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El Gobierno advierte en una carta al Ayuntamiento de Cádiz de la ilegalidad de nombrar Carranza al estadio

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz informa de esta misiva expedida desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que llegó al Consistorio el pasado 30 de julio

Desde la entidad memorialista también se informará del "fraude de ley" que supone el cambio de nombre del estadio al Registro Español de Patentes

El Ayuntamiento de Cádiz da el primer paso hacia el nombre Estadio Carranza que la Ley de Memoria podría tumbar

Una imagen de archivo del estadio todavía rotulado con el nombre de Ramón de Carranza. / Lourdes De Vicente

Cádiz/El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz, Felipe Barbosa, todavía no entiende "los beneficios" que le puede traer al Ayuntamiento de Cádiz apoyar el cambio de nombre del estadio de la ciudad -de Nuevo Mirandilla a Carranza- solicitado por el Cádiz C. F. como, de hecho, así ha ocurrido con la aprobación en la Junta de Gobierno Local de este viernes del inicio del expediente para atender esta petición. "Y aún se comprende menos" cuando desde el Gobierno de la Nación "se ha enviado una carta" al Consistorio gaditano recordando la ilegalidad en la que pueden incurrir con esta acción, según revela el representante de la entidad memorialista.

Así, Barbosa hace referencia a un escrito enviado desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, concretamente desde la Dirección General de Atención a las Víctimas del Gobierno de España, "tanto al Ayuntamiento, como a la Junta, como al Registro de Patentes" donde se comunica que, de llevarse a cabo la modificación de la nomenclatura, "adoptará por su parte cuantas acciones considere necesarias para salvaguardar la legislación".

En la misiva remitida a San Juan de Dios el 30 de julio y dirigida al alcalde de Cádiz, Bruno García, la directora General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, explica que ha tenido conocimiento "a través de los medios de comunicación" de que el Ayuntamiento de Cádiz va a iniciar el proceso administrativo para proceder al cambio de nombre del recinto deportivo municipal Estadio Nuevo Mirandilla, que pasaría a denominarse Estadio Carranza. Así, además de recordarle que la propia Junta de Gobierno Local en junio de 2021 acordó modificar la denominación del estadio Ramón de Carranza por Estadio Municipal Nuevo Mirandilla, en cumplimiento de las leyes estatal y autonómica de Memoria Histórica y Democrática, la representante nacional pasa a definirle el contenido de la legislación haciendo especial hincapié tanto en el artículo 35 de la ley estatal, como en el artículo 32.1 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (ambos referentes a la retirada de símbolos franquistas o de enaltecimiento del Golpe del 36 en el callejero y edificios públicos), recordándole también así al Gobierno andaluz su deber "de adoptar las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía".

"Tras el envío de esta carta aún comprendemos menos que en la comparecencia de prensa que hizo el primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, tras la Junta de Gobierno Local intentara justificar el inicio del expediente diciendo que que Carranza se trata de una marca comercial y que está seguro de que cumple la Ley", se sorprende el presidente de la asociación de Memoria que lamenta que "a pesar de esta advertencia del Gobierno y de todas las razones esgrimidas durante estos días por diferentes personas y colectivos" el Ayuntamiento de Cádiz "se empecine en decir que la marca Carranza no tiene nada que ver con la figura del alcalde golpista". Así, le pide al alcalde y a su equipo que "recapaciten".

Además, cuenta Barbosa, desde el equipo jurídico de la entidad que preside se enviará un escrito "en los próximos días" al Consistorio gaditano, al Registro Español de Patentes y Marcas y a la Dirección General de Atención a las Víctimas informándoles "del fraude de ley que se pretende realizar y que no aguanta el menor sentido común".

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