La integración puerto-ciudad sigue sin llamar la atención del gaditano

Cádiz/El proceso participativo abierto por la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad quedó ayer descafeinado. La prueba, una pequeña sala del Aulario La Bomba a media entrada que no estuvo a la altura de una conferencia repleta de datos y argumentos que corrió a cargo de la doctora María Zambonino, catedrática de Derecho Administrativo de la UCA.

Ayer tuvo lugar la cuarta sesión informativa del proceso de participación ciudadana puesto en marcha para definir los usos de los terrenos portuarios que se integrarán algún día a la ciudad.

Por parte de la Autoridad Portuaria sí estuvo su presidente, José Luis Blanco, además de su director, Agustín Romero. Sin embargo, por parte del Ayuntamiento, la otra parte convocante de todo estos debates, nadie del equipo de Gobierno. Tan sólo el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, que sí mostró un gran interés tanto por el debate como por aportar ideas a este proceso participativo, crucial tanto para el desarrollo económico del puerto de Cádiz como para el urbanismo de la ciudad de los próximos años.

Pero lo crucial de estos diálogos pasó ayer casi desapercibido a la vista de las intervenciones ciudadanas en un debate que posteriormente contó con la participación de representantes vecinales, del ecologismo, del urbanismo y de los medios de comunicación.

Pero sin duda, la que sí estuvo a la altura de lo que debería ser este proceso fue la catedrática María Zambonino que, con una clara y enriquecedora intervención, dejó claro que la ley permite casi cualquier cosa en todo este proceso de integración puerto-ciudad. Todo con limitaciones, pero si, hasta hace 5 años, hablar de un hotel, un edificio de viviendas o una gran superficie comercial era casi un pecado, ahora ya todo es posible y prácticamente con la misma normativa.

La legislación, la Ley de Costas y la Ley de Puertos, así lo permiten siempre que exista necesidad, siempre que el puerto no deje de prestar los servicios para los que nació y siempre que el "atosigamiento" que pueda provocar su obligación de responder a una cuenta económica de resultados no le lleve a quemar todas sus naves. De ahí la necesidad, según defendió Zambonino de que el puerto siempre se guarde para sus futuras y posibles necesidades unos suelos de reserva y que siempre evite, en la medida de sus posibilidades, caer en la desafección, con lo que terminaría por renunciar para siempre a unos suelos que le podría resultar algún día fundamentales.

Tras su intervención, titulada Usos complementarios en los puertos de interés general: marco normativo, concluyó dejando claro que esta integración del puerto en la ciudad o de la ciudad en el puerto no será posible sin "gobernanza". Este término, según la RAE, es el conjunto de acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos. "La coordinación entre las distintas administraciones es fundamental en todo este proceso participativo", según la catedrática de la UCA.

Tras su intervención se abrió un turno de debate en el que participaron Francisco Gómez, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril, y Daniel López Marijuán, como representante de Ecologistas en Acción y Ganar Cádiz en Común. También participaron Juan Manuel Fernández Serdán, como urbanista, y la periodista especializada en Marítimas Mercedes Morales, como representante de la Asociación de la Prensa de Cádiz.

Entre ellos, el representante vecinal defendió la importancia de que las administraciones y los colectivos vecinales "sumen esfuerzos" en todo este proceso.

López Marijuán cumplió con su papel de ecologista y rechazó todo lo que, por lógica aplastante, rechazan los ecologistas en lo referido a las actividades portuarias. No a los graneles sólidos, no a los graneles líquidos, no al bunkerin, no al crecimiento desmedido de la pesca o los cruceros. Sí se mostró de acuerdo el representante de Ecologistas en Acción en que la nueva terminal de contenedores que ha costado más de 120 millones de euros se dedique no a los contenedores sino al "desguace ecológico" de buques, López Marijuán defiende que la nueva terminal de contenedores será un "suelo improductivo" si no se le busca otra utilidad.

El representante urbanista, Juan Manuel Fernández Serdán, opinó que era crucial una "consulta ciudadana para conocer al detalle la opinión de la ciudadanía". Asimismo, Serdán criticó de manera directa que el suelo portuario acoja actividades o superficies comerciales que puedan hacerle competencia al comercio del casco histórico.