El juez investiga al secretario del Ayuntamiento de Cádiz y a los jefes de Personal y de Contratación

Cádiz/El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, encargado de dirigir la investigación sobre un supuesto 'asesor fantasma' que habría influido en la toma de decisiones en el Ayuntamiento de Cádiz durante el gobierno de Jose María González Kichi sin tener contrato, ha llamado a declarar en calidad de investigados a tres altos cargos del Consistorio gaditano. Son el secretario general, Marcos Mariscal, el director del Área de Personal, José Antonio Rosado, y el responsable de Contratación y Patrimonio, Javier Martín.

Los tres investigados han sido citados por el magistrado Miguel Ángel Marchena para que comparezcan en sede judicial el 14 de enero de 2025 a partir de las 10 de la mañana.

El juez que dirige la instrucción de la causa ha atendido así la petición de la Fiscalía de Cádiz, que el pasado 1 de octubre remitió un escrito al juzgado para solicitar que los referidos altos cargos del Ayuntamiento gaditano prestasen declaración como investigados.

Esta causa penal gira en torno a la figura del 'asesor fantasma' Fernando García Acuña, que trajo de Madrid el entonces ejecutivo local de José María González Kichi (del extinto Por Cádiz Sí Se Puede) y que habría influido, al menos durante cinco meses, en el trabajo de los propios técnicos e impuesto su criterio sin tener relación contractual con el Consistorio. No obstante, desde mediados de 2019 pasó a formar parte de la plantilla municipal, aunque hace unos meses renunció a su plaza.

Estos hechos llegaron a la Fiscalía Provincial de Cádiz por una denuncia del sindicato Comisiones Obreras, que fue quien dio paso al procedimiento penal en el que acabarían siendo citados, también como investigados, el anterior alcalde y parte de su gobierno y equipo de asesores. En concreto, el entonces concejal de Personal, David Navarro; la que fue concejala de Fomento, Laura Jiménez; el asesor que luego acabó siendo concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez; y el que fue jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia. 

Después de las declaraciones de varios testigos e imputados, el juez quiere esclarecer si los altos cargos ahora investigados estuvieron presentes en determinadas reuniones en las que, supuestamente, se obligó a atender las indicaciones de este asesor externo al Ayuntamiento.

Tal y como publicó este medio, hay dos contratos o expedientes en cuya tramitación se aprecia una clara influencia de García Acuña. De un lado, la explotación del yacimiento Gadir; y, de otro, la renovación del contrato del servicio de información turística. En ambos casos, la investigación de la Policía Nacional arroja pruebas documentales y testimonios de funcionarios que confirman las injerencias de García Acuña a la hora de corregir el pliego de condiciones y tomar decisiones relativas a las cláusulas que había que incorporar e incluso a cuestiones económicas relacionadas con los concursos que habían de publicarse.

La declaración de Kichi

José María González Kichi declaró el pasado 24 junio en sede judicial. Entonces dijo:“Nosotros somos los primeros interesados en que se aclare el tema, no tenemos nada que esconder y estamos absolutamente tranquilos”, afirmó el exprimer edil para defender tanto su gestión como la función de Fernando Acuña, el protagonista de esta causa. “No dio ninguna orden y, si la hubiese dado, no me cabe ninguna duda de que los funcionarios se hubieran quejado”, recalcó.

González subrayó que en el Consistorio “no hay ninguna queja oral ni por escrito de ningún funcionario por injerencia de personal externo”. “Un funcionario sabe quién puede darle órdenes y quién no, sabe perfectamente donde está en la escala de jerarquía funcionarial y ya os digo que no existe ninguna queja de que hubiese algún tipo de irregularidad o de que Fernando Acuña estuviese dando órdenes a funcionarios de la casa”, argumentó el exalcalde de Cádiz.

Kichi también explicó que en el interior del Juzgado de Instrucción número 2 fueron “el juez, la fiscal y la defensa” quienes le formularon las preguntas sobre su implicación por el asesoramiento al equipo de gobierno del asesor externo en materia de la elaboración de pliegos en base a la nueva Ley de Contratos que entraba en vigor en 2018. “No puedo decir lo mismo de la acusación, pues de las dos partes, el PP no ha realizado ninguna pregunta, al menos en mi declaración, y la otra parte (el sindicato Comisiones Obreras) ha hecho una pregunta, básicamente, simbólica”, precisó González que, irónicamente, se mostró sorprendido de que el Partido Popular estuviese personado en esta causa judicial, “como en las 17 anteriores que fueron archivadas”. 

Por último, el exregidor relató que Fernando Acuña empezó a trabajar para su formación política siendo él alcalde de Cádiz. “Con el dinero de la asignación de los partidos, contratamos a un experto en contratación pública, asesor de Podemos, que había participado en Madrid en las ponencias redactoras de la nueva Ley de Contratos del 2018. Este chaval es un gaditano en el exilio, experto en contratación pública, y queríamos que asesorase a los concejales y a algunos funcionarios en la elaboración de los contratos públicos que emanaban de la nueva ley de contrato”, advirtió González, que en ese momento consideró que “políticamente la nueva ley nos ofrecía alternativas muy interesantes, como introducir cláusulas de subrogación en los contratos públicos o cláusulas sociales y ambientales en los nuevos contratos que salían”.