"Podemos tardar dos años en lograr que Carmen vuelva a España. Si lo logramos"

Hace un mes tuvieron que cerrar las cocinas de la cárcel del Buen Pastor, una penitenciaría para mujeres de Bogotá (Colombia). A la gravedad del día a día, siempre hacinadas y sin medios, la presencia de alimentos en descomposición provocó, según publicó el diario colombiano El Espectador, la clausura del comedor y, a la par, dejó sin comidas durante unos días a las presas.

Una de ellas es Carmen. Gaditana de 35 años. Está encerrada desde el pasado verano acusada de llevar en su maleta de viaje cerca de 10 kilos de droga, por lo que puede pasar entre rejas hasta diez años.

Carmen, agobiada por las deudas que debían pagar sus padres, llegó a Colombia con el compromiso de recibir 9.000 euros por este transporte. En su cabeza no estaba la posibilidad de ser detenida, ella que nunca había tenido problemas con la ley.

En una penitenciaría tan degradada es esencial tener apoyo desde fuera para poder sobrevivir. Más allá del que las presas españolas reciben de nuestro consulado, sobre todo dinero, el papel que juega la Fundación +34 es esencial para que estas reclusas puedan mantener alguna esperanza sobre su futuro más inmediato. En el Buen Pastor hay otra presa andaluza, de Sevilla. En todo el mundo se calcula que hay un centenar de penadas procedentes de la región.

El apoyo de los voluntarios de la Fundación+34 (referencia al prefijo telefónico internacional de España) es esencial. Javier Casado, director de esta organización, destaca, en conversación con Diario de Cádiz, que "nuestro trabajo va desde la atención médica hasta la cobertura legal, la alimentación, la ropa, los productos de limpieza corporal..." y sobre todo la atención anímica tan fundamental para personas como Carmen que nunca han pisado una cárcel, y mucho menos una cárcel colombiana.

"En el Buen Pastor hay un problema de hacinamiento, aunque no tan grave como en las cárceles para hombres, donde la violencia es mayor. Un hacinamiento que arriesga a coger enfermedades contagiosas. Por ello uno de nuestros objetivos es que no se pongan enfermas en el tiempo en el que estén encerradas. Las cárceles de allí es el 'sálvese quien pueda", relata Casado.

Por que desde el primer momento, la Fundación+34 mueve todos los hilos posibles para que las detenidas de nacionalidad española puedan cumplir su pena en alguna cárcel española. En el caso de Carmen, Javier Casado indica que aún hay que esperar a que la sentencia sea firme y no se haya recurrido para reclamar su traslado. El problema es que este es un proceso que se puede alargar durante dos años "si lo logramos".

Ante esta situación, el apoyo anímico es esencial. Respecto a Carmen, con apenas unas semanas entre rejas "aún está asimilando su situación y dónde está. Son gente que piensa en el daño que han ocasionado a su familia. En todo caso, junto al trabajo de nuestro equipo de voluntarios en Bogotá, también resalta Casado que las presas de la misma nacionalidad tienden a apoyarse unas a otras", aunque es más evidente el impacto que supone estar en la cárcel, para quien nunca ha cometido un delito, y en una cárcel a miles de kilómetros de su tierra, en una situación extremadamente precaria.

Con todo, Javier Casado destaca que "la familia es la que peor lo está pasando". Los padres forman un matrimonio de avanzada edad con problemas económicos. Su hija le ocultó, lógicamente, la razón verdadera razón del viaje. Les dijo que iba con una amiga a pasar unos días de vacaciones a la República Dominicana. Es difícil imaginar el impacto que para ellos supuso enterarse que su hija estaba en la cárcel acusada de tráfico de drogas. "Para ellos supuso un doble problema: asimilar la situación y no saber cómo ayudarla".

La visita de los voluntarios a Carmen y a su compañera sevillana en la cárcel del Buen Pastor fue posible gracias a los fondos aportados por el gobierno de la Xunta de Galicia, que pagaba para atender a sus vecinas allí encerradas. La Fundación vive en buena parte de estas aportaciones. Sin embargo, no reciben ni un euro de la Junta de Andalucía, que hace meses aprobó una proposición no de ley para aportar recursos a estas entidades, aunque finalmente no se haya cumplido este compromiso.