La Junta ralentiza la orden de derribo de la Aduana de Cádiz, lo que afecta al Plan Plaza de Sevilla
En 2009 protegió el edificio por su “valor arquitectónico”
En 2014 asumió su demolición
La Aduana de Cádiz: un centenar de funcionarios sin rostro
Han pasado diez años desde que en 2014 la Junta de Andalucía asumió que había metido la pata al proteger, como un referente histórico de nuestra urbanismo, el edifico de la Aduana Nueva de Cádiz.
En 2009, en pleno enfrentamiento político con el Ayuntamiento de Teófila Martínez (PP), el gobierno regional (entonces en manos del PSOE), asumió la petición de un colectivo ciudadano contrario al derribo de este edificio, trastocando con ello parte del Plan Plaza de Sevilla, que los propios socialista habían apoyado años antes.
Cinco años más tarde se reconoció el error, constatando que era necesario dar marcha atrás y permitir así la demolición de un edificio con nulo valor histórico en la ciudad, y que ocultaba la fachada principal de la estación ferroviaria de 1905.
Sin embargo, aunque ha pasado ya una década para poder modificar este acuerdo administrativo, la Junta no ha cerrado aún el proceso. Incluso en 2021, el entonces gobierno municipal de José María González aprobó en pleno una propuesta de apoyo a esta operación, cuando ya estaba en el gobierno regional el PP. Los populares, en todo caso, acumulan la mitad del tiempo que ha pasado ya desde 2014 sin proceder a la descatalogación de la finca.
Fuentes consultadas por este periódico indican que es ahora cuando, pasado todo este tiempo, la administración autonómica ha pedido al Ayuntamiento más documentos que avalen la petición de descatalogación del inmueble.
El derribo de la Aduana, levantada en 1959 con el diseño habitual de los edificios franquistas, se considera importante dentro de la reordenación urbana prevista en el Plan Plaza de Sevilla.
Además de recuperar la fachada histórica de la estación, también permitiría recuperar parte de los antiguos jardines que se abrieron en la zona hasta que se eliminaron para construir el edificio administrativo.
El adiós a este inmueble, incierto en todo caso teniendo en cuenta lo complicado que lo está poniendo la Junta de Andalucía, va también unido, según el Plan Plaza de Sevilla, al cambio de ubicación de la Casa del Mar. Para ambos equipamientos ya se reservaban parcelas en suelo portuario, a pie de la avenida de Astilleros. Hace ya años se tiró, sin mayores problemas, la Capitanía Marítima.
Lo cierto es que el debate de protección o no de la Aduana, dejando a un lado el componente político de la época, fue especialmente agrio en la ciudad, con enfrentamiento entre arquitectos e historiados del arte de uno y otro lado, ante la mirada atónita de la mayor parte de la población, ajena a esta operación.
Coste extra para el Ayuntamiento
Lo cierto es que la operación de derribo de la Aduana, si se ejecuta, le supondrá al Ayuntamiento de Cádiz un coste añadido.
Más allá de la inversión que supondría la urbanización de este suelo, con lo que ganaría la ciudad, también tendría que afrontar el coste del derribo del edificio. Y, sobre todo, la búsqueda de un espacio alternativo.
Junto a la parcela que en su día el Plan Plaza de Sevilla pintó en la avenida de Astilleros, se ha llegado a mencionar también la reubicación en la antigua sede del Banco de España (hoy ocupada por la Subdelegación del Gobierno, a la espera de contar con su propio edificios). En este caso, habría que afrontar el nada barato coste del alquiler anual del edificio a la autoridad bancaria del país.
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