Gran pitada de los veterinarios al Gobierno en Cádiz por el decreto que les restringe el uso de antibióticos

Cádiz/"Si hoy muerden a un perro sabemos al cien por cien que las heridas se van a infectar, porque la colmillada va profunda, pero tenemos que esperar tres o cuatro días a que aparezcan signos de infección para empezar con un antibiótico. Y eso se lo tenemos que transmitir a los propietarios: No le puedo poner antibióticos profilácticos a su perro para prevenir esa infección porque no me lo permiten, pero usted tendrá que volver dentro de tres días porque es seguro que habrá infección", relata a este periódico Rubén Marqués, director veterinario de la clínica de Mascotas Ávila en Cádiz, acompañado por Café, que desde hace años es uno más de su familia.

"Hasta en cirugías que son de alto riesgo de infección tenemos que justificar mucho el uso de antibióticos o deberemos esperar a que se produzca la infección. Y los animales no siempre muestran signos de infección evidente. Hay animales que aguantan muchísimo y perros con peritonitis que pueden resistir una barbaridad. Todo se complica", explica este profesional sanitario.

Estos son solo dos ejemplos de algunas de las consecuencias de la aplicación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, contra el que miles de veterinarios han vuelto a protestar hoy en toda España. En Cádiz han sido varios centenares los que se han manifestado ante la Subdelegación del Gobierno en la provincia, desde donde le han dedicado una gran pitada, acompañada del matraqueo de carracas, del tan tan de algún bombo y del tolón tolón de cencerros, a los responsables de la modificación de esta normativa europea para su aplicación en España y de su posterior aprobación. "Esperando un cultivo mientras muere un ser vivo", "Con la salud no se juega" y "El RD 666/2023 criminaliza y cuestiona nuestro criterio clínico", se podía leer en algunas de las pancartas durante este acto de protesta al que algunos profesionales acudieron con grilletes.

"Reclamamos nuestra libertad de prescripción a los pacientes que vienen a nuestras clínicas. El Real Decreto 666/ 2023 que ha entrado en vigor para los veterinarios clínicos en 2025 dificulta la prescripción, es decir, el poder tratar a los animales con unos determinados antibióticos", explica a pie de protesta Cristina Velasco, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz.

"Estamos ante un problema importante que es el de las resistencias antimicrobianas. A nivel mundial. Y nosotros, tratando a los animales, hemos sido durante estos últimos años los que más hemos reducido el consumo de antibióticos prescribiendo lo mínimo posible", aclara Cristina Velasco. "Este real decreto, que procede de un reglamento europeo y que es de obligado cumplimiento, no debería haber tenido la modificación tan exhaustiva, tan constreñida y al mismo tiempo tan retorcida que ha tenido, dificultando que los veterinarios puedan ejercer su criterio clínico, su criterio facultativo y sus conocimientos a la hora de aplicar los tratamientos", sostiene.

"Ya nos manifestamos en Madrid, a las puertas del Ministerio. Queremos que el ministro nos escuche y que cuando haga normativas que nos afecten escuche y atienda a los veterinarios, que somos quienes realmente estamos ejerciendo esta función", añade. "Somos profesionales sanitarios y deberíamos tener una consideración, un reconocimiento y un estatus equivalente al de cualquier otro sanitario y nuestros centros deberían ser considerados también centros sanitarios", concluye.

"Estamos en contra de este decreto. Queremos que nuestra voz sea escuchada. Que desde el ministerio se atiendan nuestras reivindicaciones", manifiesta Manuel Navarro Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios Veterinarios Clínicos de Cádiz (Aevecca). "El sector no ha sido tenido en cuenta a la hora de trasponer esta normativa europea, que sabemos de su importancia, de su obligatoriedad, pero que se ha hecho de una forma algo sesgada, no apropiada", sostiene.

"Se nos imponen un criterio y una forma de trabajar que coarta nuestra libertad para poder prescribir los medicamentos que, desde nuestra experiencia y desde la evidencia científica, creemos que son los más apropiados para las mascotas, a veces llevándonos a prescribir otros que no son los apropiados, que no están disponibles hoy día por desgracia en la mayor parte de las farmacias. Al final esto se traduce en un retraso para nuestros pacientes en recibir el tratamiento, con el consiguiente sufrimiento y riesgo para su salud y el de sus tutores responsables que cohabitan con ellos. Queremos que nuestra voz sea escuchada y que el ministro se reúna con los representantes del sector profesional y que tenga en cuenta su voz y no se legisle de espaldas a él, que es lo que ha pasado".

"Tener que esperar a un cultivo lastra nuestro trabajo, porque ante todas las patologías no es necesario realizar uno. A los humanos no nos hacen un cultivo ante una infección de orina o un dolor de muelas. Por muy rápido que sea un cultivo, un antibiograma no tarda menos de cinco días. Y en ese tiempo esa enfermedad sigue progresando, el animal está sufriendo y su dueño está viendo cómo sufre. O el ganadero está perdiendo producción y rendimiento y tiene que apartar al animal del resto y tiene que usar un antibiótico que a lo mejor no está disponible. Esto obviamente tiene un impacto económico en todas sus vertientes", añade Manuel Navarro.

"Con este decreto están cuestionando nuestro criterio clínico porque nos obligan a registrar y justificar los tratamientos con los antibióticos y la justificación es combatir contra la resistencia antimicrobiana en humanos, cuando nosotros solo utilizamos entre un 3% y un 5% del total de los antibióticos. Parece que nosotros somos el problema, la solución o ambas cosas. Y no creo que seamos ninguna de las dos con ese porcentaje de uso de antibióticos", sostiene Rubén Marqués.

"Además, nos obligan a ciertas pruebas añadidas para poder usarlos. Y nos someten a inspecciones cuyos resultados pueden acarrear sanciones importantísimas, de 600 a 60.000 euros. El decreto, además, no establece exactamente cuáles son las sanciones en función de la gravedad de las infracciones, que tampoco las establece, y esto genera inquietud y miedo en la profesión porque no sabes a lo que atenerte", añade.

"Hay miedo a recetar los antibióticos, a que haya una inspección y su uso no esté lo suficientemente justificado. Porque la justificación que nos piden ni siquiera está reglada: para unas cosas tiene que haber un cultivo y un antibiograma y para otras no es necesario, pero tiene que estar justificado; no nos permiten la profilaxis", aclara.

Otra de las reivindicaciones es la reducción del IVA para los servicios veterinarios, que soportan un 21%, "como si fuera un servicio de lujo, cuando somos profesionales sanitarios que velamos por la salud pública de toda la comunidad", argumenta Cristina Velasco.

La protesta de los veterinarios ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz la precedió un minuto de silencio por parte de todos los asistentes por el fallecimiento de Manuel Ángel León Aragón, secretario general del organismo.