Kichi, exalcalde de Cádiz, llega a los juzgados para declarar por un presunto delito de prevaricación
Los hechos se centran en el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018, avalado por la organización nacional de Podemos, para asesorar en materia de Contratación
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El exalcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', llegó sobre las 10.15 horas de este lunes 24 de junio al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital gaditana para declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación. Lo hizo acompañado de otros ex ediles como David Navarro (Personal) y José Ramón Páez (Hacienda), igualmente citados. Laura Jiménez (Turismo) y José Vicente Barcia, ex asesor, también tendrán que responder a las preguntas del juez. José María González se mostró tranquilo, sonriente, en su entrada a los juzgados en los momentos previos a su declaración. Hasta las puertas le acompañaron otros compañeros de formación como Lorena Garrón, Ana Fernández y David de la Cruz.
Los hechos por los que ha sido llamado por el juez José María González se centran en el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 y que durante varios meses estuvo analizando y manipulando documentos municipales. Pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento.
Según se desprende de las diligencias e investigación, iniciada en 2021, la llegada del asesor al Ayuntamiento estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba en Madrid, desde donde llegó a Cádiz a asesorar en materia de Contratación, en la que lo consideraban un experto, dando órdenes que debían ser acatadas por los funcionarios y siendo respaldado por el equipo de gobierno.
Además de estas funciones que condicionaron el trabajo de los funcionarios municipales y que se le otorgaron al asesor de Kichi sin ninguna relación contractual con el Ayuntamiento, también ha sido investigado el modo en que Fernando García Acuña terminaría accediendo a un puesto de personal laboral del propio Ayuntamiento, primero de manera temporal en Contratación y posteriormente dentro del IFEF, a través de un procedimiento que también ha sido investigado y que, tal y como concluyen las diligencias de la Udef y de la Fiscalía, genera bastante incertidumbre ya que en un primer momento el asesor quedaba fuera del puesto, ampliandose luego el número de plazas a ofertar (de una única plaza inicial a tres, siendo García Acuña el tercero del proceso de selección).
Adelante Andalucía habla de 'Lawfare'
Adelante Andalucía Cádiz ha salido en defensa de Kichi y su equipo, afirmando que se trata de una más de las 18 denuncias recibidas, "todas archivadas", que "responden a esa estrategia de 'lawfare' de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente el trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal".
A juicio de Adelante Andalucía, "se trata del décimo octavo intento del PP y su entorno de judicializar la imagen de José María González 'Kichi' a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que considera suyo". Aunque, conviene reseñar, esta causa se abre por una denuncia del sindicato Comisiones Obreras y la posterior investigación de Fiscalía, no por denuncia de partido político alguno.
De hecho, el propio partido de Kichi reconoce que "el factor principal a tener en cuenta en esta ocasión es que la investigación inicial la propicia la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de la plantilla de este ente municipal ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno, y dos excargos de libre designación del PP" los cuales no han sido identificados.
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