IU pide el cese de la concejala de Vivienda de Cádiz

Izquierda Unida ha pedido al alcalde de Cádiz, Bruno García, que cese a su concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, por un posible conflicto de intereses que afectaría a la operación recientemente anunciada por el Ayuntamiento en el solar de las Casitas Bajas.

Conviene recordar que en ese suelo de titularidad privada pendiente de edificar se concentra un importante aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento, que ha dado pie en los últimos años a diversas propuestas que ha venido rechazando el Consistorio. La última de ellas, como recuerda IU, en el año 2022, cuando la Junta de Gobierno Local (reunida el 12 de agosto) decidió "no aprobar la iniciativa para establecimiento del sistema de actuación por compensación" de esa unidad de ejecución.

Más tarde, ya con el nuevo gobierno local, en noviembre de 2024 se rechazaba la propuesta de reparcelación que para esa Unidad de Ejecución del PGOU que afecta a Casitas Bajas había presentado la promotora propietaria del suelo (Planvalore Gestión Urbanística). Y a principios de este año, anunciaba el Ayuntamiento su intención de vender ese aprovechamiento público a su favor como mecanismo para obtener unos ingresos que permitirán, a su vez, iniciar el proceso de transformación urbanística de la barriada Manuel de Falla.

Entiende en este punto IU que el Ayuntamiento ha logrado cerrar un acuerdo con los propietarios del terreno. Y es aquí donde denuncian que esa empresa titular de la parcela "que va a conseguir salirse con la suya tiene conexiones directas con la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán".

La conexión entre concejala y empresa promotora estaría en el marido de Sanjuán, que forma parte "de un entramado de empresas del sector inmobiliario y de la construcción" vinculado a esta parcela.

La investigación de IU

¿Cómo sería esa vinculación? El proceso que ha llevado a cabo para enlazar Planvalore Gestión Urbanística con la concejala Ana Sanjuán parte del registro mercantil, donde figura esa sociedad (que tendría sede en el número 10 de la calle Santa Teresa de Jesús en Cádiz) con un socio único que sería la sociedad anónima Mercado Español de Avales, Fianzas y Otras Garantías Personales, cuyo socio único figura en el Registro Mercantil de Cádiz como administrador o apoderado de una serie de empresas que también tienen su domicilio en Santa Teresa de Jesús.

Una de esas empresas en la que figura de apoderado es Simancon Promociones Inmobiliarias S.L., cuyo administrador único sería el marido de Ana Sanjuán. Y el socio único de esa sociedad sería, a su vez, Grupo Empresarial Bahía, que en origen tenía como administrador único al mismo que el de Planvalore Gestión Urbanística y que desde 2017 pasó a manos también del marido de la concejala.

Ese sería, pues, el enlace entre la empresa que está detrás del suelo de las Casitas Bajas y la concejala de Vivienda. Una serie de empresas coincidentes en dos cuestiones: los administradores únicos y la sede social que figura en el Registro Mercantil (el número 10 de la calle Santa Teresa de Jesús).

Además, suma IU que la propia Sanjuán tiene el 42,5% de las participaciones de otra sociedad, CAV Servicio Integral de Proyectos y Obras S.L., "que tiene como objeto social la promoción, construcción, compra, venta, arrendamiento o explotación de parcelaciones, urbanizaciones, viviendas, apartamentos y chalets".

Atendiendo a esto, pone el foco la denuncia elevada por la formación de izquierdas en la "evidente influencia que puede ejercer en la toma de decisiones Ana Sanjuán, que forma parte de la Junta de Gobierno Local, órgano que aprueba o rechaza los instrumentos urbanísticos que presenta la promotora". "Además, el Ayuntamiento ha decidido que no va a materializar su aprovechamiento construyendo vivienda pública, sino que va a venderlo, lo cual beneficia directamente a la promotora", añaden desde el partido respecto a las sospechas despertadas que han derivado en la denuncia a la Oficina Antifraude.

"Reclamamos a Bruno García que dé explicaciones sobre este asunto, porque ha tenido y tiene al frente de las políticas de vivienda al delfín de una promotora privada", denuncia IU, que exige al alcalde "el cese de forma inmediata" de la concejala, "o Bruno García será cómplice de este asunto". "Si el PP quiso que Ana Sanjuán estuviese en la política municipal teniendo a su vez intereses inmobiliarios privados, ¿por qué no la destinaron a otras funciones, a otra delegación? ¿Por qué la ponen justamente al frente de Vivienda?", se preguntan en esta formación política, que insiste al alcalde "que aclare y ponga fin a esta situación cuánto menos anómala y poco ética".

Viviendas públicas en Casitas Bajas

Además de reclamar estas actuaciones al alcalde de Cádiz y esperar la respuesta que otorgue ahora la Oficina Antifraude, donde ya ha sido remitida la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, IU pide "que se detenga la operación de venta de Casitas Bajas, que se lleve a cabo el proyecto de reparcelación por el cual el Ayuntamiento obtenga hasta el último metro que le corresponda de suelo y que haga allí viviendas públicas de alquiler".