El expediente Carranza, en la reunión entre el nuevo fiscal de Memoria de la Audiencia y la asociación de Cádiz

Cádiz/La primera toma de contacto entre la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz y el recién nombrado Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Audiencia Provincial "no ha podido ser más cordial". Así lo expresa Felipe Barbosa, presidente de la entidad gaditana, que junto a José Luis Guitérrez Molina, también miembro de la organización, se reunió la pasada semana con José Miguel Ruiz de Molina Sánchez.

"El fiscal lleva poco tiempo en el cargo y sabemos que tiene otras muchas labores más pero, aún así, nos ha recibido con bastante presteza, nos ha escuchado y parece que también está por la labor de abordar temas que llevaban empantanados un tiempo", valora Barbosa en referencia a "la inscripción en el registro civil" de la defunción de los concejales del Ayuntamiento de Cádiz asesinados durante el Golpe que todavía constaban "como desaparecidos".

Un asunto sobre el que existe "desde hace nueve años" un acuerdo en el Pleno municipal para realizar su solicitud, y por el que el nuevo fiscal mostró "bastante interés" pidiéndoles a los representantes de la asociación "la relación de personas para, por su parte, hacer la solicitud, algo que nosotros le facilitaremos a la mayor brevedad", se compromete.

También, como no podía ser de otra manera, desde la Asociación de Memoria dieron buena cuenta a Ruiz de Molina sobre la decisión anunciada este verano por el alcalde de Cádiz de iniciar un expediente para el cambio de nombre del estadio municipal, de Nuevo Mirandilla a Estadio Carranza, tal y como desde el Cádiz C. F. se le solicitó a Bruno García. "Le entregamos un dossier con toda documentación de la labor represiva de Ramón de Carranza durante el Golpe de Estado y días posteriores. Un dossier que nosotros ya enviamos a la Secretaría de Estado de Memoria a la que nosotros le pedimos un informe al respecto y que, finalmente, acabó enviando tres cartas, al Ayuntamiento de Cádiz, a la Junta de Andalucía, y a la oficina de patentes (uno de los argumentos para apoyar el nombre de Estadio Carranza es que es una marca comercial) avisando de la ilegalidad si se consuma el cambio de rótulo", recuerda Felipe Barbosa que asegura que el fiscal "reiteró" la valoración de que si efectivamente el expediente llega a buen puerto, y se recurre, "la Administración (la Secretaría de Estado)" intervendría". "También le planteamos la posibilidad de que la asociación pudiera presentar un contencioso administrativo", añade.

Interés por los ataques a los símbolos memorialistas

Otro de los temas abordamos en la reunión, "y que preocupa mucho a los familiares de las víctimas", ha sido "el de los repetidos ataques a la placa de Lugar de Memoria de la Puerta de Tierra y al monolito dedicado a las víctimas de la Plaza de Asdrúbal" donde se recuerda que en esos espacios "los golpistas asesinaron a muchos gaditanos y gaditanas". En este sentido, el fiscal se ha interesado por conocer a través de la Policía "el recorrido de las diversas denuncias que tanto la asociación como el propio Ayuntamiento han presentado" y de las que, cuenta Barbosa, no tienen "ninguna información sobre cómo van y si se ha podido identificar a los agresores".

"El fiscal también nos explicó que su intención es reunirse con el movimiento memorialista de la provincia, también para conocer sus inquietudes y él, a su vez, contarle sus líneas de actuación, entre ellas, la de explorar la posibilidad de abrir la vía civil para reclamar la reparación y anulación individualizada de los juicios a los represaliados que fueron expulsados o degradados de sus puestos de trabajo", transmite el portavoz de la asociación gaditana que se ha comprometido "a colaborar con toda la documentación e información que podemos poseer para hacer posible esto", se congratula.

Por todo ello, Felipe Barbosa está "muy satisfecho" con el resultado del encuentro y con la propia creación de este puesto de fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Audiencia Provincial de Cádiz. "Es muy positivo, se debería haber hecho desde hace años porque es una manera de que la propia Justicia, que hasta ahora se ha mantenido un poco al margen de estos asuntos, tome parte directa", reflexiona.