, San Fernando y Puerto Real.

El colectivo además alerta de que Jerez "continúa con su perrera ilegal, que para colmo de males, hace un año está siendo gestionada por Athisa, esa misma empresa que está siendo juzgada en Chiclana por maltrato animal".

Reuniones sin resultados en Cádiz

"Años de reuniones con concejales y técnicos competentes en esta materia dejan evidencia de la desidia desde los Ayuntamientos en materia de Bienestar Animal", sostienen. "Por ejemplo, la última reunión que mantuvimos en Cádiz, el 21 noviembre de 2024, con el concejal José Carlos Teruel, en la que se le propuso trabajar en equipo con Rebeca Gascón, de Federación de asociaciones de Gestión de Colonias Felinas y Lola García, abogada de Derecho&animales, parecía que en principio llegaría a buen fin y sin embargo, su respuesta a día de hoy ha sido el silencio y mientras siguen sin cumplir con la Ley de Bienestar Animal", argumentan.

"Si hablamos de colonias felinas, igualmente se incumple la normativa. Es más, algo que debería hacernos pensar es que la Dirección General de Derechos de los Animales es el tercer año que convoca una subvención para cubrir los cuidados de los gatos comunitarios y ninguno de los ayuntamientos de los municipios nombrados han accedido a ella por no completar los requisitos o por ni siquiera presentar el proyecto", agregan.

Llaman a la ciudadanía a denunciar

El colectivo sostiene que por acción u omisión todos estos ayuntamientos "están poniendo en riesgo la salud pública". Recuerdan que "los delitos que tienen que ver con los animales no son de segunda, ya que Artículo 333 bis del Código Civil los considera seres sintientes y por ello la muerte de un ser vivo exige un tratamiento penal".

Desde esta plataforma hacen un llamamiento a la ciudadanía a interponer denuncias contra el ayuntamiento "cada vez que seamos conscientes de un delito en materia de bienestar animal por parte del consistorio y recordar que el artículo 259 de la Ley de enjuiciamiento criminal nos obliga a ello".

Así, desde la plataforma alientan a actuar frente a supuestos delitos contra la salud pública, por maltrato animal o por incumplimiento del Decreto 1119/1975, de 24 de abril, sobre autorización y registro de núcleos zoológicos; de la Ley 11/2002, de protección animal; de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales y del Real Decreto 1882 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.