Lo que esconde el proyecto de las viviendas de Navalips de Cádiz, según IU
Izquierda Unida considera que el uso que se le da al concepto de vivienda protegida es una "trampa"
La formación de izquierdas critica que en esta operación se pierda suelo público
IU Cádiz se desmarca del acuerdo sobre las viviendas de Navalips
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Cádiz/Izquierda Unida de Cádiz presentaba esta lluviosa mañana de jueves una campaña didáctica y pedagógica dirigida a la ciudadanía en general que han bautizado como "Vivienda pública social y asequible". Con esta iniciativa tratan de evitar la confusión a la que puede llevar el mal uso de la semántica, detallando las diferencias que existen entre una vivienda pública y una vivienda protegida.
Con ello quieren lograr el empoderamiento de la población para que, así, puedan tomar las decisiones más oportunas de cara a su presente y futuro económico. Así, Marga Forné, portavoz de IU Cádiz ciudad, junto a Pedro Jiménez, responsable de la campaña, explicaron de manera detallada que es una "trampa" lo que, en ocasiones, se esconde detrás de toda esta terminología.
Indicó Marga Forné que hay ocasiones en las que los ciudadanos creen que realmente están accediendo a una vivienda que realmente se ajusta a sus necesidades económicas y sociales cuando en verdad "se trata de viviendas con precios elevados y que no son realmente idóneas para cubrir las necesidades y las posibilidades de los gaditanos".
Desde la coordinadora local de IU, en Cádiz se ve por datos de la propia Procasa que los colectivos que más necesitan vivienda es la gente joven y que la vivienda que necesitan, sobre todo, es la de régimen de alquiler. Así, desde la formación de izquierdas consideran que, a la vista de esta demanda, habrá que enfocar el mercado para responder a la demanda real y actual de una ciudad como Cádiz.
Esta campaña también tiene como objetivo presionar a administraciones para que se comprometan a favorecer las viviendas sociales y públicas. "Estamos de acuerdo en que se prioricen las viviendas protegidas pero en suelo público", matizó Forné, que comentó que la vivienda puede ser protegida de manera que los adquirientes cumplan las exigencias de Procasa pero que el suelo siga siendo propiedad pública para así velar por la continuidad de un gran parque publicio de viviendas en nuestra ciudad.
Otra ventaja de todo este nuevo enfoque es intentar conseguir que esas viviendas se queden en manos de las familias gaditanas y que, además, no pasen a manos privadas con una carencia de entre siete y diez años.
Los dos representantes de Izquierda unida mostraron datos que indican que una vivienda de 50 metros cuadrados puede costar en régimen de alquiler libre en torno a los 600 euros y "creemos que en una vivienda de ese tamaño es demasiado pequeña para que pueda vivir una familia de manera digna y en condiciones".
A la vista del sueldo...
Los representantes de IU en Cádiz capital llegaron a su comparecencia ante los medios cargados de estadísticas suficiente para sacarle los colores a muchos. Así indicaron que, según Hacienda el sueldo medio anual por persona en Cádiz está en 18.988 euros. "Si le restamos la seguridad social nos quedamos con un líquido de 1.288 euros. Eso quiere decir que si recomiendan que el dinero que se use para la vivienda no supere nunca el 30% del sueldo, serían unos 430 euros, de manera que no tendría ni para alquilar un piso de 50 metros cuadrados".
Así, Izquierda Unida defender a capa y espada el mantenimiento de un parque público de vivienda, en parte para lograr mitigar también el aumento del precio de los alquileres libres en la ciudad.
En la campaña que van a poner en funcionamiento dejan también un hueco para presumir, según ellos, de lo hecho en la ciudad mientras que compartieron mandato en el Ayuntamiento con José María González 'Kichi': "Hicimos viviendas en Santa María, en Botica, en Setenil de las Bodegas... y todas era públicas, sociales, eran viviendas en régimen de alquiler con lo que se ha demostrado que desde el Ayuntamiento se pueden ofrecer este tipo de viviendas en régimen de alquiler y se puede proteger el suelo público de manera que la ciduad no pierda ese patrimonio". Ya aprovecharon para recordar que, según ellos, la mayor parte de promociones de viviendas que ahora está llevando a cabo el PP de Bruno García son trabajo del gobierno anterior.
Por su parte, Pedro Jiménez, responsable de la campaña, hizo también un guiño a esa clase media que ni es tan mayor para recibir ayudas para mayores ni es tan joven para recibir ayudas para jóvenes y "que cada mañana se tienen que levantar muy temprano porque tienen un empleo, aunque sea con unas rentas muy bajas, aunque no lo suficiente para ser merecedoras de un alquiler social, ni, a su vez, tan altas como para acceder al mercado libre de vivienda" .
En cuanto a la promoción de viviendas de Navalips, Jiménez confesó que quiere que la gente sepa realmente que es lo que "hay detrás de este plan" y el confuso uso que hacen sobre el concepto de vivienda protegida.
Afirma este miembro de la coordinadora local de Izquierda Unida que la vivienda protegida del tipo de las de Navalips tienen una serie de características: un precio máximo de venta, se debe destinar a residencia habitual y todas las personas que acceden a la compra o alquiler deben salirse del registro de demandantes.
¿Quién pierde?: El ciudadano
"Cuando leemos esto nos parece maravilloso, pero cuando analizamos punto por punto ya vemos que hemos vendido suelo público y, en cuanto al precio máximo de venta, desde el Gobierno de la Junta se ha subido el precio máximo para los municipios como Cádiz hasta llegar a 2.523 euros el metro cuadrado. Si hacemos una búsqueda rápida en un portal inmobiliario encontramos que la media del precio del suelo de venta libre en Cádiz es de 2.962 euros. De ese máximo establecido por Juanma Moreno de 2.523 frente a esos 2.962, poca diferencia hay. Es una trampa", según Pedro Jiménez. "Es sorprendente ver que al final una vivienda protegida se esté vendiendo casi al mismo precio que una de renta libre. ¿Quién gana? El promotor. ¿Quién pierde? El ciudadano. Es evidente"
Y van a más, ya que, al parecer, según IU, la Junta está permitiendo que a las viviendas protegidas que se vendan en proyectos como el de Navalips se le adjudiquen garajes y trasteros obligatoriamente aumentando así aún más el precio y disminuyendo la posibilidad de cualquier ciudadano a adquirir una de estas viviendas.
En esta campaña, Izquierda Unida recuerda que ya la vivienda protegida, según su calificación, se puede vender a precio libre a los 7 o a los 10 años, si son de régimen general, o a los 15 si son de régimen especial. "Esto quiere decir que como mucho a los 15 años una vivienda protegida pasa a ser totalmente privada. Esto significa que una vivienda concebida para ayudar a una persona para que sea su hogar terminará siendo una vivienda de alquiler temporal o una vivienda con fines turísticos o, incluso, quedar vacía", indica el portavoz de IU en Cádiz ciudad.
Sobre Navalips, desde IU insisten en que su postura es clara: "No queremos 400 viviendas protegidas, no queremos que se venda ese suelo. Queremos que se defienda el suelo público, aunque para eso el Estado se lo tenga que comprar a la Zona Franca y que luego se lo ceda al Ayuntamiento para hacer 400 viviendas públicas o de alquiler social y asequible".
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