Derechos Humanos pide a la Zona Franca de Cádiz y al Gobierno pisos de alquiler social en Navalips

La Apdha insiste en que la construcción de 800 viviendas, la mitad de renta libre y la otra mitad, protegida cierra la puerta a esta posibilidad, tan necesaria en la ciudad

El colectivo reclama una rectificación y que el consorcio fiscal y el Estado impidan la especulación inmobiliaria en suelos públicos

Zona Franca mantiene las previsiones de la operación de Navalips

El plan inmobiliario en Navalips, con 812 viviendas, podrá iniciarse en el primer tramo de 2025

Solar de Zona Franca que antes ocupaba Navalips, donde se edificarán las 800 viviendas en Cádiz. / D. C.

Cádiz/La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha vuelto a reclamar a la Zona Franca de Cádiz que el suelo de la antigua Navalips sea para alquiler. La Apdha considera que los suelos provenientes de la antigua Navalips en manos del consorcio fiscal y de la empresa pública Sepides, con el Gobierno Central como último responsable, "no deben ser objeto de especulación y de negocio por muy rentable que vaya a ser para sus propietarios".

"La construcción de 800 viviendas, la mitad libres y la mitad protegidas, todas en venta, nos aleja de la posibilidad de destinar buena parte del escaso suelo disponible en la ciudad a la gran mayoría social de nuestra ciudad que no puede acceder al derecho a la vivienda como no sea por el régimen de alquiler", argumentan.

Pancarta de al Apdha en los terrenos de Navalips. / APDHA

Incógnita sobre la venta del suelo

"Respecto a las viviendas protegidas, Zona Franca no ha aclarado si piensa promoverlas ella directamente o si tiene intención de vender los suelos a empresas privadas para que las hagan y gestionen ellas. Tampoco ha informado a la ciudadanía de qué tipo de régimen de protección tendrán dichas viviendas", añaden

La Apdha teme que "esta falta de información esconda la intención de destinarlas a VPO de régimen limitado que son las viviendas protegidas más caras, con precios similares a las de venta libre, y con una protección de apenas siete años. En definitiva, viviendas privadas que al poco tiempo volverían a estar en el mercado y sujetas a especulación o a un uso distinto del residencial".

Ajustarse a la Ley de Vivienda

Desde el colectivo se señala la responsabilidad del Estado y de sus máximos representantes en la ciudad en este tipo de políticas, "que tratan el suelo como un negocio lucrativo, sin tener en cuenta las necesidades reales de la población". Por todo ello, la Apdha reclama que Gobierno Central y Zona Franca reconsideren la política de vivienda que deben favorecer y poner en marcha ajustándose al propósito de la Ley de Vivienda de fomento del alquiler.