El impuesto de transmisiones patrimoniales de la Junta dispara aún más el precio de la vivienda en Cádiz en decenas de miles de euros

Comprar una vivienda, de nueva planta o de segunda mano, nunca ha sido barato en Cádiz. A la falta de oferta, por un suelo muy escaso donde poder construir, se le unió desde hace décadas una demanda muy superior a las existencias en el mercado. Los que quieren retornar a Cádiz tras emigrar en su momento, los que quieren independizarse de sus familias, los que buscan mejorar su calidad habitacional... Todo ello mantiene los precios del mercado a niveles, incluso, disparatados, con casas cuyos precios por metro cuadrado (sobre todo de nueva planta) bien podrían ubicarse en los barrios más pudientes de Madrid.

Si para un posible comprador puede llamar la atención los precios de muchas viviendas en Cádiz, pues en el mercado (de nueva construcción y de segunda mano) hay cerca de un centenar de pisos que superan los 600.000 euros de coste, la sorpresa va a más cuando al precio del mercado se le une el coste del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) que hay que pagar a la Junta de Andalucía en cada una de estas operaciones.

En la región, estas operaciones implican un tributo del 7% (en la compra de segunda mano). Para el cálculo de lo que hay que pagar se tienen en cuenta dos cifras. Una es el coste por el que se ha comprado la vivienda; otra es el valor de referencia que se impone a través de la Dirección General del Catastro. Y es aquí donde en muchos casos se dispara el precio a abonar, para malestar del comprador de turno, que siempre tendrá que optar, a la fuerza, por el dato más alto para calcular la cifra del impuesto.

Aunque el valor de catastro depende del Ministerio de Hacienda, el Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) está en manos de la Junta de Andalucía, pues es competencia de los gobiernos autonómicos. En nuestra región, el gobierno mantiene el impuesto al 7% y mantiene también una serie de bonificaciones centradas en varios colectivos hasta dejarlo en un 3,5%: menores de 35 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y familias numerosas, pero siempre con una limitación en el precio de compra.

Familias afectadas por el impuesto

Desde el sector inmobiliario se lamenta, y crítica, que "las constantes subidas de los valores de referencia (los que fijan este impuesto patrimonial), como el experimentado este mes de enero", han ocasionado problemas a muchos compradores que, incluso, se han visto obligados a dar marcha atrás en estas operaciones de compraventa.

Como ejemplo se ponen varios casos que afectan tanto a la compra de viviendas de alto nivel, y por lo tanto de precio más elevado, como a otras con un coste a priori más asequible teniendo en cuenta las cifras que se manejan en Cádiz. "Un caso reciente fue el de una familia numerosa que había señalado una vivienda en 250.000 euros en el pasado mes de diciembre. Pues en apenas unos días, tras el cambio de año, se han encontrado que ahora, que ya tienen lista la hipoteca para formalizar la compra en notaría, el valor de referencia se ha disparado". Así, si en diciembre era de 235.000 euros, la subida impuesta en enero ha disparado el valor a 265.000 euros. "De esta forma, han visto como se ha superado el límite para la reducción del impuesto en familias numerosas que está en los 250.000 euros, igual al precio al que compra y por lo que antes iba a tributar al 3.,5% y ahora se encuentran que tiene que tributar por el 7% ( pierde la bonificación por superar el límite ) de 265.000", se destaca desde la inmobiliaria que lleva esta operación.

En el otro extremo, una operación de compra de una vivienda de alto nivel, con un coste algo superior a los 550.000 euros, ha visto como su valor de referencia en el Catastro se disparaba hasta los 705.000 euros, incrementando de forma más que notable el pago del impuesto autonómico hasta cerca de los 50.000 euros.

Todas estas cifras impositivas, sean para economías boyantes o para otras que van con lo justo, acaban dinamitando muchas operaciones inmobiliarias en la ciudad, e incluso provocando que más de una familia opte por buscar casa en otras localidades que, aun pagando el mismo impuesto, tienen un coste menor en el mercado. Además, en compras fallidas de viviendas superiores al medio millón de euros se llega a tocar de lleno a la propia economía de la ciudad de Cádiz, pues supone perder a unidades familiares con un buen poder adquisitivo que son las que llevan reclamando, desde hace año, el comercio de la ciudad para poder salir adelante. En este sentido, el sector inmobiliario critica que no se tenga en cuenta el posible estado de estas viviendas, ni la antigüedad de los edificios y su estado, e incluso el absurdo de valorar viviendas a precios cercanos al millón de euros, en ciudades como la de Cádiz (con un nivel de vida muy inferior al de muchas capitales del país).

"El gobierno habla de medidas para frenar el aumento del precio de la vivienda, pero a la vez sigue incrementando el valor de referencia de las viviendas con afán recaudatorio, afectando a colectivos que tienen derecho a una bonificación en ITP. El método de cálculo de dichos valores no tiene en cuenta aspectos de las viviendas, como si el edificio tiene ascensor (uno de los déficits más habituales en buena parte del parque inmobiliario de la ciudad, el estado del inmueble, etc… Aspectos que el mercado sí que penaliza bastante, ya que sobre todo en viviendas de superficie superior a 150 metros cuadrados, dichas reformar tiene un elevadísimo coste, por lo que existe una gran diferencia en muchas ocasiones entre el precio de venta y el valor de referencia ( siendo este último bastante más alto)", se alerta desde el sector inmobiliario gaditano.