Otro frente abierto en el Obispado

La diócesis no atraviesa un buen momento. La tensión entre el obispo y parte de su clero y de los laicos gaditanos parece estar envuelta en una escalada que ayer mismo dio otro paso con una nueva polémica. El motivo, en esta ocasión, es un decreto firmado para otorgar poderes al ecónomo diocesano, Antonio Diufaín, para recibir de las entidades bancarias toda la información relacionada con las cuentas que tengan abiertas las parroquias de la diócesis.

Pese a que el decreto lleva firma del pasado mes de mayo, ha sido en estos últimos días cuando en ciertos sectores católicos empezó a circular esta noticia, que ayer recogía la web Religión Digital. El motivo de que se haya sabido ahora es que ha trascendido una de las cartas que Diufaín habría dirigido a una de esas entidades bancarias requiriendo información sobre cinco parroquias de la diócesis (tres de Medina, una de Barbate y otra de Conil). En ese escrito, publicado también por Religión Digital, se le pide a la entidad bancaria información sobre “productos financieros, póliza de crédito, préstamos cocnertados, acciones, bonos y obligaciones, y cuantas corrientes con saldos y movimientos desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha del presente”, solicitando además que esa petición realizada “debe tener carácter confidencial” (lo que implicaría que los titulares de esos posibles productos que tuvieran contratados las parroquias, que son los párrocos, no fueran informados de esta solicitud).

Precisamente, una de esas cinco parroquias señaladas, la de Conil, está gestionada por Rafael Vez Palomino, que hace unos días protagonizó una polémica de calado al publicar en las redes sociales un duro escrito contra la gestión económica del Obispado. La reacción de Vez ayer no se hizo esperar, con otro duro escrito en el que anunciaba que había presentado denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos y que hoy mismo “presentaré la denuncia ante el obipos y el Tribunal Eclesiástico ante esta situación por ir en contra de mi honor y de mi labor de párroco, ya que en ningún momento me ha sido comunicada ninguna situación irregular que conlleve el inicio de una investigación de este calibre”. Además, este sacerdote se reservaba la posibilidad de “emprender acciones legales contra aquellos que han atentado contra mi honor y mi labor como párroco”. “¡Esto es inaudito!”, exclamaba el párroco de Santa Catalina en ese escrito.

Zornoza hace referencia en su decreto a “las obligaciones de los obispos establecidas en la normativa de la Iglesia Católica para con la administración de los bienes temporales de la diócesis”, especificando además que incluye a “todas las parroquias en las que está dividida y las demás entidades canónicas de derecho público sujetas al obispo diocesano”, a la especial “vigilancia acerca de la administración de sus bienes”, a la complejidad de la normativa civil actual “y la necesidad de dotar a la Iglesia de mayor transparencia y de implementar mecanismos de control para cumplir con las recomendaciones y exigencias legales en materia de prevención del blanqueo de capitales”, y a la consolidación de las cuentas anuales de la diócesis. Y en esta exposición de argumentos enumera hasta una quincena de cánones del Código de Derecho Canónico.

En base a todo ello, y haciendo valer el canon 1276 del código –“corresponde al ordinario vigilar diligentemente la administración de todos los bienes pertenecientes a las personas jurídicas públicas que le están sujetas, quedando a salvo otros títulos legítimos que le confieran más amplios derechos”– el obispo apoderó a Diufaín precisamente para requerir de las entidades bancarias esa información que ahora se ha sabido que ya está solicitando; lo que ha provocado una nueva polémica con los mismos protagonistas que hace unos días.

Curiosamente, en su escrito contra la gestión económica del Obispado, Rafael Vez ya denunciaba “el control férreo a todo lo que se hace, el buscar información, por detrás, por la espalda, con decretos, cuestionando la honradez y la confianza puestas en muchos”, cómo “el ansia económica campa a sus anchas”, o cómo “se sangra a las economías de las parroquias, que a duras penas se sostienen”. Afirmaciones todas estas que, curiosamente, encajan a la perfección en esta nueva polémica desatada por el Obispado respecto a la gestión económica.