La hoja de ruta de la vivienda en Cádiz

Ha llegado la hora de poner freno al escenario cada vez más extendido en la ciudad de fincas que se rehabilitan para convertirse en hotel o en apartamentos turísticos, de portones que se ‘adornan’ con letreros azules o con tarjeteros para facilitar el acceso de los clientes sin necesidad de mediación física con el responsable de la vivienda turística. El Ayuntamiento del PP, el de Bruno García, se ha decidido a cortar de raíz la proliferación turística en el suelo residencial de la ciudad, poner freno a la expansión de las nuevas modalidades de hospedaje que en pocos años han cobrado un auge enorme. Así que las políticas que reclamaban otros partidos años atrás, la que ha provocado alguna que otra movilización, la del Cádiz Resiste y los carteles reivindicativos colgados en fachadas, farolas y escaparates de comercios, han llegado.

“Lo hacemos ahora porque vemos que el escenario empieza a ser preocupante”, trasladan fuentes del gobierno municipal, que ven una diferencia en el mapa de la ciudad con respecto a hace dos o tres años, cuando era el gobierno anterior quien reivindicaba acciones en contra de esta vertiente turística. Ya no es cosa de turismofobia -como en el PP siguen viendo las acciones que planteaba la izquierda- sino de resistencia, de pervivencia quizás de la ciudad.

Una ciudad que poco a poco sigue perdiendo habitantes. O mucho a mucho, porque la tendencia habla de una caída de más de mil ciudadanos cada año y la temida barrera de los 100.000 habitantes está cada vez más próxima.

Es precisamente este factor el que preocupa al alcalde, que se muestra convencido de que una de las armas para evitar la sangría poblacional está en la vivienda, en procurar el más fácil acceso posible dadas las particularidades de la ciudad, en articular todas las medidas que permite la ley, mucho mejor adaptada ahora a las necesidades de intervención tras el último decreto emitido por la Junta de Andalucía.

Fruto de todo ello ha anunciado ya el Ayuntamiento las dos primeras medidas que va a llevar a cabo para blindar la vivienda de Cádiz lo máximo posible. La primera de ellas será la prohibición de nuevas viviendas de uso turístico en toda la ciudad, para lo que se va a proceder a modificar el PGOU -ya cambiado en 2022, cuando se dejó abierta la puerta a una serie de excepciones que el mercado ha aprovechado de manera notable y que ahora se quieren cerrar-, de forma que las VUT tampoco tengan cabida en las plantas baja, primera y segunda de extramuros ni tampoco en la zona denominada Ciudad Jardín (que abarca Bahía Blanca y parte de La Laguna).

La segunda, anunciada el viernes, va a impedir que el suelo residencial sea compatible con el de hospedaje; es decir, que va a cerrar la puerta a las operaciones tan recurrentes de adquirir la propiedad de una finca completa para convertirla en hotel o apartamentos turísticos.

“No vamos contra el turismo, sino que buscamos blindar la vivienda”, insisten desde el gobierno local como justificación de estas medidas, que coinciden con lo que llevan tiempo reclamando partidos de la oposición y colectivos de la ciudad. En esa línea de no ir en contra del turismo, que es una de las actividades que más ingresos y trabajo está dejando actualmente en la ciudad (si no la principal actividad), explica el Ayuntamiento que lo que se busca con estas medidas es delimitar claramente qué es y debe seguir siendo vivienda y qué es y podrá seguir siendo hotel en Cádiz. Y para reafirmar esto, recuerdan que el PGOU seguirá teniendo la puerta abierta a un buen número de hoteles que podrán seguir levantándose en la ciudad, lo que confirmaría que el Ayuntamiento no quiere cerrar la puerta al hospedaje, ni mucho menos.

No en vano, menciona el alcalde varios de los proyectos que contempla el PGOU y que están a la espera de iniciar las obras o de desarrollarse. El hotel de la estación de tren, el de Puerto América, el del Pirulí, el del edificio de Telefónica de Ancha, el de la actual sede principal de Correos en la Plaza de la Libertad, el del Campo de las Balas… A lo que se unen los que están en ejecución en la tribuna del Estadio, en la Alameda, o en la Casa del Almirante de la plaza de San Martín. “Lo que vamos a hacer es delimitar bien el carril de cada actividad, garantizar que el suelo residencial sea exclusivamente para viviendas y que el suelo hotelero pueda seguir sirviendo para hospedaje”, sigue explicando Bruno García.

Nuevas medidas

Estas acciones ya en marcha por parte del Ayuntamiento, que ha iniciado el período previo de consulta pública antes de las dos modificaciones del PGOU que tramitará por separado, no van a ser las únicas, ni mucho menos. Así lo ha aseverado el alcalde, que anuncia nuevas medidas en cuestión de días.

Una de las medidas ya avanzadas tiempo atrás y que podrían hacerse efectiva en el plan de acción municipal vendría a ser la contraria a la suspensión de la compatibilidad de hospedaje en suelo residencial; se trata, en concreto, de abrir la puerta a que en suelo dotacional o destinado a actividad económica se pueda compatibilizar el uso residencial. Una acción que tendría como punta del iceberg la operación ideada por el Ayuntamiento, junto a la Junta de Andalucía, para el edificio de Náutica, que podría así convertirse en viviendas. Esta nueva modificación del PGOU permitiría que distintos equipamientos y solares en la ciudad actualmente en desuso tuvieran la oportunidad de ser reconvertidos en viviendas, como ya ha avanzado el alcalde que quieren hacer con los colegios Adolfo de Castro y Carmen Jiménez, o como podría contemplarse para solares como el del Chalé de San Luis (actualmente pensado como suelo dotacional) o replantearse incluso para la Avenida de Astilleros. Eso únicamente hablando de propiedades municipales, pudiendo hacer la medida de mucho mayor calado si a raíz de este cambio de PGOU el Ayuntamiento plantea acuerdos con otras administraciones que puedan desprenderse así de edificios administrativos o equipamientos que no utilice en la actualidad y que puedan reconvertirse en viviendas.

En esta misma línea de procurar el mayor número posible de viviendas, ya ha indicado también el Ayuntamiento en otras ocasiones la intención de permitir la conversión de locales y oficinas en residencial, lo que podría abarcar otra de las medidas que se quieren poner en marcha de manera inminente.

El objetivo, en cualquier caso, es facilitar al máximo que la capacidad residencial sea la más alta posible, lo que debe influir en que las posibilidades de acceso a una vivienda sean también mayores para los gaditanos. Todo ello, trasladan fuentes municipales, sin perder de vista la necesidad de seguir incrementando el número de operaciones de viviendas lideradas por el propio Ayuntamiento, al mismo tiempo que insistir en las otras administraciones con capacidad de promoción pública de viviendas (Junta y Estado) deben hacer un mayor esfuerzo para sacar adelante nuevas actuaciones.

En esta línea de construcción de nuevas viviendas por la parte municipal, el Ayuntamiento ha reactivado otra vía que aseguran empezará a dar frutos próximamente: la expropiación. Paralizada prácticamente por completo desde hace una década, el gobierno de Bruno García ya está trabajando en esa obtención de fincas y solares a través de esta figura judicial tan recurrida en tiempos de Teófila Martínez y de la que se beneficiará ahora Procasa con las actuaciones que están a punto de ponerse en marcha en Sagasta, Pericón de Cádiz o Calderón de la Barca.

Hasta 14 fincas dice el Ayuntamiento que están ya incluidas en el listado de próximas metas a conseguir. 14 oportunidades de promoción de viviendas que permitirán a Procasa seguir con su labor una vez que culmine los 106 pisos que de momento tiene por delante y para los que ya tendría la financiación garantizada y reservada. Entre otras cosas, porque no le quedan a la empresa municipal mucho más suelo para idear nuevas promociones, por lo que la expropiación se considera una vía fundamental para seguir actuando en esta línea de procurar viviendas protegidas a la ciudad.

Este es, por el momento, la hoja de ruta que están diseñando en San Juan de Dios para frenar la despoblación y para facilitar el acceso a la vivienda. Un problema que en los últimos meses se ha implantado con gravedad en el panorama nacional, y que en Cádiz siempre adquiere cotas más graves por las limitaciones propias del término municipal que obligan a medidas excepcionales como las que ya se empiezan a tramitar en el Ayuntamiento, que ahora sí parece decidido a intervenir en el escenario actual para buscar soluciones.