Los funcionarios represaliados por Franco vuelven al Consistorio

Cádiz/Frente a la operación de depuración ideológica y política que ejecutaron de manera planeada, sistemática y eficaz quienes a partir del 18 de julio de 1936 usurparon por la fuerza y a sangre las legítimas instituciones públicas, ayer en el Ayuntamiento de Cádiz se culminó una operación de justicia histórica en el ámbito de lo municipal: el homenaje a los más de 500 funcionarios que permanente o temporalmente fueron represaliados durante los tres primeros años de la sublevación militar contra el Gobierno de la Segunda República Española en un territorio donde nunca hubo guerra.

Treinta y cinco de ellos fueron asesinados. Como Manuel Lapi García, chófer de los bomberos, secretario general de la UGT, vocal de la Ejecutiva del PSOE y miembro del Comité Revolucionario de 1934, entre otros cargos 'rojos'. Fue detenido en su casa el 19 de julio sobre las tres de la tarde y trasladado al barco Miraflores, donde su familia le perdió la pista. Como otros compañeros, fue suspendido de empleo y sueldo en el Pleno del 29 de julio de 1936, el primero que preside como alcalde Ramón de Carranza. Décadas después, sus descendientes constataron que fue procesado el 20 de octubre de 1938 y que a finales de 1944 lo dejaron en libertad. Nunca más se supo de él. Dejó a su mujer, María González Yesa, embarazada de cuatro meses y con otros dos hijos en el mundo. En su expediente laboral consta como fusilado, cuenta Antonio Jiménez. "Era un hombre totalmente comprometido y por lo tanto, tenía todas las papeletas". Manuel Lapi era el abuelo de su esposa y ayer por la tarde Antonio fue el único familiar -al menos que lo manifestase públicamente- de una de las víctimas que asistió al acto en el que se les rindió homenaje.

El tributo de la actual Corporación Municipal a los funcionarios represaliados tiene forma de modesta placa -hay quien echó en falta el nombre de todos ellos- y fue descubierta en el vestíbulo del Ayuntamiento por un miembro de la Junta de Personal en un sencillo acto. Lo presentó el concejal de Memoria Histórica, Martín Vila; acompañado de Antonio Chico, ex presidente de la representación de los trabajadores municipales, y los historiadores José Luis Gutiérrez Molina y Cristina López García, autores del pormenorizado estudio que verifica lo sucedido: Investigación sobre las depuraciones por los golpistas de 1936 del personal del Ayuntamiento de Cádiz.

Pese a que el homenaje fue aprobado en Pleno por unanimidad, sólo estuvieron dos concejales del equipo de Gobierno -Vila y Ana Camelo- dos del PSOE -Juan Cantero y Aurelia Morales- y ninguno del Partido Popular ni de Ciudadanos. Entre el medio centenar de personas que acudieron también estuvo Carmen Chico, senadora del PSOE, y concejala socialista entre 1991 y 1995; y Sebastián Terrada, edil de Izquierda Unida en dos legislaturas consecutivas.

Tras el descubrimiento de la placa, Cristina López García y José Luis Gutiérrez Molina explicaron cómo la depuración se llevó a cabo en cuatro fases, "de manera planificada, sistemática y eficaz, no por motivos de venganza ni por rencillas". "Sus responsables tienen nombre y apellidos, y me estoy refiriendo al comandante militar, López Pinto; al general Solán, cuando cesa el anterior; al alcalde de la ciudad, Ramón de Carranza, y con posterioridad, a Juan de Dios Molina, y a los delegados de Orden Público, como Alonso de la Calle, entre otras autoridades", dijo Gutiérrez Molina. El historiador hizo hincapié en el crucial papel que jugó en los terroríficos primeros años el gobernador civil Eduardo Valera Valverde.