Derechos Humanos critica la política de vivienda pública del Ayuntamiento de Cádiz

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz (APDHA) ha realizado un análisis de la política llevada a cabo este año 2024 por las distintas administraciones en materia de vivienda pública en la ciudad, para lo cual ha tenido en cuenta el decálogo de propuestas que la entidad presentó en octubre de 2023 y que incluía entre otras medidas como la de no vender la vivienda hecha con fondos públicos, el impulso de la vivienda vacía, la cesión de viviendas a colectivos sociales, la promoción de viviendas de alquiler o la declaración de zonas tensionadas en la ciudad para la limitación de los precios de los alquileres, así como el control de la proliferación de viviendas y apartamentos turísticos para el que es necesaria la paralización urgente de nuevos permisos

La mayoría de estos planteamientos realizados por la asociación, según Derechos Humanos, no se han tenido en cuentan por tanto no hay avances y podemos hablar pues de una retraso que se está produciendo en materia de vivienda pública en la ciudad.

Por una parte, "el ayuntamiento ha revertido el acuerdo adoptado en el Consejo de Procasa en 2021 por el que las viviendas de alquiler con compra para jóvenes que no se hubieran vendido pasaran a ser de alquiler. El nuevo acuerdo las mantiene en venta, trasladando o expulsando a sus actuales inquilinos en caso de no poder comprar".

Tampoco se ha desarrollado, explica la asociación gaditana, ninguna actividad dirigida a impulsar el uso de la vivienda vacía, ya sea mejorando el programa de alquiler justo que existe, ampliando las ayudas que dicho programa aporta a la rehabilitación de viviendas a cambio de ofrecerlas al alquiler o bien explorando vías como las que hoy permite la ley para penalizar con subidas del IBI la falta de uso de estas viviendas. Es preciso que desde entidades e instituciones se presione para que en el Congreso se legisle sobre vivienda de notorio abandono y poder recuperarlas par ponerlas al uso de la ciudadanía.

Igualmente, desde 2022 no se ha vuelto a sacar la convocatoria para ceder viviendas públicas a entidades sociales que trabajen con personas sin hogar o colectivos vulnerables y que hasta la fecha habían ofrecido ocho viviendas a este fin.

En todo el 2024, asegura la APDHA , "no se ha comenzado ninguna obra nueva de vivienda pública y de las cuatro promociones iniciadas con el gobierno municipal anterior hay una concluida que tras más de seis meses sin uso se ha destinado por fin a la atención a las personas sin hogar, lo cual nos parece muy positivo".

La asociación lamenta que el ayuntamiento no haya instado a la Junta de Andalucía para el cumplimiento de la ley de vivienda y se proceda a la declaración de las zonas tensionadas que habría ayudado a limitar los precios de los alquileres en Cádiz.

"En cuanto a la vivienda turística, se reconocen gestos para el control sobre la vivienda turística ilegal, pero los expedientes sancionadores no llegan ni a una veintena pues no se cuenta con personal de inspección específico para ello. APDHA Cádiz reitera la necesidad de una moratoria inmediata tanto de viviendas como de apartamentos turísticos en toda la ciudad y una reversión de todas las viviendas que incumplan el PGOU", señala la asociación.

En otro orden de asuntos, APDHA Cádiz denuncia que "se ha suspendido el diálogo con el tejido social en materia de vivienda al no volver a convocar la Mesa Tripartita desde hace años. Igualmente se ha dejado sin funcionamiento el Observatorio de la Vivienda y tampoco se ha avanzado nada en el proyecto de remodelación de la barriada Tacita de Plata".

En cuanto a la Junta de Andalucía, la APDHA celebra la entrega de las viviendas de la segunda fase de Matadero, pese a que la Junta ha tardado más de una década en aportar vivienda pública a la ciudad. No obstante, la asociación reitera "el profundo malestar por la venta a manos privadas del suelo para 207 viviendas de Loreto-Puntales". Según la asociación, esto ha supuesto "una magnífica oportunidad perdida" para aumentar el parque público, pero la Junta ha preferido hacer negocio y contar con seis millones de ganancias que, parece, no tiene intención de revertir en el desarrollo de otras viviendas. Sobre la séptima fase del Cerro del Moro, "la entidad manifiesta su apoyo total a los vecinos y las vecinas ante lo que consideran un atropello de la Junta de Andalucía que pretende arrebatarles la propiedad de sus viviendas originales tras tres décadas de mentiras y falsas promesas".

Respecto al Gobierno central, la APDHA insiste en reclamar que el Estado intervenga para que las 400 viviendas protegidas de la antigua Navalips se destinen al alquiler social y asequible de jóvenes.

Para finalizar, la APDHA comunica que seguirá reclamando el cumplimiento de su decálogo de propuestas que presentó en su día por considerar que son útiles para avanzar en el derecho hacia una vivienda digna. Así mismo continuará con su campaña de denuncia de suelos públicos susceptibles de destinarse a viviendas públicas o a alojamientos residenciales como ya ha hecho en el solar de Tolosa Latour, en la zona conocida como de las Casitas Bajas o en las tres fincas contiguas de la plaza de La Merced: "Solo estos tres suelos podrían aportar más de un centenar de viviendas públicas a la ciudad, lo que para la asociación evidencia que el problema no es la falta de suelo sino la desidia y el desinterés de las administraciones públicas en materia de vivienda".

También la APDHA Cádiz seguirá promoviendo cuantas movilizaciones ciudadanas puedan realizarse para exigir el derecho a la vivienda digna.