Los desahucios inmunes a la Covid

Cádiz/Bien porque la “situación vulnerable” está instalada en la estructura social desde un tiempo inmemorial, bien por desconocimiento, “por vergüenza”, o bien porque las tragedias no siempre encuentran su reflejo en un documento oficial, parece que el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y sus posteriores modificaciones, no ha venido a dar respuesta a la necesidad de los gaditanos que no tienen un techo asegurado. Los desahucios se paralizaban, anunciaba el Gobierno Central a comienzos de la pesadilla vírica. Pero había letra pequeña: los desahucios de las personas en situación de vulnerabilidad como consecencia de los estragos económicos causado por la Covid-19. Y en Cádiz –industria desmantelada, a la cabeza de la tasa de paro española y, entonces, con un creciente negocio de pisos turísticos que amenazaba y encarecía el alquiler de larga duración–, la vulnerabilidad ya venía de serie...

En los juzgados, la impresión se hace realidad. “Paralización de lanzamientos por situación de vulnerabilidad debida a la Covid no tenemos constancia”, asevera Pablo Sánchez, juez decano de Cádiz, al que sí, “personalmente”, le ha llegado “un caso solicitando que se paralice el lanzamiento de desahucio porque concurre una situación de vulnerabilidad de la persona que ocupa la vivienda, pero no por las consecuencias económicas de la Covid sino por la regulación de la legislación hipotecaria”, especifica.

“La incidencia de esta legislación específica en la ciudad de Cádiz es muy escasa, no se está pidiendo la suspensión apenas por este motivo”, certifica el magistrado que, sin embargo, informa de una bajada de demandas de desahucios con respecto al año anterior (¿debido a la paralización inicial de los procesos en el estado de alarma o por que la ley ha funcionado como elemento disuasorio o simplemente se habrá activado cierto grado de empatía por la dureza de la situación a la que hemos estado sometidos?).

Aunque ninguna de las personas consultadas pueden dar respuesta a estas cifras, la realidad es que si en 2019 los juzgados de Cádiz recibieron 240 demandas, en lo que va de este 2020 han descendido hasta 181 “alegándose los motivos habituales, por impago, sobre todo, pero a los que no se interpone causa de oposición específica por la Covid”, asegura Sánchez.

Tampoco el Real Decreto –que en estos días en el seno del Gobierno se ha estado negociando su ampliación a lo largo (hasta que dure el actual estado de alarma) y a lo ancho (también para personas en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, quizás con este supuesto podría tener más incidencia en Cádiz)– ha servido para aliviar la situación de los inquilinos del parque público de viviendas de Procasa.

Así, de las dos modalidades de moratoria de pago de abril a junio aprobadas por su Consejo de Administración (una para las personas que cumplían los requisitos del reglamento, otra para los que no se ajustaban a norma pero que hubiesen visto mermados sus ingresos como consecuencia del estado de alarma), ningún inquilino ha podido acogerse a la primera opción.

“Una vez finalizado el primer período del estado de alarma, se gestionaron 147 solicitudes de moratoria, ninguna acogida al RD 11/2020 debido a que la realidad socioeconómica de nuestros inquilinos difiere mucho de los perfiles definidos en el Decreto”, confirman fuentes municipales que explican que 77 de esas solicitudes “se derivaron hacia la formalización de un acuerdo de pago” y para las otras 70 “se tramitaron ayudas para el pago del alquiler, 67 a través de la línea 2 de Ayudas para vulnerables de la Junta de Andalucía, y el resto a través de los Servicios Sociales municipales”.

También afirman que al resto de inquilinos del Parque Público que no solicitaron ningún tipo de moratoria “se les ha fraccionado los meses de abril, mayo y junio en 12 mensualidades a partir del mes de septiembre de 2020”.

También a Procasa han acudido usuarios de viviendas privadas para asesorarse pero han sido “muy pocos” los que se han podido beneficiar de las medidas articuladas por el Gobierno en los sucesivos reales decretos aprobados para paliar los efectos de la Covid.

Concretamente, desde el 25 de mayo hasta la fecha, en Procasa se han atendido 63 casos y sólo 6 de ellos se podían acoger a la prórroga extraordinaria del plazo del arrendamiento por un máximo de seis meses (prórroga que aun se puede solicitar porque el plazo finaliza el 31 de enero de 2021).

En cuanto a los desahucios, han sido “escasísimos”, tildan, los usuarios que han llegado reuniendo los requisitos legales para poder solicitar su paralización “puesto que la inmensa mayoría de estas personas no han podido acreditar que su precaria situación económica haya sido ocasionada por la Covid-19”, lamentan.

También es insignificante la cifra de inquilinos que, viviendo en casas propiedad de los llamados grandes tenedores, han solicitado el aplazamiento en el pago de la renta o su condonación total o parcial. “Ese caso de máxima protección también se contempla en el Real Decreto pero en Cádiz esa situación se da poquísimo. Nosotros, por ejemplo, sólo hemos recibido consultas de inquilinos de viviendas de particulares”, explica Jesús Yesa, secretario de Facua en Cádiz, organización que ha impartido varios talleres sobre la moratoria en el pago de los alquileres y otra serie de medidas adoptadas en el Real Decreto y su efecto en la Ley de Arrendamiento Urbano.

Yesa valora como “insuficiente” el actual contenido del Real Decreto tanto en los casos de moratoria, “en el sentido de que sólo afecta a esos grandes tenedores, y eso no tiene mucha incidencia en Cádiz”; como en la paralización de desahucios “en cuanto a los requisitos de vulnerabilidad que hay que cumplir”. Por ello, celebran el último acuerdo del Ejecutivo Central “para la paralización mientras dure el actual estado de alarma” aunque están a la espera de conocer concretamente “los requisitos de vulnerabilidad económica que se establecerán para acogerse a la medida”.

Requisitos que también afectan a la situación que se dibuja en la Oficina para la Defensa de la Vivienda (Omdevi), pues de los 22 casos atendidos en el segundo semestre de 2020 –a falta de los datos de este diciembre– sólo 3 podrían acogerse a su definición. Es decir, que menos de un 14% de los casos podrán aplazar los lanzamientos por falta de pago por motivos de Covid-19.

Veintidós casos de desahucios o requerimientos firmes de deuda del alquiler en los últimos seis meses del año (más otros 3 reabiertos de años anteriores) que se producen en arrendamientos excepto uno de ellos que es un caso hipotecario.

Las cifras, eso sí, son similares a las atendidas en esta oficina antes del primer estado de alarma, aunque desde la Omdevi si están detectando actualmente “un repunte en el número de lanzamientos señalizados por motivos de desahucio, fundamentalmente por falta de pago, desde los Juzgados”, además de un aumento de “la demanda de ayudas para hacer frente a los gastos de la vivienda”.

Así, se están atendiendo 7 casos de desahucio con fecha de lanzamiento en diciembre de 2020; 8 con lanzamientos por desahucio fijados para el próximo mes de enero de 2021, 3 lanzamientos para el mes de febrero, 6 para el mes de marzo, 5 para el mes de abril y hasta uno para junio de 2021.

Pero, centrándonos en este impío 2020, si son 22 los casos en el segundo semestre del año, en total han sido 46 los lanzamientos señalados que han llegado a la Omdevi en 2020. En 2019 fueron 70 y 52 en 2018. De los casos de este año, tres ya se han resuelto desfavorablemente, dos de ellos porque el procedimiento estaba muy avanzado y un caso en el que se hizo la entrega voluntaria de la vivienda a la propiedad sin haber obtenido una alternativa habitacional adecuada.

De los 70 lanzamientos señalados el año pasado –un aumento significativo con respecto a 2018 debido a que en ese año los Juzgados comunican directamente a los Servicios Sociales municipales los procedimientos de desahucio por si son situaciones de vulnerabilidad– se resolvieron desfavorablemente 9 casos, que también entregaron voluntariamente la vivienda a la propiedad sin conseguir otro hogar adecuado.

Misma resolución tuvieron tres de los cuatro casos que no se solventaron en 2018 (con 52 situaciones atendidas). El otro caso rechazó la alternativa ofrecida por la oficina, y se suma un caso más cuyo usuario abandonó la intervención.

De vuelta al incierto pasado reciente, la impresión desde el Ayuntamiento de Cádiz es que “desde marzo se han producido menos desahucios, pero más motivado por la paralización de los juzgados que por acogerse al decreto del Gobierno, que ha tenido escasa incidencia puesto que la inmensa mayoría de afectados no han podido acreditar que su precaria situación económica haya sido ocasionada por la Covid”.

En este sentido, se reclaman “nuevas medidas y procedimientos legales por parte del Gobierno y de la Junta que impidan el desahucio a las familias vulnerables, ya sean como consecuencia de la Covid o porque lo eran con anterioridad”.

Además, apuestan por comenzar a construir “una arquitectura legislativa desde la que penalizar la vivienda vacía, modular el precio del alquiler en zonas tensionadas y regularizar los apartamentos y viviendas turísticas en aquellas ciudades en las que, como Cádiz, el fenómeno está incidiendo en la falta de vivienda residencial”.

Y es que, al fin, el problema de la vivienda es diverso y complejo y por tanto necesita múltiples soluciones. “Realmente hablamos de un drama social, mire la parte que mires”. Quien abre el foco de esta reflexión es el abogado Enrique Montiel de Arnaiz que arroja una mirada poliédrica a esta problemática por su experiencia tanto en la defensa de inquilinos como de propietarios.

“Sí te puedo decir que ha habido mucha litigiosidad. Desde marzo para acá he tenido muchos casos aunque, desde luego, en ninguno de ellos el inquilino se ha acogido al Real Decreto por motivos de la Covid”, explica Montiel que el mismo 14 de marzo, día en el que el presidente del Gobierno anunció el primer estado de alarma, tuvo “un cliente que recibió la llave de su inquilino”.

En abril, en pleno confinamiento, el bufete de Montiel de Arnaiz Abogados también defendió “a un señor, un militar, que alquilaba un piso con el que pagaba la hipoteca”. “La inquilina que tenía era aparentemente solvente pero se trataba de estos típicos especialistas que pagan un par de meses y luego dejan de pagar. Así que presentamos la demanda por lo que tuvo que abanonar la casa previo a causar unos destrozos brutales que causó en la vivienda de este señor”, lamenta.

El letrado también ha representado en estos meses a otro propietario vulnerable, un hombre con una discapacidad importante que vivía de la renta de un piso “en el que se le metió un tipo que se negaba a pagar”.

Pero Montiel de Arnaiz también se ha sentado en la otro lado de esta realidad durante el estado de alarma. “Tuve a un inquilino, afectado además de alzheimer, con una renta antigua que querían echar de su casa alegando que allí vivía también su familia pero llegamos con los propietarios a un acuerdo donde aceptan que el hombre se quede en la vivienda durante toda su vida o hasta que sea ingresado en un centro”, detalla el abogado que también lamenta el caso de otra clienta suya, dueña de “dos negocios prósperos”, dos parques de bola, hasta que llegó la pandemia, el confinamiento y, con ellas, su ruina. “Las medidas del Gobierno han sido muy duras con este sector al que no se le ha permitido abrir, así que en el caso de mi clienta hemos tenido que negociar con los dueños de los dos locales. En el primer caso, conseguimos la condonación de la deuda a cambio de entregar la llave con las mejoras que tenía el local, y en el segundo local todavía estamos negociando la suspensión de pago a cambio de que ella afronte las cuotas de la comunidad y del IBI”.

Tragedias que va dejando a su paso la gran tragedia. Tragedias, hasta ahora, inmunes a las medidas contra la Covid.