“Los inmigrantes son los parias de este momento”

Cádiz/A veces, la actualidad es la historia mil veces contada y la novedad es que todo sigue más menos igual. A veces, lo lamentablemente noticioso es que hay retrocesos en logros que parecían ya conquistados.Incluso aquí, en este lado más privilegiado del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple mañana 70 años como documento que sigue aspirando a ser garante de derechos económicos y sociales básicos y libertades fundamentales para todos.

En siete décadas se han producido avances, pero también alarmantes involuciones en los últimos años. Sobre todo aquí, en la Frontera Sur de Europa, en la mayor falla de desigualdad de todo el mundo, ni siquiera comparable con la frontera de México y EEUU, según alertan desde la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

Ahí están esas más de 500 vidas perdidas en el Estrecho con las que podría cerrarse este 2018. Casi 6.800 desde que hace treinta años se tuviera constancia de la primera víctima mortal. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cifra en 23.000 las personas que murieron desde el año 2000 tratando de llegar a Europa.

¿Por qué continúa sucediendo esto? Basta recordar que la renta per cápita de España es seis veces mayor que la de Marruecos y 15 veces superior a la de Senegal. Yla de la Eurozona, 17 veces mayor que la del África Subsahariana. Y que el PIB de España, con 47 millones de habitantes, supera al de la suma de los de 53 países africanos, con 1.300 millones de habitantes. Además, ninguno de los países de ese continente es hoy una democracia plena. Y la violación de los derechos más elementales es el pan de cada día.

Pese al abismo económico y social que representa el Estrecho, en esta orilla, al mismo tiempo, persisten las altas tasas de paro, el empleo se torna cada vez más precario y continúan ejecutándose desahucios. Y siguen viéndose colas en los comedores sociales. Y los cajeros convertidos en dormitorios...

El 22,1 % de la población vive en España por debajo del umbral de la pobreza, un porcentaje que entre los menores de 16 años se eleva hasta el 28,8 % y hasta un 47,8 % entre los extranjeros no comunitarios. En Andalucía, las personas en riesgo superan el 43%. Por si fuera poco, el 12,5% de quienes trabajan están también por debajo del umbral de la pobreza.

Estos son algunos de los datos que nos proporciona Diego Boza, abogado y miembro de la Apdha. Todos retratan el grado de vulneración, aquí, en el sur de Europa, de muchos de los derechos sociales y económicos recogidos en la declaración. Y cómo su violación castiga siempre a los más débiles.

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge en 1948 como defensa de las minorías desfavorecidas, como garantía de un mínimo de dignidad para todos los seres humanos, y con ella entronca nuestra propia Constitución en el artículo 10”, recuerda Boza.

Pero ¿cuáles son hoy por hoy los derechos más vulnerados? “Los sociales y económicos, sin duda. Las altas tasas de paro, de precariedad, de pobreza y de marginación son terribles. Eso va a aparejado a la vulneración del derecho a la vivienda. Es lo más preocupante y lo que nos alerta de cómo están construyéndose ciertos discursos entre ciertos sectores que han perdido la esperanza de que se les garanticen unos mínimos que sí se alcanzaban hace treinta años”, afirma el abogado de la Apdha.

“Luego hay otros movimientos también bastante preocupantes, como la represión de las libertades fundamentales, que hacía tiempo que no se daba en este país; cómo el sistema penal está atacando especialmente a la disidencia, las leyes mordaza, la persecución de la disidencia ideológica e incluso de la opinión religiosa o política..."

"Estamos en una situación de retroceso en libertades, como la de expresión, con las que generalmente éramos muy tolerantes... Ahí está el ataque al derecho de protesta y, sobre todo, los ataques a los colectivos desfavorecidos, especialmente a los inmigrantes... Los inmigrantes son los parias de este momento y contra quienes se construye un discurso de odio y de limitación de derechos muy alarmante”.

En Europa se está negociando ahora una reforma de la Directiva Retorno, mucho más restrictiva, que va a permitir la privación de libertad hasta seis meses en los CIEs de los inmigrantes en situación irregular, alerta el abogado. “La socialdemocracia no ha sido capaz de marcar un discurso que explique la realidad de la inmigración, tampoco los conservadores ni los liberales. Todos han acabado yendo al barro de la ultraderecha a debatir. Y en ese barro, la ultraderecha gana”, argumenta Boza.

“Cuando Vox dice: Vamos a expulsar a todos los inmigrantes irregulares... Es que eso ya está en nuestro sistema... Y el problema es que es inaplicable: Por el esfuerzo que requeriría encontrarlos y detenerlos a todos y porque no hay acuerdos de repatriación con los países de origen. Ahora se expulsa entre un 30% y un 40% de los que se interceptan y a más del 50% de los que tienen abiertos expedientes de expulsión, pero es imposible expulsarlos a todos. Sólo cabe la regularización, porque la clandestinidad solo genera pobreza o criminalidad. A quien no se le permite trabajar sólo tiene tres opciones: mendigar, delinquir o ser víctima de delito”, concluye.

Por eso el abogado de la Apdha ve necesario y urgente transmitir que “la inmigración es un fenómeno positivo, con unas potencialidades tremendas, que las cifras de criminalidad han bajado, que la capacidad productiva del país ha subido y que necesitamos a cotizantes a la Seguridad Social y gente que eleve la natalidad”.

Por otro lado, Boza interpreta que los embates contra la libertad de expresión repuntan a partir de 2011 como reacción del sistema al 15-M y lo que conlleva tras de sí. “Ya la Ley Corcuera, en el 92, fue un antecedente, pero esto se intensifica con el nuevo Código Penal y la Ley Mordaza, que son de 2015, pero que estaban proyectados en 2012, cuando se empiezan a aplicar tipos penales previstos que prácticamente no se habían utilizado nunca”.

“Estamos perdiendo cultura democrática y de tolerancia de la opinión disidente, incluso en sectores progresistas. –afirma– Eso conlleva que se abran procesos judiciales que en muchos casos quedan en nada, pero que transmiten la idea de persecución”. Boza cita los casos de Cassandra y de Dani Mateo. “En esta ciudad, que vive de la sátira desde hace tanto, muchas cosas de los carnavales de los 80 y 90, ahora no pasarían el filtro”.

¿Somos menos libres ahora, entonces? “Somos más libres, pero tenemos más cortapisas para expresarnos libremente. Podemos convocar una manifestación como la del otro día en poco tiempo gracias a las redes sociales, pero cuidado con lo que se dice”, argumenta.

“En esta comunidad se ha aprobado una Ley de Igualdad que sanciona las opiniones y los actos que ensalcen o justifiquen la prostitución. Eso nos parece una barbaridad, un ataque absoluto a la libertad de expresión. De hecho, hay un conjunto de catedráticos que está pidiendo su inconstitucionalidad”, cuenta Boza.

“Hemos entrado en un discurso en el que determinadas formaciones políticas están empeñadas en que se prohíba todo aquello que les molesta. Y eso es entrar en una espiral muy peligrosa... Se habla de ilegalizar a determinados partidos políticos, pero no se trata de ilegalizar, sino de establecer unos límites que impidan que se pongan en marcha ciertas cosas que son inconstitucionales. Y generar cultura constitucional. Uno de los grandes problemas, ahora que se acaban de cumplir 40 años de la Constitución, es que no hemos generado una cultura constitucional ni de los Derechos Humanos... Hablamos del derecho al trabajo y a la vivienda dignos y la gente los considera incumplidos;por lo tanto, entiende que figuran en un texto irrelevante”.

¿Cuáles son las administraciones menos garantes de esos derechos? “El reparto de competencias es complejo, pero son las autonomías las que acaparan las referentes a los derechos sociales. La Junta de Andalucía ha garantizado hasta cierto punto sanidad y educación, pero no ha ido más allá. Y con los recortes derivados de la crisis se ha producido un retroceso en la garantía de derechos ¿Quién es el responsable de la pobreza de Andalucía? En parte el Gobierno estatal y, en parte, el autonómico. Los Ayuntamientos sólo tienen competencias en Servicios Sociales y muchas veces no alcanzan a atender a quienes lo necesitan”, concluye Boza.