IU pide a la Iglesia que abra dos conventos cerrados en Cádiz a menores migrantes y personas sin hogar

Abrir las puertas de los conventos cerrados a quienes más lo necesitan. Eso es lo que pide IU Cádiz a la Iglesia. Para la formación de izquierdas, estas dependencias y otras más que mantienen vacías el Obispado y distintas órdenes religiosas, deberían de ponerse provisional y gratuitamente a disposición de las administraciones públicas para cubrir de forma digna y agilice el acogimiento de menores extranjeros o de personas sin hogar.

Para la formación de izquierdas, resulta inaudito que pese a las necesidades sociales en materia de alojamiento que existen en la ciudad, se mantengan cerradas a “cal y canto” por parte de la Iglesia y sus distintas órdenes dependencias habitacionales que podrían paliar temporalmente necesidades como las que existen con el colectivo de personas sin hogar, o la que está surgiendo con el acogimiento de menores extranjeros.

"Dejen de actuar como una inmobiliaria"

Este es el caso, indican desde la formación de las dependencias habitacionales del antiguo Convento del Carmen y del antiguo Convento de San Francisco, que a día de hoy mantienen dependencias cerradas y sin uso, "después incluso de intentos de conversión a pisos turísticos en el caso del Carmen". Por eso mismo, inciden desde la formación que "en lugar de seguir intentando especular con el suelo, deben de dejar de actuar como una inmobiliaria y ser sensibles a las necesidades que hay en la ciudad".

"Especular con un bien de primera necesidad"

Resaltan desde IU Cádiz ciudad que, precisamente el Obispado de Cádiz y las distintas órdenes y fundaciones de la Iglesia Católica es uno de los mayores tenedores de vivienda de la ciudad, por lo que "ya es hora de que dejen de especular con un bien de primera necesidad” y le den a las dependencias habitacionales la finalidad social que la sociedad está requiriendo.

No obstante, señalan desde la formación que este tipo de soluciones deben de ser provisionales en tanto y en cuanto que las administraciones públicas son las que se deben de dotar de centros e instalaciones que garanticen los derechos que las personas más vulnerables requieren.