IU contesta al alcalde de Cádiz: "Las viviendas que hicimos son todas de régimen de alquiler"

Cádiz/Ante las acusaciones de "incoherencia" vertidas por el alcalde de Cádiz sobre, en su opinión, el doble rasero que Izquierda Unida utiliza en el modelo vivienda para la ciudad según estén o no en el poder, la formación local ha querido hacer varias precisiones, además de mostrar su sorpresa ante el despiste o el desconocimiento del alcalde "entre lo que es una promoción de vivienda protegida en suelo privado y otra en suelo público".

Y es que, para criticar el rechazo de IU al proyecto Navalips por no dedicar sus 400 viviendas protegidas al alquiler social, el primer edil recordó el apoyo de la formación a la promoción de San José cuyos 104 hogares se lanzaron como alquiler con opción a compra en 7 años, pudiendo acceder a ellos todas las personas que estuvieran en un rango de 5 veces por encima del Iprem.

"Si Bruno García necesita ayuda para diferenciar entre una promoción de vivienda protegida en suelo privado y una promoción en suelo público; se la podemos brindar. En San José, más conocida como Los Chinchorros, es una promotora privada la propietaria original del suelo calificado para vivienda protegida y la que decide el uso, sin que los poderes públicos tengamos ahí ninguna capacidad de hacerlos cambiar de opinión. Por lo general las promotoras privadas descartan totalmente destinarlas al alquiler y buscan la modalidad de VPO que les aporte mayores beneficios como es la de venta de régimen limitado. En ese caso, aunque las personas adjudicatarias de esas viviendas salen del Registro, deben pagar precios similares a los del mercado libre, por lo que la mayoría de jóvenes no puede finalmente optar a ellas", han explicado desde Izquierda Unida Cádiz.

Así, la formación diferencia entre las circunstancias que rodearon aquella operación urbanística y las 202 viviendas que están de camino en Puntales y las 400 que se harán en Zona Franca al amparo del proyecto Navalips. "Ambas son viviendas en las que los propietarios originales son administración y empresa pública, de ahí que podemos y debemos exigir que no vendan los suelos, sino que se los queden para hacer vivienda en alquiler social o asequible. Las de Puntales fueron ya vendidas y serán destinadas a la venta, de ahí que la Junta haya obtenido más 6 millones por la operación sin aportar soluciones reales a los problemas de vivienda de la ciudad, pero estamos aún a tiempo de pedirle al Estado que las 400 protegidas de Navalips no se vendan a una promotora porque en ese caso las harán en venta. Exigimos, por tanto que se las quede el Estado o las ceda a la Junta de Andalucía o al Ayuntamiento para la promoción de vivienda en alquiler", han distinguido.

Además, desde IU recuerdan al Partido Popular del actual alcalde que las viviendas que se hicieron con la formación de izquierdas en el Gobierno y las que están en obras actualmente "son todas en régimen de alquiler" y, de hecho, e"n prácticamente todas las edificaciones" tuvieron que cambiar "la calificación en venta que tenían con el anterior gobierno de Teófila Martínez" para convertirlas al alquiler social.

"Por ejemplo, las promociones de Santa María, Botica, Cruz o Marañón fueron todas para alquiler social; el edificio terminado de Setenil que se dedicará a las personas sin hogar y las promociones en obras de Santiago, García de Sola y de Los Chinchorros, en el único edificio que sí es propiedad de Procasa, van a aportar cerca de 100 viviendas de alquiler social o asequible a la ciudad", han enumerado.

En Cádiz, las administraciones venden suelo; en San Fernando, el Gobierno compra suelo

De esta forma, desde IU Cádiz reiteran su petición "a todas las administraciones" de "no vender los suelos de su propiedad a empresas privadas, sino que promocionen en ellos vivienda de alquiler social y asequible para que la población pueda acceder a ellas". 

En este sentido, y con respecto al proyecto Navalips, ahora es la agrupación local la que le pide al actual alcalde de Cádiz que "no mire hacia otro lado ante lo que es un agravio para la ciudad y reclame como hacemos desde IU". "Mientras que aquí se vende suelo público sin que redunde en la ciudad, a 10 kilómetros, en San Fernando, el mismo Gobierno compra suelo y se compromete a construir vivienda pública. Si Bruno decide callar ante tal atropello es su problema, nuestra formación antepone los intereses de la gente y lo denunciaremos para que el Gobierno no discrimine a la ciudad de Cádiz", han apostado