El desahucio como espada de Damocles

Ana María Montero vive al límite y está “desesperada”: tiene una discapacidad del 33%, un grado I de dependencia y sus ingresos se limitan al mínimo vital, algo más de 500 euros al mes. Sobre esta gaditana de 67 años se cierne una orden de desahucio que debía ser ejecutada el próximo martes, 11 de julio, pero que el juzgado ha suspendido momentáneamente porque, de llevarse a cabo, dejaría a Ana María en una situación de desamparo vital. La jueza considera en su resolución que antes de que se lleve a cabo el desahucio, que legalmente apenas tiene posibilidad de ser anulado, los servicios públicos deben proteger a Ana María ante su evidente situación de exclusión social. Es decir, no puede haber desahucio hasta que no disponga de una vivienda alternativa.

Resulta difícil, prácticamente imposible, que Ana María se libre con la ley en la mano de un desahucio que se ha convertido para ella en su particular espada de Damocles, una amenaza legal que, en su caso, sería imposible de ejecutar sin dejarla en una clara situación de indefensión que es, precisamente, lo que trata de proteger el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Cádiz, que está a la espera de recibir informes de diversos organismos públicos sobre el futuro de esta mujer.

Ana María Montero vive con su hermano, desempleado, en un piso de la calle Tolosa Latour propiedad del Ministerio de Defensa, en la vivienda que hace ya muchos años fue asignada a su padre por parte del Instituto de Vivienda, Infraestructura y equipamiento de la Defensa, INVIED, el organismo estatal que resolvió a favor de su desahucio en enero de 2022, y que se disponía a ejecutar el 11 de julio a las diez y media de la mañana.

Cuando falleció su padre, su esposa, madre de Ana María, siguió residiendo en la vivienda porque así lo estipula la normativa del INVIED. Pero a la muerte de su madre, en 2018, Ana María y su hermano perdieron el derecho de seguir viviendo en la casa. Desde entonces, Ana María Montero ha batallado como ha podido para evitar el desahucio. Un proceso administrativo de cinco años que se resolvió finalmente en su contra cuando el pasado 16 de junio el INVIED fijó “el lanzamiento de todos los ocupantes de la vivienda militar el próximo 11 de julio de 2023, a las 10.30 horas de la mañana, habiéndose solicitado el auxilio de la autoridad gubernativa y designado representante de este instituto”.

La decisión de este organismo de Defensa había sido autorizada unos días antes, el 9 de junio, por el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Cádiz. Entonces, la magistrada autorizó la entrada a la vivienda para ejecutar el desahucio, porque la normativa amparaba esa drástica solución, pero al mismo tiempo acordó en la parte dispositiva de su auto la necesidad de exigir “una medida de protección para evitar una situación de desamparo por el lanzamiento”.

La medida judicial dictada por la juez fue la siguiente: “El libramiento de oficios a la entidad Procasa (empresa municipal de viviendas de Cádiz), a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, adjuntando copia testimoniada del presente auto así como del informe social de fecha 3 de mayo de 2023, a fin de que procedan al estudio y valoración sobre la adjudicación de una vivienda protegida a doña Ana María Montero”.

Su abogado de oficio interpuso un recurso de apelación contra este auto para solicitar la suspensión de la autorización del desahucio “en tanto no se otorgue protección real (a Ana María) por los irreparables perjuicios que se le van a ocasionar de permitirse su inmediata ejecución sin tiempo a que pueda ser amparada por quien tiene la obligación de hacerlo”.

La aceptación de este recurso, a la espera de la respuesta de los organismos públicos (sólo el AVRA lo ha hecho hasta ahora), ha dado algo de aire a Ana María Montero, que sigue teniendo sobre su persona la amenaza de un desahucio que la colocaría literalmente en la calle. Y es que el informe de los servicios sociales municipales emitido en mayo de este año es demoledor: “Ana María se encuentra en situación de exclusión social”.