El juez imputa a la edil Marta Meléndez por varios delitos en el caso ISE

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, ha dictado un auto en el que imputa a la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz Marta Meléndez Luque por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, cooperación necesaria en un delito de malversación de caudales públicos y cohecho en su labor de administradora de Gestión de Servicios del ISE (infraestructuras y Servicios Educativas).

El llamado caso ISE que se instruye desde hace unos años investiga un perjuicio patrimonial a este ente público dependiente de la Junta de Andalucía de más de 2,4 millones de euros por obras en colegios que no se llegaron a ejecutar o que tuvieron sus presupuestos muy inflados.

Además de Marta Meléndez, en el auto aparecen imputadas otras siete personas más, entre ellos algunos directivos del ISE como el que entonces era máximo responsable, Fernando Ameyugo Catalán. En el auto se dice de esta persona que dictó una serie de resoluciones administrativas que tenían como finalidad "adjudicar sistemáticamente" los contratos de obras a Construcciones y Mantenimientos Pacheco para la reforma de centros educativos de la provincia, estando implicadas también las empresas Mantenimientos y Reformas Fernández Sánchez 2006 y Mantenimientos y Reformas Hermanos González Fernández "mediante la utilización injustificada del procedimiento negociado sin publicidad". Todas estas empresas comparten los cargos de apoderado, accionista y administrador único Pedro González Pérez y su esposa Encarnación Fernández Sánchez.

Una vez conseguida la adjudicación de manera irregular, las obras o no se realizaron correctamente, o bien se inflaba el precio, no se ejecutaban o se hacían de manera deficiente.

A pesar de todo ello, López Marchena afirma que los responsables del ISE imputados, "han validado el acabado de las obras no siendo en realidad veraces las actas de comprobación y recepción".

Además de la imputación a todas estas personas y a las que se citarán a declarar en esta calidad, el juez también ha solicitado que el equipo e Delitos Económicos de la Guardia Civil, en colaboración con funcionarios de la Agencia Tributaria, se recaben datos sobre patrimonio y bienes de los imputados y realicen un informe sobre el período comprendido entre los años 2006 y 2009 por si se ha producido un incremento de bienes adquisiciones "que no se correspondan con sus ingresos de actividades ordinarias o no estén lo debidamente justificadas".

En lo que compete a Marta Meléndez, que fue despedida del ISE hace dos meses por causas objetivas, el auto especifica que en su condición de administradora de gestión "es responsable del buen uso y gestión del presupuesto" destinado a la contratación de obras en centros educativos de la provincia para los años 2007 y 2008, "habiéndose realmente ejecutado el 22% de la obra y en suma, a los más de tres millones de euros no se les ha dado el destino previsto, existiendo una desviación de 2.436.024 euros".

Cabe recordar que en el informe que realizó la Guardia Civil a instancias del juez, se adjudicaron obras por valor de más de 3,1 millones de euros, mientras que el valor real de lo realizado ha sido de 688.308 euros.

El juez estima que las adjudicaciones presentan visos de legalidad "y en actos concretos de esa fase de procedimiento de adjudicación ha participado la señora Meléndez". En este sentido, afirma que rubricó con su firma las invitaciones de oferta para empresas capacitadas de varios expedientes "y envía varios correos electrónicos de invitación en los que adjunta el pliego de cláusulas administrativas siendo las empresas destinatarias las mismas especificadas con anterioridad", es decir, Mantenimientos Pacheco y las otras dos.

Eso sí, el juez asegura que los hechos presentan caracteres de delito y exigen "una investigación exhaustiva" con el objetivo de comprobar todos los extremos que puedan "sustentar en el futuro procesal indicios delictivos o, por el contrario, ausencia de los mismos".

El juez también ha pedido la toma de declaración como testigos de 123 personas, muchos de ellos de las direcciones de los colegios donde se hicieron las obras.