La juez da carpetazo al Caso Matadero

Carpetazo al Caso Matadero. La juez que llevaba la instrucción de esta denuncia contra varias concejales, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, del anterior gobierno municipal de Teófila Martínez, acusadas de prevaricación en el proceso de adjudicación de viviendas públicas en esta promoción, ha dictado un auto de sobreseimiento de este caso. Hay cinco días por delante para quienes actuaron contra el gobierno local, PSOE, IU y Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz, presenten recursos contra esta decisión judicial. Decisión que ha contado también con el respaldo de la Fiscalía, que en su momento llegó a ver “indicios claros de prevaricación” en esta operación.

La decisión de la juez del Juzgado de Instrucción número 1, la magistrada María del Carmen Fornell, es rotunda en sus fundamentos, desmontando toda la estrategia que han mantenido los acusadores a lo largo de los últimos años. El auto, al que ha tenido acceso Diario de Cádiz, pone también en evidencia a determinados funcionarios municipales sobre cuyas denuncias contra las ediles del PP se han basado buena de las actuaciones de las acusaciones. La Asociación de Derechos Humanos también llevó este caso ante el Defensor del Pueblo mientras que el actual gobierno municipal, del que forma parte IU, se personó en la causa el pasado 4 de mayo.

La juez concluye en su auto que “no existen indicios alguno del que pueda derivarse la comisión de ilícito penal alguno en el proceso de adjudicación de las viviendas de la promoción Matadero”. Tras un largo proceso en el que han declarado multitud de trabajadores del Ayuntamiento de Cádiz, constata la juez que “el proceso se siguió en base a criterio técnicos en cuyo establecimiento intervino (la concejalía de) Servicios Sociales, no consta que se produjera presión alguna sobre las distintas UTS (trabajadoras sociales) para obtener un determinado resultado ni que éstas fueran forzadas para modificar la propuesta que finalmente es elevada”.

Por si fuera poco, el auto deja claro que “tampoco consta una injerencia ilegítima en el funcionamiento de Asuntos Sociales, que tampoco hay constancia de la existencia de un interés personal en el resultado de la adjudicación: la misma finalmente fue concluida respetando las valoraciones e informes remitidos por los trabajadores de las distintas UTS”. Concluye destacando que todas aquellas personas que recibieron un piso de protección oficial en la promoción de Matadero “tenían derecho al acceso a la vivienda por el concepto en el que les fue atribuida”.

En su análisis de este caso, que tocó de llenó los últimos años de la gestión municipal del gobierno de Teófila Martínez, la juez se ha basado en numerosas diligencias practicadas durante la instrucción que ha dado pie, como ella misma dice, “a una prolija y exhaustiva documentación e informes”, elaborados por la Unidad de Policía Judicial de la Policía Nacional, así como de la toma de declaraciones de quienes podían aportar claridad al tema y que en más de una ocasión llegaron a repetir presencia en la sede judicial.