Derechos Humanos pide suspender el desahucio de una familia del barrio de Guillén Moreno en Cádiz

La Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (Apdha) reclama al Ayuntamiento gaditano que suspenda de manera inmediata el lanzamiento, tras desahucio, de una familia de una vivienda de Procasa en el barrio de Guillén Moreno. La Apdha considera que es una "contradicción fuera de toda lógica que, dentro del seno del propio ayuntamiento, un departamento interponga una denuncia por ocupación de vivienda pública y otro emita un informe que avala la vulnerabilidad de la familia de cara a suspender o retrasar el desahucio".

Estima el colectivo que "si los servicios sociales municipales han dictaminado la existencia de vulnerabilidad en el caso de esta familia, formada por una madre con problemas de salud y con dos menores a cargo, parece evidente que el ayuntamiento debería acatar el Real Decreto-ley 1/2025 de 28 de enero, por el que se prorroga durante todo el 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional".

Según la Apdha, dicha norma aprueba la suspensión de dichos procedimientos en los casos de impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y de quienes habiten sin título una vivienda que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas.

La citada entidad considera que la familia denunciada está en este supuesto y, más allá de la demanda que va a hacer la afectada para acogerse a dicha suspensión, debería ser el propio ayuntamiento el que le procurase esta posibilidad legal.

"Se da la circunstancia de que, además, pudiendo optar por la vía civil o el desahucio administrativo, Procasa ha denunciado a esta ciudadana por lo penal, lo que conllevará además del desalojo, la imposición de una multa que, de no cumplirse, puede llevar pareja la privación de libertad. Resulta inaudito, en opinión de Derechos Humanos, que se busque criminalizar a una familia vulnerable, cuando lo más grave es la inoperancia de los poderes públicos para hacer cumplir el derecho fundamental a la vivienda", incide Derechos Humanos.

Por una alternativa digna en los casos de desahucios

Para la citada asociación, "lo que se está incumpliendo gravemente es la obligación que tienen las administraciones de ofrecer una alternativa digna en los casos de desahucios para así garantizar la protección de las personas vulnerables y, muy especialmente, de los menores".

De no contarse en la actualidad con el recurso necesario, "la suspensión de este desahucio puede permitir disponer de mayor tiempo y mayores posibilidades para ofrecerle a la familia un alojamiento transitorio, si es que están ocupados los que existen en la actualidad, o para ayudarles a encontrar un alquiler residencial a abonar con las ayudas municipales que existen a tal fin".

En definitiva, la APDHA considera totalmente "injustificado" que el ayuntamiento proceda "a arrojar a una madre enferma con dos menores a la calle, sin promover todos los mecanismos necesarios para procurarles el derecho a una vivienda y sin ni siquiera permitir que los menores concluyan el curso escolar, como así avalan multitud de sentencias". Por todo ello, la asociación insta directamente al alcalde "a interrumpir de manera inmediata este lanzamiento y a que se le condone la multa a la afectada, por cuanto que el ayuntamiento está actuando de una manera desproporcionada y profundamente antisocial".