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IU Cádiz se desmarca del acuerdo sobre las viviendas de Navalips

La formación de izquierdas critica la operación urbanística que encontró el quorum en el pleno de la ciudad con apoyo de Adelante Izquierda Gaditana incluido

Izquierda Unida advierte sobre los precios de mercado inasumibles que podrían alcanzar las viviendas y la insuficiencia de los años de protección, por lo que piden que sean todas públicas y de alquiler

Tregua política en Cádiz de la mano de Navalips

Solar de Zona Franca que antes ocupaba Navalips, donde se edificarán las 800 viviendas en Cádiz. / D. C.

Cádiz/A pesar del aparente acuerdo entre las diferentes formaciones políticas alcanzado en Pleno con respecto a la operación urbanística proyectada en los terrenos de Navalips, IU Cádiz, cuyas siglas están integradas en Adelante Izquierda Gaditana, ha querido desmarcarse públicamente de esta alianza. Una posición que llama la atención teniendo en cuenta que el convenio entre instituciones necesario para llevar a cabo el plan arrancó en tiempos de José María González Kichi en la Alcaldía y con un concejal de IU como edil de Urbanismo.

Con todo, la actual portavoz de la agrupación local, Marga Forné, opina que el Plan de Reforma Interior impulsado por Zona Franca y Ayuntamiento de Cádiz, anunciado como una apuesta por la vivienda en la ciudad, ya que prevé la construcción de 800 viviendas, la mitad libres y la mitad protegidas, puede suponer "tan sólo un negocio muy lucrativo para la Zona Franca y otra oportunidad perdida para los vecinos de la ciudad si no se garantiza el acceso a las familias y jóvenes que no pueden acceder a la vivienda en el mercado privado".

De esta forma, la representante muestra su "preocupación" por el hecho de que esta actuación "sólo contemple un 50% de viviendas protegidas, que si ya de por sí es un porcentaje superior al mínimo, no debe olvidarse que el suelo es público y por tanto debería primar más el interés social que el hacer caja" incide Forné que pide que estas viviendas sean "públicas, en régimen de alquiler y accesibles a las familias y jóvenes, en coherencia con el Plan Estatal de Vivienda que el propio Gobierno está impulsando y con la forma de actuar del SEPES en otras localidades".

Forné argumenta que las promociones cuyo destino son viviendas libres "están actualmente a precios desorbitados" y, bien, son compradas "con fines especulativos o como segundas residencias de personas de fuera" dejando "sin solución" el problema de vivienda de los vecinos de Cádiz.

Además, suma que, "como está pasando con otras promociones privadas de vivienda protegida", se corre el riesgo de que se conmercialicen "en régimen de vivienda de precio limitado lo que significa que esas 400 viviendas protegidas puedan ser vendidas a un precio desorbitado". "La última modificación de los precios de los módulos de vivienda protegida llevada a cabo por Moreno Bonilla permite elevar el precio del metro cuadrado a los 2.500 euros. En pocas palabras, supone que el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados puede superar los 200.000 euros, y si, como está sucediendo en otras promociones, repercuten garajes, trasteros y zonas comunes, el precio puede dispararse hasta los 250.000 euros", apostilla la portavoz de IU Cádiz.

Una circunstancia a la que se añade que estas "400 viviendas protegidas a precio de renta libre" solamente poseen un plazo de protección de 7 años, "por lo que transcurrido ese plazo, podrían volver al mercado libre sin ninguna restricción o a cualquier otro uso", advierte.

Por todas estas razones, la portavoz de la formación de izquierdas apunta que desde IU se están estudiando diversas iniciativas para contrarrestar estas realidades, entre ellas, "formular alegaciones al propio Plan de Reforma Interior, para que las viviendas de protección oficial no salgan a la venta, sino al alquiler y permanezcan siempre en el parque público de viviendas de la ciudad, tal como marca la Ley de Vivienda como prioridad".

Además, como señala Marga Forné, "Cádiz se merece el mismo trato que otras ciudades". Y es que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) "está comprando suelo al Ministerio de Defensa para ofrecérselo a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la promoción de viviendas públicas", revela. "Cádiz debe tener la misma consideración y no destinarse al pelotazo", protesta.

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