Las indemnizaciones por la ordenanza hotelera no pasarán, si son necesarias, de los 100.000 euros

El gobierno municipal está modificando algunos aspectos de la nueva ordenanza hotelera de la ciudad atendiendo a las recomendación planteadas por la Secretaría General. Dependerá de si se solventan estas dudas a tiempo para que el proyecto pueda entrar en el orden del día de la próxima sesión plenaria, por vía de urgencia, o bien dejarlo para una convocatoria extraordinaria que se haría de forma inmediata, según indicó a este diario el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila que destacó que "estamos recomponiendo el expediente y consensuándolo con la Secretaría", resaltando que Cádiz es el primer municipio de Andalucía que afronta un plan de esta importancia.

El informe de la Secretaría plantea una serie de matizaciones al documento técnico elaborado por el Área de Urbanismo, a la vez que alerta sobre la falta de datos relacionado con el coste que la suspensión de licencias podría ocasionar a las arcas municipales.

La intención del Ayuntamiento, que mantiene sin cambio alguno los objetivos esenciales de la nueva ordenanza, es iniciar una moratoria de un año no concediendo nuevas licencias para hoteles, albergues, pisos y apartamentos turísticos a ubicar en suelo residencial, manteniéndose la actividad en suelo hotelero.

Tras la petición de la Secretaría, el documento que se llevará al pleno incluirá una estimación del coste de las hipotéticas reclamaciones que se pudiesen pedir por parte de los promotores de estos proyectos afectados por la moratoria, pues hay casos que tienen avanzadas la tramitación que ahora se paraliza.

El Ayuntamiento, como es lógico, dispone de un lista de proyectos turísticos que avanzan a distintas velocidad. Atendiendo a los costes de los proyectos, y atendiendo a que el abono se limita, según la legislación autonómica, al coste de las tasas e impuestos y a los honorarios técnicos, la previsión es que el impacto económico de esta moratoria no pasará de los 100.000 euros. Hay aproximadamente cuarenta proyectos en marcha en distintas fases, sin incluir los hoteles ya en construcción o previstos que se levantan en suelo hotelero, y por lo tanto no afectados por esta ordenanza.

Con estos cambios, Vila resalta que "quien quiera recurrir esta normativa se topará con un documento legalmente potente".