La herencia de Boyer

Miguel Boyer puede dar la puntilla a los pocos comercios históricos que aún perviven en Cádiz y que se mantienen en locales de alquiler desde hace décadas. Será el próximo 1 de enero de 2015. Entonces se cumplirán los veinte años de prórroga que se habían dado para la actualización de los contratos de locales comerciales que hubiesen sido otorgados antes del 9 de mayo de 1985. Estos inquilinos tenían el derecho a la prórroga forzosa lo que suponía para la gran mayoría mantener unos alquileres 'de otra época'. Sin embargo, el 1 de enero de 2015 y si antes no se ha producido un acuerdo entre las partes, los propietarios de estos locales impondrán una nueva renta mensual que, presumiblemente, será sustancialmente más elevada de la que se ha mantenido vigente en las últimas décadas y que siempre ha estado muy por debajo del valor del mercado.

Este cambio de modelo provocará efectos negativos en un sector ya de por sí muy afectado por la crisis, la más profunda de las últimas décadas. Se tocará el bolsillo de empresarios muy veteranos que, en su mayoría, hoy apenas logran ingresar para cuadrar las cuentas de cada mes y que verían descuadrados sus presupuestos con un incremento desmesurado de las rentas que hoy pagan por su locales.

A unos meses de que se adopte esta medida, ya hay algunos comerciantes que, afectados por el ley Boyer, han preferido afrontar el cierre de sus locales ante la inminencia de una subida desproporcionada del alquiler o, simplemente, ante el final obligado del arrendamiento si la propiedad cuenta ya con otra oferta. José Álvarez, uno de los comerciantes más veteranos de la ciudad que seguía en activo, es uno de ellos. Hace apenas unas semana cerró la mercería que su familia mantenía abierta desde la década de los 40 en plena calle Columela. Pagaba por el local 700 euros. Tras el cierre precipitado, la propiedad lo ha vuelto a alquilar a una multinacional por un precio que triplica esta cantidad. La cifra iba a ser aún más superior pero la nueva arrendataria garantizó un contrato por diez años ajustando el coste del alquiler.

Algunos empresarios ya mantienen negociaciones con los dueños de los locales para evitar una subida desproporcionada, aunque se dan casos en los que la propiedad no responde a los requerimiento de sus arrendatarios. Hay locales de gran tamaño que apenas pagan 300 euros al mes y que funcionan en zonas muy céntricas por lo que el precio podría multiplicarse sustancialmente. Son, en todo caso, precios relativos pues hay que tener en cuenta el estado del establecimiento, el uso que se le da y las posibilidades de salida que tiene en un mercado donde hay demasiados metros cuadrados vacíos en las vías más importantes de la ciudad.

Lo cierto es que este cambio en la normativa llega en una época muy convulsa para el sector. La crisis de los últimos años ha tenido varios efectos que sin duda van en contra de los posibles intereses de estos propietarios a la hora de sacar una mayor tajada de la Ley Boyer. Por una parte, los precios han caído de forma vertiginosa. Un claro ejemplo es la calle Ancha, donde hasta hace no mucho los alquileres podrían superar los 6.000 euros/mes y ahora la mayor parte de los locales que están vacíos, y son ya muchos, apenas pasan de los 2.000 euros (salvo uno de ellos por el que se piden precios de hace una década: 7.000 euros al mes para una tienda ciertamente grandes: 245 metros cuadrados). Si estos son los precios de la vía más comercial, junto a Columela, de la ciudad, evidentemente los propietarios que pretendan especular beneficiándose de la nueva ley difícilmente podrán obtener buenas rentas en calles de segundo o tercer nivel.

Por otra parte, la crisis se ha llevado por delante a muchos comercios tradicionales que estaban de alquiler. Bien porque económicamente no han podido soportar los efectos negativos de la bajada de ventas, bien porque han constatado que es más rentable adelantar su jubilación, lo cierto es que el número de posibles afectados por esta norma en Cádiz no es, inicialmente, muy elevado, según constatan expertos del sector, aunque organismos como la Cámara de Comercio no ha elaborado un listado de implicados ni ha recibido peticiones de ayuda por parte de los futuros afectados. El incremento de la renta en base al IPC en los últimos años ha acercado, además, el coste de estos alquileres con los que ahora se están dando en la ciudad. Junto a todo ello, un porcentaje muy importante de los empresarios gaditanos han acabado siendo propietarios de sus propios locales, y son muchos de ellos los que finalmente han acabado por echar la baraja vendiendo o, sobre todo, alquilando sus tiendas para vivir de las rentas que pagan las franquicias.

La Ley Boyer implica que si el contrato es previo a su entrada en vigor, éste acabaría con el fallecimiento o jubilación del arrendatario, salvo que pasase a manos de su cónyuge, siguiendo entonces el contrato, sin modificación, alguna hasta la muerte o jubilación de éste. Sin embargo, si el local ya está en manos de un descendiente, sí se verá afectado por la ley a partir del 1 de enero de 2015.